Es claro que no estaban preparados para gobernar. Lo demuestran todos los días. En la oposición eran imbatibles, destruyendo la institucionalidad, el orden público, la posibilidad de darle solución política a los problemas y de hacer crecer la economía. Ahora tienen que administrar y no lo saben hacer, aun cuando no han enfrentado la oposición rabiosa que ellos mismos protagonizaron a “los 30 años”.
Les explota en la cara el conflicto con las isapres y transcurrió la semana sin que fueran capaces de plantear un camino de salida, dejando en suspenso a los 3,3 millones de afiliados, de los cuales la mitad, si caen las aseguradoras, no encontrará un seguro privado por edad, enfermedades de base o, sencillamente, por ingresos. No hay plan B para el plan A, que es destruir el sistema. Este propósito de eliminar las isapres pareciera estarlo adelantando la Corte Suprema, luego de su fallo en que se hizo cargo del mismo reparo de las nuevas autoridades al método para reajustar los planes, a pesar de que fue autorizado por una ley el año pasado para evitar continuar con la judicialización de las alzas.
La cara de sorpresa de la ministra Izkia Siches fue patente cuando se informó de la detención del líder de la CAM, Héctor Llaitul, el miércoles. No podía ser del agrado de un gobierno dividido, que se da cuenta que ya no puede hablar de “territorio liberado”, como lo hizo el Presidente Boric cuando visitó como diputado Temucuicui, o de “presos políticos” o del “Wallmapu”, como lo han hecho varios de sus ministros para referirse a condenados por la justicia y a las regiones con presencia mapuche. En su corazón siguen siendo “amiguis” de los terroristas a los cuales no califican de tales. Esto llevó a la ministra del Interior a dar el paso en falso de realizar una visita de cortesía a Temucuicui, donde la repelieron a balazos.
Pero, aunque se pongan la máscara del poder, a cada rato caen las caretas y vuelven a emerger los que antes ampararon o propiciaron la violencia. Es lo que se vio en el incidente provocado por la llamada telefónica de la asesora de la ministra Jeanette Vega a Llaitul el 11 de mayo. Lo telefoneó el mismo día que el comunero convocara a “organizar la resistencia armada”. A las 4 horas estaba fuera del cargo, sorprendiendo al PPD, que defendió a su militante alegando que ella obedecía instrucciones y estaba a cargo de coordinar los ministerios con la llamada Macrozona Sur. No sabemos si la rápida decisión fue una forma de impedir que el fuego avanzara más arriba, porque en verdad esa llamada no resulta en absoluto contradictoria con los dichos y la política de diálogo que promovía entonces el Presidente. Días después de ese contacto con Llaitul (también ignoramos si hubo una conversación posterior), Boric señaló: “el gobierno persigue delitos, y los va a perseguir con todo el peso de la ley, pero nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones”. Fue lo mismo que repitieron después sus ministros a coro. Las “ideas”, aunque maten, roben, trafiquen y quemen todo a su paso, no se persiguen. ¡Sin máscaras!
Pero después de observar que la impunidad de Llaitul lo hacía cada vez más peligroso, reivindicando incluso los atentados, volvieron los antifaces. A medias, porque tímidamente, el Ejecutivo se colgó de una querella de la administración anterior. Y con un ojo cubierto, el ministerio del Interior puso a un abogado, Sapiain Martínez, a hablar a nombre del gobierno, que en la formalización declaró que el imputado era un “líder” y empatizó “con su causa referida a la reivindicación territorial”. Si casi se disculpó por la “difícil postura” de tener que unirse a la Fiscalía en la petición de prisión preventiva del imputado. Aunque la vocera Vallejo lo ha desmentido, el mismo abogado estaría actuando en representación de las víctimas (Llaitul, una de ellas) en el caso Huracán. Es decir, querellante por un lado y co-defensor por el otro.
Tampoco sorprende que la delincuencia y los conflictos derivados de la inmigración descontrolada se les escapen de las manos a estos “adolescentes” con poder. Para eludir enfrentarlos, seleccionan los datos al modo “cherry picking” (Boric) porque en el fondo consideran que se trata de problemas derivados de la desigualdad. Y cuando hablan sin disfraces, evalúan como “win-win” que los agricultores puedan vender sus predios usurpados (ministro Jackson). Imposible esperar que puedan reactivar la economía, cuando espontáneamente el ministro de Economía asegura que la inflación beneficia a las pymes.
Y vuelven a aflorar los que hicieron todo el camino al poder sin respeto por la institucionalidad, cuando de cara al plebiscito de salida del texto constitucional protagonizan un “intervencionismo sin precedentes”, como sentenció el ex ministro Belisario Velasco, uno de los 13 DC que condenó el golpe de Estado en 1973.
En este baile, los disfraces los usan ocasionalmente y por salvar una situación. Pero ninguna máscara logra ocultar su verdadera naturaleza, que no reconoce límites legales ni éticos en la consecución de sus objetivos. El próximo es ganar el plebiscito, aunque esta semana se les hizo aún más difícil. (El Líbero)
Pilar Molina
