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La semana pasada el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional uno de los aspectos centrales de la reforma laboral del Gobierno, la titularidad sindical. Como era esperable, para algunos esto fue una “victoria de los empresarios” mientras que para otros un “triunfo de la libertad de los trabajadores”. Sin embargo, creo que quien dio en el clavo fue el Ministro Díaz al señalar que fue “una mala noticia para los trabajadores organizados en sindicatos”.
El tema, más allá del tema constitucional, es ¿por qué la reforma laboral en su núcleo más profundo es mala? La respuesta es simplemente porque es injusta. No tiene como objetivo generar un mercado laboral más inclusivo, moderno o eficiente. Su objetivo es mejorar las plataformas, como bien dice el Vocero de Gobierno, de aquellos (pocos) trabajadores que están sindicalizados. El tema no es qué pasa o en qué estado deja la reforma al empleador/empresario, que es justamente donde hasta ahora se ha concentrado parte importante del debate, sino dónde deja este nuevo equilibrio a quién está afuera del mercado.
Se trata entonces, no solamente de un tema de mero diseño económico (eventual reemplazo de trabajo por capital, aumento del desempleo o del empleo informal, pérdida de productividad de la PYME, merma de nuestra potencialidad de crecimiento), sino de si en su diseño es justa o no. Si cumple o no con el objetivo que debería tener toda política pública, que es construir una sociedad más justa e inclusiva. Equidad debería ser el nombre de la canción, y lamentablemente es justamente lo que no ha estado en el centro de esta reforma.
Es totalmente anacrónico colocar esta discusión como una eventual confrontación entre empresarios y trabajadores. Es más valioso en mi opinión pensar en cómo entregamos las mejores herramientas y diseño de políticas públicas para lograr una potente capacidad de movilidad social. Parte de esto pasa muchas veces por colocar a la policy por sobre la politics y por creer que la verdad movilidad pasa por entregar libertad real y no sólo nominal, al mismo tiempo que profundos valores ciudadanos.
Sólo la verdadera libertad puede transferir el poder (político, económico en este caso en particular) a los ciudadanos, y el objetivo del Estado no debiera ser sino que todos puedan gozar de sus derechos a través de sus posibilidades (reales), rechazando el individualismo tanto de mercado como de Estado. El corazón de la reforma laboral debió entonces haber sido otro, debió haber sido aquellos trabajadores que no tienen verdadera libertad para trabajar.
No implica esto desconocer el valor enorme que una organización sindical posee y puede y debe entregar al mercado laboral. No hay que confundirse, los sindicatos son valiosos y necesarios. Pero como cualquier cuerpo intermedio se debe por definición primero que todo a sus miembros. Su razón de ser es mejorar las condiciones de quienes son parte de ellos. No es el bien común. Para cumplir con ese objetivo existe otra institución, que está por sobre los intereses de unos pocos (trabajadores, empresarios, etc.) Para ello existe el Estado.
El Estado y la reforma debió entonces ser más inclusiva, y pensar más allá de los sindicatos. La realidad es que Chile sigue siendo un país de enorme desigualdad de ingresos y baja movilidad. La realidad es que las brechas son enormes, el sistema educación no compensa las diferencias de cuna y la meritocracia es incipiente. Esto implica, volviendo al mercado laboral, que en gran medida mi perfil de ingresos futuros está determinado en forma temprana, y no es dinámico. Es decir, que no soy tan libre ni tan dueño de mi destino (al menos en este aspecto). Y esto es inaceptable.
Urge, por lo mismo, dejar de ver el diseño de las políticas públicas en forma binaria, lo público versus lo privado en lucha constante. Para esto lo privado debe reinventar una ética que salga de la esfera personal e integre a la “corporativa” también. Y lo público necesita generar debate impecable en lo técnico y libre de capturas ideológicas. Urge una solución endógena de nuestras instituciones, y entregar un mayor espacio social. Parte de ello son las reformas pendientes, que pasan por una verdadera democratización del capital, pero eso ya es otro tema. (DF)
Pablo Correa
