El movimiento “Todas y Todos” -integrado por abogados como la ex jefa de gabinete de la expresidenta Michelle Bachelet Ana Lya Uriarte, la exdirectora del Sename, Solange Huerta y el ex precandidato presidencial Fernando Atria– se refirieron al clima de tensión entre el Ejecutivo y la Corte Suprema y rechazaron las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera quien hace algunas semanascuestionó los fallos de algunos magistrados en materias relativas a la delincuencia.
“Creo que hay algunos jueces que no están aplicando la ley, que están fallando de forma equivocada, que le dan un manto de impunidad a los delincuentes”, expresó el Mandatario. Dichos que provocaron la reacción del vocero del máximo tribunal Lamberto Cisterna. “Si él tiene los datos de quienes específicamente están infringiendo, tiene en sus manos la atribución constitucional de requerir a Corte Suprema que se investigue el asunto y que esos jueces sean relevados de sus funciones por no cumplirlas”, replicó el magistrado.
Sin embargo, las declaraciones cruzadas no quedaron ahí. La vocera de gobierno, Cecilia Pérez, llamó a los integrantes del Poder Judicial a dejar “de responsabilizar al resto de la pega que tienen que hacer ustedes”.
En medio del clima de tensión entre ambos poderes del Estado, el movimiento rechazó “con fuerza” las declaraciones del Presidente de la República, la Ministra Secretario General de Gobierno y el Ministro del Interior, las que a, a juicio de la agrupación, acusa “de forma infundada”, la labor del Poder Judicial por la tasa de delitos en nuestra sociedad”, expresaron a través de un comunicado que fue firmado por más de 70 figuras militantes o cercanas a partidos de la centroizquierda.
En esta línea sostuvieron que “la independencia judicial es una garantía fundamental para el Estado de Derecho, y ella se ve amenazada seriamente cuando el Presidente de la República, sin fundamento alguno, intenta traspasar a los jueces la responsabilidad que le cabe en la seguridad pública y la prevención del delito”.
Desde el movimiento aseguraron que las declaraciones se enmarcan “en una creciente tendencia populista, pues tienden a confundir a la ciudadanía respecto al funcionamiento del sistema judicial, sin aportar soluciones reales, enturbiando el debate público y, en definitiva, socavando nuestra democracia”.
“El Presidente de la República debe velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial, para lo cual puede requerir que se declare el mal comportamiento que se hubiere configurado. Es decir, el ordenamiento jurídico establece el cauce adecuado para que dicha autoridad proceda si así se amerita”, agregaron los profesionales que firmaron la carta.
“Las abogadas y abogados tenemos un rol social que cumplir: colaborar con la realización de la justicia, en especial, para los desfavorecidos, aportar a la construcción de una cultura de Derechos Humanos, y democratizar nuestro saber de forma sencilla y comprensible para cualquier ciudadana o ciudadano. Es por ello que conminamos a que nuestros colegas se sumen a desenmascarar los falsos y peligrosos discursos de los cuales ha decidido hacerse parte la máxima autoridad del país”, concluye el comunicado.
