En este inicio de año, el gobierno nuevamente no nos da respiro y sigue sorprendiendo. Si hace unos años fueron los indultos a delincuentes del estallido social, este 2024 despertamos con la noticia de la compra de las casas que pertenecieron a dos expresidentes.
Lo primero que se vino a la cabeza fue preguntarse si este es un gasto realmente necesario, considerando la compleja situación que enfrenta el país. Por otro lado, si el objetivo es un genuino interés histórico, quizás sería una oportunidad para que en las paredes de la casa de Salvador Allende se expusiera, por ejemplo, la declaración de la Cámara de Diputados que denunciaba el quebrantamiento del orden constitucional y legal bajo su gobierno. Sin embargo, todos sabemos que la izquierda tiende a omitir o silenciar los elementos que no favorecen el relato que ha construido durante años. Probablemente, ese fue el propósito detrás de esta compra impulsada por el Presidente Boric.
Por otro lado, el Presidente, fiel a su estilo, parece desentenderse de su responsabilidad. Al igual que en el caso de los indultos, aunque estuvo de acuerdo y promovió esta adquisición, termina culpando a otros. Esta vez, la ahora exministra de Bienes Nacionales ha sido usada como chivo expiatorio, y así, una vez más, el hilo se corta por lo más delgado. Es paradójico que en un gobierno que se autodenomina “feminista”, sea una mujer, nuevamente, quien pague el costo político de una mala decisión presidencial.
Como si la vida no estuviera ya cargada de ironías, hoy los Allende vuelven a estar en el centro de una situación que vulnera la norma constitucional. No obstante, como ha sido costumbre en los últimos años, y a diferencia de la acción que tomó el Congreso en 1973, las inconstitucionalidades parecen pasar desapercibidas, con pocos dispuestos a actuar para hacer respetar la ley. Un ejemplo claro es el caso de la senadora Isabel Allende, cuya situación infringe el artículo 60 de la Constitución, que establece la pérdida del cargo para senadores o diputados que celebren contratos con el Estado. Valientes serán quienes se atrevan a exigir su cumplimiento. Del mismo modo, esta exigencia debería extenderse a su sobrina, la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, quien también firmó dicho contrato de compraventa.
Afortunadamente, queda poco más de un año para seguir enfrentando estas “sorpresas” de un gobierno que parece seguir en práctica. El 2025 nos brinda la oportunidad de recuperar el rumbo, un desafío enorme pero imprescindible para reconstruir Chile. (El Líbero)
Beatriz Hevia
