Mientras todavía no nos reponemos del escándalo del llamado “confortgate”, ayer fuimos testigos de una nueva colusión, esta vez en el sistema universitario, al firmarse un acuerdo que reduce en un 50% el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) que reciben las universidades por matricular alumnos de altos puntajes PSU, recursos que serán ahora reasignados a las instituciones del llamado CRUCH, que agrupa a las estatales y privadas tradicionales. En pocas palabras, se favorece una vez más al 26% de los alumnos de la educación superior, en desmedro de la gran mayoría. Peor aún, un grupo privilegiado, ya que ahí estudia sólo el 14% de los alumnos de los tres primeros quintiles de ingreso matriculados en el sistema.
El CRUCH es el cartel perfecto. Basado en razones históricas ha logrado capturar casi la totalidad de los recursos directos que entrega el Estado a la educación superior. El único aporte que no controlaban es el AFI, por cuanto había que competir por él. Pues bien, como año a año iban perdiendo más recursos por este concepto -cada vez son más los alumnos de altos puntajes que prefieren instituciones privadas-, optaron por eliminarlo.
Lo más grave de esta situación, es que esta es una colusión auspiciada por el Gobierno. Peor aún, por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien es el encargado de evitar este tipo de acciones. Para qué hablar de los parlamentarios de la Nueva Mayoría, que no dudan en aplaudir la medida. La imagen de la firma de acuerdo lo dice todo. Está el vicepresidente del CRUCH, Aldo Valle -el jefe del cartel-, el presidente de la comisión mixta de Presupuestos, Andrés Zaldivar, y la ministra de Educación. En las sombras, el ministro de Hacienda.
Mucho se critica a las universidades privadas por su falta de calidad. Pero todo aquello es un construcción política que ha fomentado el CRUCH, avalada por el Gobierno. Basta mirar las cifras. En el país, existen trece universidades que están acreditadas en todas las áreas, incluyendo investigación. De ellas, sólo cuatro son estatales. Tres son privadas -Adolfo Ibáñez, U. de los Andes y Alberto Hurtado-, el resto, privadas tradicionales. Por otra parte, en el ranking de las diez universidades que reciben mejores alumnos PSU, figuran tres estatales y también hay otras tres privadas, las que, además, ocupan los mejores lugares después la PUC y la U. de Chile.
En otras palabras, se castiga a las privadas que lo están haciendo bien. Esa es la típica actitud de un cartel. Como no se pueden sostener por sí solos, se coluden para evitar que otros les quiten su posición de privilegio. Y para esto, lo presentan como una política de Estado. Sabemos que no es así. Lo dijo el mismo Aldo Valle; se trata de una medida que busca no afectar el presupuesto de las universidades del CRUCH, es decir para favorecer a un grupo que capta sólo el 14% de los alumnos más vulnerables. Y para hacer aquello, se afecta al resto de las instituciones, es decir la gran mayoría de los estudiantes. O sea, estamos en presencia de la colusión perfecta. Una que, además, tiene la bendición del Gobierno.
