El asesinato del teniente Emmanuel Sánchez el pasado miércoles no sólo conmovió al país, sino que vigorizó el sentimiento de solidaridad y apoyo a Carabineros, junto con la justificada exigencia de acciones contundentes para detener la delincuencia y el crimen organizado. El humor nacional está manifestando que se acabó el tiempo de las condenas comunicacionales y las investigaciones mediocres y que es hora de realizar acciones efectivas.
En este momento las instituciones y poderes del Estado tienen un respaldo seguramente casi unánime en la población para actuar con decisión frente a la verdadera pandemia en que se ha convertido la delincuencia en nuestro país. Es justamente ese estado de ánimo colectivo, sin embargo, el que debe llevar a nuestras autoridades, en todos los ámbitos del Estado, a proceder con inteligencia y mesura. Las emociones y los sentimientos de las masas suelen ser el reflejo de su capacidad de tolerancia ante los problemas que las aquejan o de la intensidad de las necesidades que experimentan, pero no representan por sí mismas una medida de la necesaria respuesta de las instituciones. Es así como, y este es sólo un ejemplo, el reclamo violento de la sociedad frente a un problema o necesidad no significa que las soluciones propuestas por los poderes del Estado deban a su vez ser igualmente extremas o violentas.
Ello porque las instituciones del Estado tienen límites para su actuar. Y la principal responsabilidad de cada una de ellas es sujetarse a esos límites pues, su trasgresión, no sólo puede significar la incapacidad de resolver los problemas que se busca solucionar, sino, incluso, la posibilidad de agravarlos.
Desde hace algunos años ha habido en nuestro país expresiones, desde dentro de los poderes del Estado, de una tendencia en quienes detentan cargos en esos poderes a dejarse afectar por la emoción colectiva traspasando o acercándose demasiado a límites que no deben traspasar. En esos casos los actores de la democracia no sólo no han resuelto problemas que buscaban solucionar, sino que han estado a punto de erosionar la propia democracia al deteriorar el debido funcionamiento de sus instituciones.
Lo que ha ocurrido durante estos años es que ha imperado una confusión respecto de cual es o debe ser ese debido funcionamiento. Una confusión que llevó, en su momento, al Poder Ejecutivo encabezado por el Presidente Boric a abandonar la neutralidad debida en el proceso plebiscitario de 2022 y a perpetrar una verdadera intervención electoral, promoviendo un proyecto constitucional que, de haberse materializado, no habría significado la solución de problema alguno y nos habría sumido en una situación caótica y autodestructiva.
El Poder Legislativo, por su parte, modificó la Constitución en más de una ocasión para permitir retiros de fondos de las AFP. De ese modo utilizó -manoseó, podría decir alguien- la Carta Magna con propósitos específicos, que no generales, y con ello, al permitir esos retiros, dio lugar a un problema inflacionario y a una incertidumbre jurídica de las cuales aún no nos recuperamos del todo.
La Corte Suprema, a su vez, incursionó con entusiasmo en las políticas públicas al darle un alcance general -esto es aplicable a todas las Isapres– a su decisión de acoger los recursos de protección que algunas personas habían interpuesto en contra de algunas de ellas, solicitando que se abstuvieran de aplicar la tabla de factores elaborada sobre las normas que el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucionales previamente. Con ello dio lugar a la obligación de devolver miles de millones de dólares a los afiliados y generó una crisis del sistema de salud que aún no ha encontrado solución.
Y la semana pasada, diez diputados que cubren un amplio arco de posiciones políticas, interpusieron ante el presidente de la Corte Suprema una solicitud de remoción de su cargo en contra del fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Entre otras, la solicitud se basa en la consideración de que el fiscal ha incumplido los estándares de objetividad e imparcialidad, “persiguiendo con particular encono, subjetividad y parcialidad a funcionarios de carabineros”. Se trata de una opinión que seguramente comparte la mayoría de chilenas y chilenos y que yo mismo comparto sin dudar. Sin embargo, y no obstante la opinión de esos parlamentarios y la mía propia, el caso es que se están calificando negativamente las acciones que ese funcionario de la Fiscalía Nacional ha emprendido en el desempeño de su cargo, investigando y presentando acusaciones ante el Poder Judicial. Por ello no nos corresponde a nosotros, los que tenemos mala opinión de su comportamiento, juzgar sus decisiones, sino que, al Poder Judicial, mediante debidos procesos. Sólo el fallo judicial debería decidir si la tarea del fiscal ha sido buena o ha sido exagerada, abusiva o producto de su encono en contra de la policía. Si no fuese así, si la Corte Suprema acogiese la solicitud de los diputados y removiese de su cargo al fiscal, la que sufriría merma sería la Fiscalía Nacional, pues los fiscales deberían, en el futuro, adecuar sus acusaciones al criterio de otro poder del Estado como es el caso de los parlamentarios, que tendrían la capacidad de removerlos de sus funciones si no compartiesen sus criterios.
Sin duda vivimos un período de confusión, que espero no sea agudizado por la justa indignación que ha provocado el asesinato del teniente Sánchez. Quizás ha llegado el momento de que todos sigamos las sabias palabras del “kenkitsatatsirira” de los machiguengas, el personaje de El Hablador de Mario Vargas Llosa: “Lo importante es no impacientarse… si el hombre vive tranquilo, sin impacientarse, tiene tiempo de reflexionar… Si se impacienta, adelantándose al tiempo, el mundo se enturbia, parece. Y el alma cae en una telaraña de barro. Eso es la confusión. Lo peor, dicen”. (El Líbero)
Álvaro Briones
