Con las vacaciones suele cambiar el clima político y se olvida lo importante. A esta altura no parece ser prioridad la reforma al sistema político que, a pesar del impulso inicial del Presidente Boric, se ve más bien congelada por la oposición de las colectividades chicas de izquierda. No quieren fusionarse, como lo hicieron las que convergieron en el Frente Amplio, y tampoco desaparecer, si se pone un piso mínimo de votación del 5% para poder acceder a la Cámara.
Seguiremos, entonces, con el sistema político que instauró Bachelet II y la izquierda, que ha convertido el Congreso en un abanico de 17 partidos con representación y 42 diputados independientes que actúan como caciques sólo preocupados de sí mismos y de la conveniencia de sus electores.
Demos por descontado que continuará, entonces, la fragmentación que imposibilita los acuerdos en el Congreso, frustra las agendas presidenciales y determina en que nada se hace bien. Por el contrario, se retrocede legislando mal, porque no hay capacidad para mejorar, sólo para destruir, como ha ocurrido con las isapres y se pretende con las AFP.
Pero lo más preocupante es que la izquierda sí puede rendir bien en las próximas parlamentarias, si Boric logra convencer a sus tribus de ir en una sola lista parlamentaria. Y si efectivamente logra la mayoría en el Congreso, podrá implementar las medidas para refundar Chile, que rechazó el 62% de los ciudadanos en septiembre de 2022.
Ya no será necesario exponer en ningún plebiscito la idea de apropiar para el Estado el 6% de cotización adicional o dividir a Chile en 13 naciones, con sistemas de justicia independientes, y debilitar el orden público y las FF.AA. a través de las múltiples propuestas que tenía el borrador rechazado de la Convención.
Sí, porque hoy es cierto que rige la Constitución del 80, pero no preserva en absoluto la estabilidad de sus instituciones. Una moción de senadores socialistas y PPD, aprobada en enero de 2023, convirtió nuestro ordenamiento institucional en un agua que puede desbordarse hacia cualquier lado. Incluso con votos de diputados de derecha, como Ximena Ossandón o Andrés Longton, ambos de RN, fue aprobada la ley 21.535 que permite hacer reformas o interpretar la Constitución o dictar leyes orgánicas con un quórum de mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio. Es decir, 78 diputados y 26 senadores. Hoy el oficialismo ya tiene mayoría en la Cámara. En el Senado, donde las fuerzas están equilibradas, requeriría cuatro apoyos adicionales para modelar a su amaño el ordenamiento institucional.
Es casi absurdo pensar que la próxima parlamentaria puede hacer retornar toda la inestabilidad institucional que reflejó el “acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución” del 15 de noviembre de 2019, cuando la violencia azotaba las calles de Chile de Arica a Magallanes. Como parte del proceso constituyente que abrió esa negociación, se constituyó la Convención que redactó una propuesta incompatible con cualquier democracia y país desarrollado. Para dar garantías que, si ganaba el Rechazo, habría cambios a la Constitución del 80, los senadores DC Walker y Rincón propusieron terminar con los llamados “candados” que dificultaban su reforma.
Amplia aceptación tuvo su moción, que contó con los votos de la derecha, en la idea de proponer “rechazar para reformar”. Se rebajaron los supra y altos quórum de 103 o 93 diputados a 89 y 29 senadores. Pero quedaron las leyes orgánicas, que regulan instituciones claves, con este último quórum de 4/7. El problema es que meses después senadores del PPD y el PS presentaron otra moción (ley 21.535) que reformó la Constitución para bajar todos los quórum a mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio.
Así, hoy tenemos aspectos esenciales de la institucionalidad regulados por leyes orgánicas. Pero ahora sólo 78 votos en la Cámara pueden hacer caer la autonomía del Banco Central y éste ponerse a financiar el déficit fiscal del gobierno socialista. O cambiar a su amaño la regulación y el sistema electoral que es el sueño de todas las dictaduras para terminar con las democracias cuando llegan al poder. Pero para qué nos complicamos con lo chico, pueden aplicar todo el recetario de la propuesta constitucional plurinacional, estatista y con supra derechos de la naturaleza rechazada en el plebiscito del 4-S. El quórum que rige hoy es exactamente el mismo que propuso la Convención para modificar la Constitución: la mayoría de los parlamentarios en ejercicio.
No hay que olvidar que todo el socialismo, autodenominado democrático, votó a favor del texto que terminaba con la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad y que ahora interpreta que se perdió porque la derecha lo caricaturizó. Paulina Vodanovic, la timonel socialista, recordó en el homenaje a Allende el 4 de noviembre, que sigue vigente el reclamo porque la izquierda no se conforma con “una Constitución que fue impuesta en dictadura”.
La Constitución del 80 ya no tiene ningún quórum exigente que impida que minorías circunstanciales la viren a las propuestas de los convencionales anti crecimiento y partidarios de restituir vastos territorios, lo cual no tuvo ni el apoyo de los indígenas supuestamente beneficiados. Desde la DC al PC y el Frente Amplio, saben que es de papel.
Si la derecha compite dividida y ellos en una lista parlamentaria, como ocurrió en las últimas elecciones, podrían lograr en el Congreso lo que no pudieron imponer vía plebiscito: rehacer la Constitución a imagen y semejanza de lo que fue la propuesta de transformación revolucionaria por la que se jugaron toda izquierda y Gabriel Boric. (El Líbero)
Pilar Molina
