La democracia fue creada por los seres humanos para administrar la diversidad, no para imponer la verdad o la perfección. Diversidad de visiones del mundo, de intereses materiales, de habilidades, de religiones, de razas y nacionalidades. Por ello ni Hitler ni Stalin podían ser demócratas ni crear regímenes democráticos. Ellos creían en una verdad única y absoluta que explicaba todo lo que ha sido y todo lo que será, sin fisuras ni dudas. La gran amenaza para la democracia es que, sostener esa convicción en una verdad, suele llevar a quienes creen poseerla a sentirse moralmente superiores, al grado de legitimar cualquier acto que conduzca a la imposición de esa verdad. Cualquier acto por arbitrario, imposible o criminal que sea.
El único antídoto contra esa amenaza es la práctica de la tolerancia, el diálogo y la construcción de acuerdos. La democracia, así, no es otra cosa que el ejercicio permanente del diálogo con el otro, con el diferente, y arribar con él a los acuerdos que permitan la convivencia y la evolución social. Esa fue la democracia que se practicó en Chile en los primeros veinte años que siguieron a la dictadura. Una democracia cuyos logros se alcanzaban “en la medida de lo posible” según dijera Patricio Aylwin. Y la medida de lo posible estaba dictada por los acuerdos, por las mutuas concesiones que los actores políticos estaban dispuestos a hacerse para lograr avances, así fuera pequeños, en el desarrollo social y económico.
Eso desapareció de nuestro país cuando el instinto de algunos llevó a considerar como algo negativo la negociación y los acuerdos. Cuando en la izquierda, que había sido capaz de conducir con acierto el período anterior, se impusieron las voces de quienes se autoflagelaban proclamando la inadmisibilidad de acuerdos que retardaban lo que ellos consideraban progreso o justicia social. Que postergaban la imposición de su verdad. Y lo mismo ocurrió con la derecha, porque quienes allí no creían en la diversidad sino en una verdad única que no puede hacer concesiones, terminaron por alejarse de quienes sí tenían una concepción cabal de la democracia. Y de ese modo, el país entero entró en los años de la polarización política. Años propicios para malos gobiernos y estallidos sociales.
Algo de eso, sin embargo, cambió con el acuerdo sobre reforma al sistema de pensiones materializado el pasado 15 de enero. Quizás sea poco y el acuerdo quizás sea imperfecto, pero es un paso adelante para salir del largo período en que pareció que en nuestro país no había espacio para los acuerdos y el consenso; cuando se afirmaba que las posiciones moderadas eran cobardía o “amarillismo”.
Ese acuerdo, como todos los acuerdos, no es perfecto si se mira desde los extremos. Mirado desde esa posición sin duda le faltarán o le sobrarán cosas. Y durante los días que han transcurrido desde que se dio a conocer, no han dejado de hacerse públicas esas imperfecciones. A primera vista parecen abrumadoras, pero es probable que, puestos a encontrar imperfecciones a la obra humana, siempre éstas parezcan muchas. Y aquí la búsqueda ha sido exhaustiva. Por un momento incluso las opiniones políticas parecieron paralizarse a la espera del veredicto del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), como si los responsables de la conducción política del país -de gobierno y de oposición- cediesen su responsabilidad a ese órgano asesor.
El Consejo hizo su trabajo y, como le correspondía, mostró vicios y virtudes del proyecto, reveló riesgos que sería deseable disminuir ahora antes que mañana y sugirió para ello medidas de mitigación inmediatas; alertó también acerca de aquellos aspectos del proyecto a cuya ejecución habrá que prestar atención cuidadosa en los años futuros.
De lo que no habló el informe del CFA, porque lo suyo era sólo opinar sobre riesgos fiscales, fue del hecho que el sistema de pensiones chileno seguirá basándose en la capitalización individual y en la administración de los fondos correspondientes por empresas privadas creadas a ese efecto, lo que no es sino una concesión que los partidarios de “No más AFP” debieron hacer a los partidarios de la capitalización individual si se quería llegar a un acuerdo. Tampoco opinó acerca del hecho que el préstamo de una parte de la nueva cotización, que financiará el aumento de la Pensión Garantizada Universal y compensará las brechas de género fundadas en la mayor esperanza de vida de las mujeres, se parece demasiado al principio de “reparto”, lo que no es sino una concesión que los adversarios del reparto debieron hacer a su vez si querían llegar a un acuerdo. Tampoco se pronunció sobre el hecho que la incorporación de un “Seguro Social” con funciones de administración de fondos dentro del sistema, puede ser entendido como una amenaza para las AFP, pero también como una competencia que estimule incrementos en la eficiencia operacional de esas mismas empresas.
Tampoco dijo, puesto que no estaba llamado a ello, que la reforma va a mejorar en un corto plazo las actuales pensiones; que ese aumento será gradual para aminorar el stress sobre el empleo; que incrementará los fondos de los actuales cotizantes, muchos de ellos mermados por retiros irresponsables del pasado; que permitirá recuperar el ahorro nacional disminuido por esos mismos retiros y por la incertidumbre jurídica que ha acompañado a la larga tramitación de la reforma. Y tampoco opinó sobre el hecho que, de aprobarse el proyecto, Chile se habrá dotado de un verdadero sistema de seguridad social con aportes de trabajadores, trabajadoras, gobierno y empresarios.
Ante la decisión del Partido Republicano de no permitir sesiones de la Cámara durante la última semana de enero en virtud de la “semana distrital”, el gobierno anunció que recurrirá a su potestad constitucional de pedir que se cite a sesión a cualquiera de las cámaras del Congreso indicando motivos. En consecuencia, durante la semana que se inicia senadores y diputados deberán discutir e introducir al proyecto todos los cambios que sean posibles para perfeccionarlo, siempre en un marco de acuerdos. El gobierno ya ha enviado algunas nuevas indicaciones, oyendo las sugerencias del CFA. No será fácil lograr ese resultado, porque los extremos existen y habrá voces y votos que se opongan a las concesiones mutuas contenidas en el proyecto. Serán las voces y los votos de la intransigencia, las de quienes no están dispuestos a aceptar que se roce siquiera con la sombra de una duda la solidez de sus verdades. Voces como esas condenan a los países y a sus pueblos al inmovilismo y algunas veces son capaces de destruir las democracias.
Allá ellos y su tozudez. Al resto del estamento político le corresponde ahora perfeccionar el texto que deberán aprobar, despojarlo en la medida de lo posible de fallas y deficiencias y finalmente ofrecerlo a Chile como la primera expresión, después de mucho tiempo, de una recuperada democracia de diálogo y acuerdos. (El Líbero)
Álvaro Briones
