El total de los estudiantes de la educación superior en nuestro país supera ampliamente al millón de personas, ellas y sus familias esperan encontrar en sus aulas la preparación técnica y profesional que les permita tener una vida digna y próspera, así como también, recibir la formación científica y cultural necesaria para abrirse paso en el futuro, desde sus potencialidades personales y como ciudadanos activos de la nación.
La meta esencial que los jóvenes puedan estudiar sin depender del dinero, es decir, independientemente de su origen social, teniendo la voluntad y las condiciones educacionales para hacerlo, es uno de los propósitos más nobles y también más difíciles de alcanzar en la situación actual del país y, en particular, de la disponibilidad de recursos fiscales para concretarlo. Pero, ese es el objetivo nacional.
Llegar a el sólo es posible de manera gradual, quemando etapas, ampliando consistentemente el universo de estudiantes que se van abarcando hasta alcanzar la meta. Se trata de un derecho social que el Estado democrático hará realidad, avanzando en ciclos sucesivos.
Ahora bien, la derecha que impuso el actual sistema segregado, implementado durante las llamadas modernizaciones del régimen militar, cuya pretensión era trasladar el financiamiento a los padres y/o apoderados de los estudiantes, ha saltado ahora a la arena política con la bandera de gratuidad inmediata, sin etapas ni gradualidades.
Este temerario vuelco en su posición política no tiene otro origen que no sea una voltereta oportunista, adoptada apresuradamente, luego que las encuestas de opinión, indicaran que la mayoría del país ha hecho suya la idea de la gratuidad universal en la Educación Superior.
Con ello, la derecha le da la razón al economista de pensamiento liberal, Sebastián Edwards, quien sostuvo en un debate de esta semana, que los defensores del modelo “han fallado“. Ahora ocultan su identidad. Resulta sintomático y aleccionador, que la regresión ultraconservadora de la dictadura, que tan dolorosa huella dejara en nuestra patria hoy no tenga quienes se hagan cargo de ella.
Efectivamente, la añorada y perdida popularidad es la que desvela a los actuales caudillos neoliberales. Los esquivos votos son los que les quitan el sueño; quedó en el olvido la etapa legada por Jaime Guzmán, aquella en que marcaban opinión, aunque fuera minoritaria. A la supuesta nueva derecha no se le pasa por la mente que la política exige coherencia y, que su ejercicio no puede ser un baile de máscaras, en que cada cual esconde su identidad y hace de los principios un simple estorbo.
Ahora, lo ridículo y paradojal, es que la derecha ha entrado en abierta competencia con la izquierda más radical, exigiendo que se materialice de inmediato una meta que, es posible sólo si se la considera como un objetivo nacional a conseguir luego de un enorme esfuerzo del país, y no simplemente, como una bandera demagógica que se dejará de lado tan pronto como aparezca otra, con la cual intentar ganar los aplausos de la galería. Sin embargo, tienen el descaro de acusar a la izquierda de “populismo”.
La “nueva derecha” mira la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, los demás serán los “chavistas”, en cambio, ellos serán los dueños de la verdad y del buen criterio. Habrá que tomarse las cosas con humor, ya que hacerlo en serio, ante este desborde de demagogia no vale la pena.
Lo que no debe ocurrir es que las diferencias que se aprecian en las fuerzas de la Nueva Mayoría, sean mal procesadas y provoquen pugnas o escindan el bloque político de gobierno; eso sí que sería hacerle un favor gratuito al populismo que inunda hoy la posición de la derecha.
En un proceso gradual, nadie puede ser excluido a priori, salvo aquellos que sólo quieren lucrar con utilidades desproporcionadas y excesivas, ello debido a que se está concretando un derecho social de valor universal; al mismo tiempo que avanzar en la gratuidad se debe asegurar la calidad de la enseñanza.
Los estudiantes y sus familias no pueden ser defraudados y recibir títulos que sean simples diplomas, y que ante las exigencias laborales sean dejados de lado por carencias formativas.
El Estado debe orientarse con la voluntad que en sus instituciones la gratuidad sea una realidad y que su enseñanza sea de primerísimo nivel. La correcta gestión de los recursos fiscales, que son de todos y todas, es una obligación social y moral ineludible.
La responsabilidad social de las instituciones de educación superior pasa a ser fundamental, y los derechos deben ser inseparables de los deberes, que se anudan en el gran propósito de alcanzar una visión inclusiva, humanista, de excelencia, para la educación superior en Chile.
