No extraña que hasta el ministro Giorgio Jackson sospeche móviles políticos (“señal política”, dijo) en el robo de 23 computadores de su ministerio con el cuento del tío por parte de sujetos enmascarados y con overoles blancos. Sospecha, aunque es precisamente él quien esté en la mira, por su posible participación con quienes elaboraron un verdadero mecanismo para robarle platas al fisco.
¿Por qué él? Su ministerio de Desarrollo Social tiene dos convenios con fundaciones cuestionados, pero, más importante, hasta aquí son de su partido, Revolución Democrática, la gran mayoría de los que estarían involucrados en este ardid para extraer platas fiscales creando fundaciones truchas. El ministro es sin duda el eje de ese conglomerado, desde su creación. Pero el vínculo con los que se concertaron para actuar no se había probado y salen volando los computadores de su ministerio y, más raro aun, la caja fuerte que tendría los tratos directos y las boletas de garantía que aseguran el cumplimiento.
Pero la mayoría de las fundaciones investigadas no dieron esas garantías, como tampoco tenían experiencia o giro en los trabajos que comprometieron, eludieron a Contraloría recibiendo sumas fraccionadas, no respondieron por los trabajos antes de recibir la siguiente cuota, fueron creadas meses antes o después que asumiera Boric, etc, etc. Todo sospechoso, incluso lo absurdo y vago de algunos programas a los que se asignan cientos de millones mientras les escatiman pesos a las organizaciones con niños vulnerados, obligándolas a cerrar.
Aparte de atribuirle al robo el ser una conspiración de la oposición, secundado por la vocera Vallejo, Giorgio volvió a insistir el jueves pasado en que entregarán a tiempo al Congreso y la Contraloría los resultados de las indagaciones iniciadas hace un par de semanas en su cartera. ¿Sólo hace un par de semanas? Si han transcurrido 34 días desde que se publicó el escándalo con Democracia Viva en Antofagasta y 79 días desde que los funcionarios de la Seremi de Vivienda de esa Región informaron a la subsecretaria de aquella cartera de las irregularidades en las contrataciones de Estado con amigos de RD.
La verdad es que el manejo del Gobierno de estos actos de corrupción ha sido más que opaco, lo que sólo genera sospechas, fundadas o no. Aunque el Presidente Boric ha asegurado estar “indignado” y el 27 de junio afirmó: “Tenemos que anticiparnos (…) toda irregularidad tiene que salir a la luz”, no se ve nada de eso. No se explica por qué no han presentado querellas, ni siquiera del CDE, o por qué Vivienda puso término recién el 14 de julio a los contratos con Democracia Viva que tendrá que devolver en 30 días $392 millones de los $426 millones que le fueron transferidos por la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
¿Dónde está la “anticipación” y el diagnóstico del Gobierno? De la fiscalía tenemos que esperar los pasos judiciales en sus indagaciones por $14 mil millones que cubren 9 regiones, pero La Moneda bien podría hacer un rastreo de los casi US$500 millones transferidos a fundaciones y similares en los primeros 15 meses de esta administración, según informó la prensa, mucho más que sus antecesores en el mismo período. Y podría poner el ojo en las fundaciones con trato directo, modalidad que, curiosamente, tuvo una brusca alza en Vivienda (de 16% al 46% entre 2021 y 2022) y buscar anomalías similares en los demás ministerios, seremías y gobiernos regionales a lo largo de todo el país.
La información la tienen, lo inexplicable es que las autoridades hayan asumido un papel pasivo, escudándose en que la fiscalía investiga y delegando en los propios cuestionados, como a Jackson, entregar esa información. Extraño que no tomen iniciativa cuando el propio Ministro Montes de Vivienda advirtió hace casi un mes, “esto está empezando (…) se va a saber mucho más”. La actitud sólo reactiva del Ejecutivo es inexplicable cuando el jefe de la bancada de diputados DC, Eric Aedo dijo el 25 de junio que el caso convenios “huele a asociación ilícita para defraudar al fisco”.
La inacción sólo aumenta la desconfianza y multiplica las sospechas. Ésta ha desatado los reproches en el propio oficialismo, donde ha subido el tono al punto que el senador PS Fidel Espinoza llamó sinvergüenza a Jackson, lo acusó de ser el jefe de la banda y peor, de amenazarlo para que se calle.
Si el senador socialista advirtió que no callará, sería bueno que La Moneda se tome en serio el problema de la corrupción en su “primer anillo”, el manto de desconfianza que rodea a toda su administración, y se esfuerce por transparentar hasta dónde alcanza el fraude de sus aliados. (El Líbero)
Pilar Molina
