En estas primeras semanas, tanto gobierno como oposición comienzan a delinear sus estrategias y talante. La búsqueda del tono. Desde el gobierno, una controvertida puesta en escena de la Comisión de infancia, con invitados a dedo y exclusiones, parece más orientada a obtener ventajas mediáticas y dividir a la oposición que a posibilitar un acuerdo. A su vez, la oposición enfrenta una compleja ecuación tratando de no parecer obstruccionista, pero tampoco condescendiente con un gobierno que, por un lado, llama al diálogo y, por otro, avanza en una agenda paralela que retrotrae -vía administrativa o del Tribunal Constitucional- políticas sociales y valóricas.
En este juego de definiciones entre gobierno y oposición, existe un tercer actor cuya presencia y fuerza resulta una incógnita: la sociedad y sus componentes más activos, los movimientos sociales. En el fondo la pregunta es si tendremos una política con o sin sociedad durante esta etapa.
Actores y movilizaciones sociales de posdictadura existieron desde los años 90, pero es solo a partir de 2006 y, más claramente, de 2011, que adquieren la fuerza necesaria para alterar las agendas de los gobiernos. Desde entonces han tenido la capacidad de modificar las prioridades gubernamentales y legislativas e introducir nuevos sentidos comunes. Lo hizo el movimiento de 2011 sobre la educación durante el primer gobierno de Piñera y el movimiento No +AFP durante la segunda administración de Bachelet. Junto con ello han irrumpido movimientos regionalistas, medioambientales, laborales, de reconocimiento de derechos e identidad (mujeres, diversidad sexual) y de “buen vivir” (temas de ciudad y territorio).
Una característica de estos movimientos es su relativa autonomía de la política institucional. Su vínculo orgánico con movimientos políticos es muy menor al que existía, por ejemplo, en el período pre 73. Otro rasgo es que la disposición a movilizarse suele ser mayor al interés por organizarse (la asociatividad no ha crecido y organizaciones tradicionales -CUT o FECH- arrastran crisis de participación no muy distintas al abstencionismo electoral que vive el país). Por otro lado, existe un debate en curso sobre la naturaleza de estos movimientos, particularmente en educación y previsión: se trata de movimientos que expresan una conciencia creciente de derechos sociales o bien se trata de movimientos de endeudados o una combinación de ambos; son solidarios o individualistas; son antineoliberales o propugnan más inclusión individual.
La principal incógnita, sin embargo, es si este tercer actor -la sociedad- se hará o no presente, y con qué fuerza y energía. Estos movimientos anuncian para mediados de abril sus primeras manifestaciones. La fuerza que éstas tengan permitirá ir despejando la variable de si la sociedad y los actores sociales serán o no un factor relevante en este periodo. (La Tercera)
Ernesto Águila
