La semana pasada tuvo lugar el allanamiento al departamento de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, en el marco de la investigación que realiza la Fiscalía por presunto tráfico de influencias.
En concreto, se investiga a la diputada por haber intervenido ante la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler —también militante del Partido Comunista— en favor de un empresario de origen chino, con el objetivo de obtener la renovación de su patente de alcoholes para un negocio en dicha comuna.
Lamentablemente, el foco no ha estado en la gravedad de los hechos, que podrían constituir un delito, sino más bien en la oportunidad en que se llevó a cabo la diligencia policial. Y es que el allanamiento al domicilio de la diputada ocurrió el mismo día y solo horas después de que diera a luz a su primer hijo.
Las mujeres que hemos tenido la fortuna de dar a luz sabemos lo trascendental que es ese momento en nuestras vidas y lo complejo que debió haber sido para la diputada enfrentarlo en esas circunstancias. Sin embargo, ¿existía acaso un momento oportuno para realizar la diligencia?
Lo más probable es que la respuesta sea negativa. ¿Qué habría ocurrido si la Policía de Investigaciones hubiese llegado el día en que la diputada y su recién nacido regresaban al hogar? Seguramente, la crítica habría sido la misma, utilizándose el hecho para deslegitimar la actuación de la justicia. Por otro lado, si la Fiscalía hubiese realizado la diligencia días o incluso semanas antes, también habría sido cuestionada, acusándola incluso de haber provocado un adelantamiento del parto.
Cabe preguntarse si la jueza que autorizó el allanamiento debía conocer la proximidad del parto de la diputada y considerar ese factor al definir la procedencia de la diligencia. ¿No sería eso, acaso, una vulneración del principio de igualdad ante la ley? ¿Por qué un tribunal debería tomar en cuenta la situación particular de una parlamentaria, cuando en todo el país se realizan allanamientos que pueden afectar a mujeres en avanzado estado de embarazo, con lactantes o menores de edad?
Por lo tanto, el problema no es la oportunidad del allanamiento, ya que no existía un momento adecuado para realizarlo. Lo que la presidenta de la Cámara de Diputados, el Partido Comunista y el oficialismo han hecho es utilizar esta circunstancia para deslegitimar una vez más el actuar policial y de las instituciones del Estado. Todo con el fin de desviar la atención del caso de tráfico de influencias que se investiga y dar respuesta a las legítimas dudas que surgen, incluso si el costo de ello es justificar que las personas en el poder reciban un trato diferenciado y desigual ante la ley. (El Líbero)
Beatriz Hevia
