“Seamos creativos pero no tan creativos, porque se le está poniendo urgencia a temas que son complejos y que deben ser objeto de un debate amplio de todos los sectores. Seamos realistas en el manejo de la agenda”. Así, sin tapujos, el candidato del bloque Fuerza de Mayoría, Alejandro Guillier, mandó un mensaje el viernes 25 a La Moneda. El abanderado también había tomado nota de algo que la oposición había percibido durante la semana: el gobierno de Michelle Bachelet aceleró el tranco de su agenda a tres meses de los comicios presidenciales y poco más de seis meses de abandonar el poder.
En una semana, la Presidenta firmó la constitución de la Región XVI de Ñuble, celebró la validación del TC al aborto en tres causales, firmó el ingreso del proyecto de migraciones y anunció que mañana lanzará la iniciativa que busca regular el matrimonio igualitario.
En La Moneda señalan que se trata de un plan que vienen discutiendo desde hace varios viernes los ministros del comité político Mario Fernández (Interior), Nicolás Eyzaguirre (Segpres) y Paula Narváez (Segegob) y que tiene dos definiciones: agilizar la gestión del gobierno, por un lado, y el envío y despacho de proyectos en el Congreso, por otro.
En este segundo ámbito están concentrados los esfuerzos de La Moneda.
“Una cosa es presentar y otra cosa es aprobar. A estas alturas lo más pendiente son las cosas a aprobar. Proyectos más emblemáticos a presentar son matrimonio igualitario y Nueva Constitución. Y entre los que van a quedar en discusión van a ser posiblemente la ley de migraciones” señala el ministro Segpres, Nicolás Eyzaguirre.
Sin duda, los proyectos prioritarios para el gobierno son los que forman parte de la agenda educacional: en el último mes La Moneda pisó el acelerador con el proyecto de Nueva Educación Pública (NEP), más conocido como desmunicipalización, y construyó un acuerdo con la oposición para sacar la iniciativa del Congreso. La comisión de Educación del Senado ya le dio luz verde y el martes 5 de septiembre, al regreso de la semana distrital, deberá votarse en la sala de la Cámara Alta. La salida de este proyecto de la comisión de Educación del Senado es clave para despejarle el camino a otro emblema del gobierno: la reforma a la educación superior. El problema, reconocen en el Ejecutivo, es el lento trámite legislativo.
Para asegurar de manera permanente la extensión de la gratuidad al 60% más vulnerable, la iniciativa debiera salir del Congreso antes del 30 de septiembre próximo. De lo contrario, los recursos deberán ser asegurados a través de una glosa en el Presupuesto 2018. Aquí es donde, dicen en La Moneda, el gobierno ya decidió apostar a esta última alternativa y comenzar a buscar un acuerdo con el oficialismo y la oposición para sacar la reforma antes de que termine el período legislativo 2017, es decir, en enero del próximo año. A esta iniciativa se suma también el proyecto de universidades estatales.
Lo mismo ocurriría con el proyecto de gobernadores regionales y la reforma a las pensiones recientemente ingresada: la idea que se ha conversado en el comité político es cerrar conversaciones para despachar ambas iniciativas con acuerdo antes de enero. En La Moneda entienden que los próximos tres meses serán complejos en el Congreso, pues una gran parte de los parlamentarios estarán enfocados en la campaña presidencial y en capturar al electorado en los nuevos distritos y circunscripciones.
En el caso de los gobernadores regionales se apuesta a sacar uno de los dos proyectos pendientes, el de transferencia de competencias a las nuevas autoridades, durante el mes de octubre, mientras que definir la fecha de aplicación de las elecciones está pensado para antes del fin de periodo legislativo. Mientras tanto, en el caso de la reforma a las pensiones, el gobierno apostará a aprobar una de las tres leyes presentadas, apuntando al fondo de administración del 5% de cotización adicional. Ahí el gobierno pondrá sus fichas, considerando además que se avecinan las discusiones presupuestaria y el reajuste al sector público.
Pendientes, pero ingresados al Congreso quedarán los proyectos de migraciones, matrimonio igualitario, una indicación sustitutiva a la Onemi, el nuevo Servicio Nacional Forestal, y el proyecto de nueva Constitución, quizás de los que solo serán presentados, el más emblemático. (La Tercera)
