Desde que estalló la arista política del caso Penta y el Ministerio Público comenzó a escarbar en el financiamiento de las campañas políticas, ha sido un ejercicio casi obligado en el mundo político desempolvar sus boletas para verificar que tengan el debido respaldo y no sean parte de las irregularidades investigadas. Este chequeo lo ha realizado incluso La Moneda y no una, sino que en varias ocasiones durante los últimos meses, para asegurarse que la bola de nieve de las acusaciones no llegue hasta Palacio y, menos, que golpee a la Presidenta Michelle Bachelet.
Durante la primera quincena de enero, estalló la polémica del “caso yate”, que involucró al propio canciller Heraldo Muñoz, cuando el diario The Clinic online difundió la información sobre una exclusiva cena que se había realizado en septiembre del 2013 en Nueva York, a efectos de recaudar fondos para la campaña de Bachelet. El mal manejo y la confusa respuesta desde el Ministerio de Relaciones Exteriores fue caldo de cultivo para desatar una pequeña crisis en el Gobierno con una situación que no tenía ribetes de ilegalidad, pero que sí puso en alerta a La Moneda.
Fue en esos días, precisamente, que ingresaron a Palacio varias cajas con las boletas que se dieron durante toda la campaña presidencial del 2013. En el Gobierno se reconocía entonces que las boletas habían sido revisadas una por una, que todo estaba en regla, que había respaldo y justificación legal para cada documento emitido.
Es más, algunas autoridades de La Moneda agregaban que no era la primera revisión, que ya se había hecho una previa en el último trimestre del año pasado, precisamente como resguardo por la situación que atravesó en esas fechas el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quien fue involucrado en el Pentagate, por una boleta de 4 millones que el holding pagó a su ex fundación Ciudad Justa por un informe, que –según se afirmó en el transcurso de la investigación– habría sido para pagar deudas de la fracasada campaña senatorial por Santiago Poniente.
Notificados de ese hecho, en el Gobierno se tomó la decisión de revisar todo “con lupa” para evitarse sorpresas desagradables.Ese primer chequeo fue a pocas semanas de que estallara el Pentagate y fracasaran las gestiones que desplegó la UDI para intentar lograr un acuerdo político con La Moneda y, de esa forma, poner coto al avance del caso para evitar que se vieran involucradas figuras del gremialismo. En Palacio explican que, después de eso, el partido liderado entonces por Ernesto Silva se consiguió con el Servel la carpeta completa de la rendición de gastos que hizo el comando de Bachelet, con el objetivo de buscar “artillería” para otorgar argumentos al discurso del empate que desplegaba la oposición como defensa pública por esos días.
En La Moneda explicaron esta semana que toda la revisión de las boletas del comando bacheletista habría sido tarea y responsabilidad de Cristián Riquelme, quien precisamente fue el encargado de manejar todos los recursos recaudados para la campaña y que hoy se desempeña como director administrativo de La Moneda. “Él es el hombre clave, él hizo todo el chequeo”, precisaron ayer en Palacio.
Más de un timonel de partido de la Nueva Mayoría ha preguntado en estos meses directamente a las autoridades de La Moneda si existe el riesgo de que el comando bacheletista y sobre todo la Mandataria se vean públicamente involucrados en los escándalos de los financiamientos de campaña. En cada una de esas ocasiones se les ha garantizado que “todo está en regla” y que todas las boletas tienen respaldo.
CIRCO ROMANO
Los resguardos de Palacio no han servido, eso sí, para aquietar el nerviosismo que impera en el oficialismo desde que la arista del financiamiento de la minera Soquimich a diversas campañas políticas, de todo el espectro, comenzó a tomar fuerza.
Es comentario en la Nueva Mayoría que el nerviosismo inicial pasó de lleno a tener a varios parlamentarios “asustados” ante la posibilidad de que la Fiscalía sortee cortapisas como la del TC y pueda investigar o que el Servicio de Impuestos Internos (SII), que recibió documentación parcial de SQM, decida finalmente querellarse para darle con ello herramientas a los fiscales Sabas Chahuán, Carlos Gajardo, Emiliano Arias y Pablo Norambuena para avanzar en esta arista.
El temor se alimenta, explican en la coalición, en que hay una sensación generalizada de “abismo”. Nadie sabe realmente quién puede salir perjudicado y el problema con eso, añaden, es que “todos, sin excepción, pasamos a ser no confiables” ante los ojos de la ciudadanía. Ese clima de pozo sin fondo radica en que, puede que respecto de muchos nombres que salgan al ruedo, finalmente se compruebe que no hay nada ilegal –a diferencia del Pentagate y los parlamentarios UDI involucrados con boletas ideológicamente falsas–, pero el daño es el mismo, agregaron, porque a estas alturas todo es visto como algo corrupto por la opinión pública.
En estos días el SII está en el epicentro de la polémica, pues se instaló un manto de duda sobre el organismo, por eventuales presiones políticas para no querellarse o al menos dilatar las acciones lo más posible.
En el oficialismo reconocen que la situación del SII “es compleja” en estos días y nadie se atreve a descartar las presiones. En medio de este clima, La Moneda ha optado por la estrategia de desplegar el discurso del respeto por la autonomía de las instituciones para tratar –con poco éxito en verdad, reconocen– de despejar ese aroma a “arreglín político” que se ha instalado y, en paralelo, poner el acento en la necesidad de “cuidar” dichas instituciones.
Una prueba de ello fue la performance del ministro del Interior Rodrigo Peñailillo en Icare, donde junto con sentenciar que Chile no es un país corrupto, dijo que le preocupa el cuestionamiento a las instituciones, que es “en muchos casos injusto, porque estamos orgullosos de ser un país de trabajadores, de gente comprometida con el servicio público, y de empresarios y emprendedores que generan empleo y riqueza”.
Agregó que “cuando hablamos de que toda estas situaciones sigan un curso transparente y que sean revisadas por las instituciones que corresponde hacerlo, no confundamos eso con prejuzgar, con condenar anticipadamente, o con denostar por los medios que sea a las personas, empresas o funcionarios públicos”.
Muchos en la Nueva Mayoría reconocen que, dado el escenario y clima actuales, no queda otra que el SII dé una señal clara para bajar la presión imperante. Agregan que, como el “olor a arreglín” es algo inevitable en estos momentos, el único camino posible para revertirlo es “hacer de tripas corazón” y que el Servicio de Impuestos Internos vaya más allá y se querelle.
En el oficialismo coinciden en señalar que el financiamiento de las campañas se ha convertido en un verdadero “circo romano” y que, guste o no, habrá que hacer sacrificios, “van a tener que rodar algunas cabezas” para calmar las aguas.
A pesar del nerviosismo y el susto de muchos, en la coalición de Gobierno son mayoría los que precisan que “no hay espacio político ahora” para un acuerdo que ponga coto a este destape de la nebulosa relación entre la política y el empresariado, que ha sido la tónica en las últimas dos décadas y media. Por ahora, porque en algún momento –acotan– se tendrá que llegar a un consenso entre todos los sectores y delinear las reglas del juego hacia adelante. (El Mostrador)
