Este viernes, la revista Qué Pasa publicó que el ex seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de O’Higgins, Wilfredo Valdés, volvió a trabajar en el Gobierno, apenas tres meses después de renunciar envuelto en la investigación judicial del caso Caval.
El arquitecto tasó los terrenos en la comuna de Machalí para el Banco Santander en 2013 –antes de asumir como seremi-, que compró la empresa de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, gracias a un préstamo de $6.500 millones del Banco de Chile.
Valdés renunció en junio para dedicarse a su defensa judicial “con mayor fuerza, decisión y de manera personal y no como autoridad. Creo necesario que mis acciones en este aspecto no afecten las labores de mi equipo en la Seremi”, dijo.
Pero el 1 de septiembre pasado el arquitecto fue contratado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles como inspector técnico de obras con un sueldo mensual bruto de $2,4 millones.
LOS QUE HAN VUELTO
Pero el ex seremi es sólo un ejemplo de las autoridades del Gobierno de Bachelet, como ministros, intendentes, embajadores y jefes de servicio, que han sido recontratados en la misma Administración Pública, en municipios o en instituciones internacionales que mantienen fuertes vínculos con el Estado chileno y reciben financiamiento.
En julio pasado, el ministro del Interior, Jorge Burgos, cambió los intendentes de las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins, Los Lagos y Aysén, pero al menos tres de ellas han vuelto a laborar en el Estado.
Apenas un mes estuvo cesante Morín Contreras, intendenta de O’Higgins y ex seremi de Vivienda en esa región durante el anterior gobierno de Bachelet, porque fue contratada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo como jefa de la división de finanzas con un sueldo de $5,4 millones, un cargo que estaba vacante desde que asumió el actual gobierno.
Un caso similar es el de la ex intendenta de Aysén, Ximena Órdenes Neira, quien asumió el mes pasado como jefa de la división de coordinación nacional de laSubsecretaría de Prevención del Delito y Seguridad Pública, que dirige Antonio Frey.
Otra intendenta que salió en ese cambio, Hanne Utreras, de Coquimbo, fue contratada por la Secretaría de Planificación Comunal (Secplan) de la Municipalidad de La Serena con un sueldo de $2 millones para “contratar proyectos sectoriales, coordinar acciones para impulsar y mejorar los tiempos asociados a la ejecución de proyectos que se financian con fondos sectoriales”, según la alcaldía.
ASESOR DE DD.HH.
El abogado comunista Eduardo Contreras fue sacado de la embajada de Uruguay en junio pasado, envuelto en un escándalo tras afirmar que grupos “de ultraderecha” estaban detrás de los ataques con bomba en el SubCentro de la estación del Metro Escuela Militar, y acusar a la DC de haber apoyado el golpe militar de 1973.
Pero un mes y medio después lo contrató el canciller Heraldo Muñoz con un sueldo de $2,5 millones como asesor en “la Dirección de Derechos Humanos en las causas que se tramitan ante los órganos del sistema”.
La crisis de los hospitales llevó a la entonces subsecretaria de Redes Asistenciales,Alejandra Verdugo, a pedirle la renuncia al jefe de inversiones hospitalarias del Ministerio de Salud, Sergio Teke Sandoval, quien luego fue contratado por elServicio de Salud de la Araucanía precisamente como asesor en el plan de construcción de los hospitales públicos de Carahue, Villarrica, Pitrufquén, Padre Las Casas, Makewe y Cunco.
Además, en mayo Verdugo también le pidió la renuncia al jefe de la División de Inversiones, Alan Mrugalski (PS) -involucrado en la polémica inauguración del Hospital de Curepto, en 2008-, pero lo dejó como su asesor.
El asesor territorial contratado por el Ministerio del Interior para la reconstrucción en el norte, Patricio Canelo, “experto en desarrollo organizacional” con estudios de enseñanza media y un llamativo sueldo de $4,4 millones, fue despedido, pero contratado por la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, por $3,1 millones para ejecutar un plan de participación ciudadana.
RECICLAJE DE EX MINISTROS
Cuatro de los ex ministros destituidos por Bachelet se han rearmado laboralmente en diferentes instituciones vinculadas al servicio público, la academia y los partidos políticos.
El ex ministro de Hacienda, Alberto Arenas, fue contratado como asesor macroeconómico por la CEPAL, organismo que depende de las Naciones Unidas, institución que recibe una cuota anual de US$ 9 millones del Estado de Chile. Su ex colega Rodrigo Peñailillo fue empleado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) para investigar los “desafíos futuros de Chile”.
La ex ministra de Salud, Helia Molina, quien renunció tras acusar a las clínicas privadas de realizar abortos, llegó como vicedecana de Investigación y Desarrollo y jefa de salud pública de la estatal Universidad de Santiago de Chile.
En tanto, el ex vocero, Álvaro Elizalde, sigue vinculado a los temas públicos pero a través de la presidencia del instituto privado del Partido Socialista “Igualdad”, que tiene como misión “contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas y republicanas de Chile, y la difusión de las ideas democráticas en un marco de igualdad social, crecimiento económico con bienestar, integración y cohesión social, con respeto pleno de la pluralidad y la libertad”.
