Se podría decir en una primera mirada al borrador de la nueva Constitución que la mejorará, ya que establece un conjunto de principios que uno podría considerar van en la línea correcta, como por ejemplo la existencia de un Sistema Nacional de Salud que garantiza el derecho a la salud y bienestar integral de la población, de carácter universal, integrado y regido por los principios de equidad, entre otras características.
Sin embargo, empiezan a surgir dudas sobre si el futuro sistema de salud mejorará o emporará las condiciones de los chilenos, cuando se lee que el Sistema Nacional de Salud “podrá” estar integrado por prestadores públicos y privados y que la ley determinará los requisitos (¿sin fin de lucro?) y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse al modelo.
Esto implica que el sistema podría ser mixto o simplemente estatal, en cuyo caso la salud de los chilenos empeorará, ya que a los más de nueve millones de personas afiliadas a Isapres y Fonasa que hoy se atienden en el sistema privado por propia decisión se le ponen barreras o se les obliga a atenderse en la red estatal de salud a pesar de sus persistentes problemas de calidad y oportunidad.
A su vez, esto también empeorará la salud de los otros nueve millones de personas que se atienden en la red pública, al aumentar la presión asistencial generando más colas y prolongando los tiempos de espera para recibir una atención de salud digna.
Del texto además se desprende que todas las cotizaciones obligatorias de los trabajadores para salud irán a un fondo único de reparto generando solidaridad entre la clase media y la población de menores ingresos vía cotizaciones, lo que implica que los trabajadores de ingresos medios harán un doble esfuerzo de solidaridad para financiar el sistema de salud, vía impuestos generales y vía el impuesto específico que es la cotización para salud aportando proporcionalmente más que los más ricos para sostener dicho sistema.
La disposición anterior también implica que desaparecen las Isapres. Esto podría producir, según como se implemente, que sus beneficiarios estarán peor ya que o se atienden a futuro en la red estatal o si quieren seguir atendiéndose en el sistema privado deberán comprar seguros complementarios financiados 100% de su bolsillo para tener una cobertura similar a la actual sobre el costo de las prestaciones y que hoy se financia en parte con cargo a su 7%.
No está claro qué pasará con el 40% de los beneficiaros de Isapre que tienen preexistencias o tienen más de 65 años, ya que de no mediar una importante reforma a los seguros complementarios tendrían que engrosar las listas de espera del sistema fiscal: dos millones de personas para atenderse con un especialista y 330 mil personas por una cirugía.
El pleno de la CC le deja al gobierno y al Parlamento una gran responsabilidad para decidir si el sistema de salud “mejorará o empeorará la salud de los chilenos”, ya que de aprobarse este borrador de Constitución podría legislar sobre diferentes opciones, desde un Sistema Nacional de Salud estatal monopólico e integrado verticalmente y donde la mixtura privada sea más bien formal y marginal; hasta un sistema basado en principios de la seguridad social de carácter mixto y en que se reconozca al Estado como un eje conductor y organizador del sistema, pero donde no se prescinde de la ayuda que pueda aportar el sector privado en el ámbito financiero y prestador de servicios de salud. Por ende, será una gran responsabilidad política que ojalá se guíe prioritariamente por el bienestar de la población más que por visiones ideológicas, que pueden ser legítimas, pero que en cuanto a salud muchas veces no reflejan lo que la gente quiere y necesita y se pueda evitar así que los chilenos tengan que marchar para recuperar los derechos adquiridos en salud. (La Tercera)
Héctor Sánchez
