Las acusaciones que involucran al ex Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, han generado cuestionamientos más allá de lo político, abarcando aspectos esenciales del compliance en la función pública. Esto obliga a analizar el caso bajo el artículo 175 del Código Penal chileno, que exige a los funcionarios públicos denunciar cualquier ilícito del que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
En una conferencia de prensa, el Presidente Gabriel Boric admitió haber sido informado por Monsalve sobre la revisión de cámaras de seguridad en el hotel donde se habría producido el delito. Este reconocimiento pone de relieve una cuestión crítica: la posible omisión del deber de denunciar por parte del mandatario, conforme a lo estipulado en dicho artículo.
El deber legal de denunciar
El artículo 175 del Código Penal establece que los fiscales y demás empleados públicos deben denunciar los delitos de los que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Esto incluye especialmente a aquellos en cargos de liderazgo, como el Presidente, quienes tienen la responsabilidad de informar sobre ilícitos relacionados con la conducta de sus subalternos. En este caso, al saber que Monsalve revisó imágenes potencialmente relevantes para una investigación de abuso sexual, el Mandatario pudo haber incurrido en una omisión al no informar de inmediato a la Fiscalía.
¿Cumplimiento o protección política?
El compliance no solo implica cumplir con la ley, sino actuar con transparencia, ética e integridad. La demora de 48 horas en solicitar la renuncia de Monsalve, sumada a la revelación de que el Presidente ya conocía la revisión de cámaras, genera dudas sobre si se respetaron los estándares mínimos de cumplimiento.
En situaciones críticas, la respuesta debe ser rápida, clara y ajustada a la legalidad. La falta de celeridad ha generado críticas políticas y afectado la percepción ciudadana sobre la capacidad del gobierno para actuar con el rigor y la transparencia que la normativa exige. El incumplimiento de la obligación de denunciar puede acarrear responsabilidades legales para quienes omiten este deber, especialmente cuando se trata de delitos graves como una agresión sexual.
El rol del compliance en la función pública
El compliance en la función pública es menos visible que en el sector privado, pero no menos crucial. Los funcionarios públicos están sometidos a altos estándares de ética y transparencia porque su conducta afecta la confianza en las instituciones. El artículo 175 tiene como fin último garantizar que los delitos no queden impunes, especialmente cuando son conocidos por quienes deben actuar en beneficio de la ciudadanía.
La responsabilidad del cumplimiento en el sector público no se limita a denunciar hechos ilícitos, sino que también implica adoptar medidas preventivas que reduzcan riesgos de corrupción, abuso de poder y falta de transparencia. La percepción de que el Ejecutivo pudo haber actuado de manera más contundente resalta la necesidad de reforzar la cultura de cumplimiento en todas las esferas del Estado.
¿Qué esperamos de nuestros líderes?
El caso Monsalve plantea una interrogante fundamental: ¿cómo deben actuar nuestros líderes cuando se enfrentan a situaciones que ponen a prueba su integridad y la del sistema que representan? El cumplimiento normativo es una pieza clave para construir confianza pública. Cuando el Presidente toma conocimiento de posibles delitos en la conducta de sus subalternos, el deber de denunciar es ineludible. No se trata de un simple trámite, sino de un acto de transparencia que asegura que la justicia actúe de manera oportuna.
El artículo 175 del Código Penal refleja el espíritu del compliance en el sector público: la obligación de denunciar es una salvaguardia contra la impunidad. El Estado, a través de sus funcionarios, debe ser el primero en dar el ejemplo, actuando con rapidez y transparencia. Esto es lo que garantiza la confianza ciudadana en nuestras instituciones.
En un Estado de derecho, el cumplimiento normativo no puede ser opcional ni estar sujeto a cálculos políticos. Los estándares éticos y legales son claros, y cuando se transgreden, las consecuencias deben ser proporcionales y evidentes. Para que el cumplimiento sea efectivo, debe aplicarse de manera coherente, sin importar el cargo o la influencia de los implicados. (Red NP)
Carolina Álvarez
Abogada y Asociada Senior Admiral Compliance
