“La mayoría de la empresas se ciñen estrictamente a la ley. Lo quiero decir porque hay una creencia de que todos los empresarios hacen lo mismo, y que todas las empresas están involucradas en hechos irregulares y eso no es así”. Las afirmaciones son ni más ni menos que de Eliodoro Matte, dueño de la CMPC, más conocida como La Papelera, la que acaba de ser denunciada por engañar a los consumidores durante más de una década.
Para que nadie se equivoque, es necesario aclarar que Matte no se refería a ceñirse a todas las leyes ni evitar todas las irregularidades, solo buscaba aclarar que sus empresas no estaban involucradas en el escándalo de las platas políticas como Penta y Soquimich –no es que no aportaran grandes sumas a la política, pero lo hacían legalmente, sin boletas truchas–. Otra cosa son los precios abusivos y aprovecharse de las necesidades de la población cada vez que usan un producto de La Papelera en el baño, la cocina o el comedor.
El caso recién comienza. Seguramente el líder del grupo Matte dirá que nada sabía, que prueba de ello es que fue la propia Papelera la que se autodenunció y que los ejecutivos involucrados ya fueron despedidos.
Vamos por parte. ¿Es posible pensar que los dueños de dos empresas ignoran un acuerdo entre ellas para fijar precios y establecer cuotas de producción durante más de diez años? Hasta un niño diría que eso es una payasada.
Como prueba de su inocencia, Ruiz-Tagle señala que la Fiscalía no inició acción alguna en su contra. ¡No se confunda! La FNE, como lo explicitó el Fiscal Nacional Económico Felipe Irarrázaval, no persigue a personas sino a empresas. Y esto porque la delación compensada, que es la herramienta fundamental para desbaratar este tipo de mafias, no está contemplada en nuestro sistema penal para delitos contra la libre competencia. Esto significa que si la Fiscalía quiere perseguir judicialmente a los empresarios no puede recurrir a este mecanismo. Y como las pruebas en este tipo de casos son prácticamente imposibles de conseguir sin la autodenuncia, el caso queda en nada.
En síntesis, Ruiz-Tagle sabe que la Fiscalía no puede perseguirlo personalmente, pero utiliza maliciosamente este argumento como prueba de su inocencia.Sin embargo, es lo que intenta hacernos creer el otro coludido, el empresario Gabriel Ruiz-Tagle, el ex ministro del Deporte de Sebastián Piñera, el ex presidente de Colo-Colo que se resistía a vender sus acciones, el que busca ser candidato a alcalde de Providencia. Según la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la colusión entre la Papelera y SCA, comenzó cuando esta última pertenecía a Ruiz-Tagle. Más aún, el fraude se habría iniciado cuando el empresario en persona se juntó –a mediados del año 2000– con uno de los gerentes de la Papelera, Jorge Morel, en el Club de Golf Las Brisas de Chicureo.
El ex ministro también acusa persecución política en su contra debido a su intención de ser alcalde. Cabe preguntarse quién estaría detrás de tal persecución, ¿el grupo Matte, el fiscal Irarrázaval? Su paranoia política no resulta verosímil.
Lo que sí resulta inquietante en el ámbito político es la participación del otro involucrado: la Papelera, la empresa emblemática del grupo Matte, la que lideró la oposición empresarial contra el Gobierno del ex Presidente Salvador Allende. El grupo Matte no solo es uno de los más poderosos económicamente sino que, además, se ufana de su aporte al debate político, en especial de su influencia en las políticas públicas. No en vano donó –el año pasado– cerca de 20 millones de dólares para crear un fondo destinado a financiar las actividades del Centro de Estudios Públicos, CEP, el centro de pensamiento más prestigiado de la derecha. Uno de los que dictamina el bien y el mal en materia de reformas tributarias, constitucionales, educacionales, entre otras. Al que suelen ir los Presidentes de la República para establecer relaciones con el empresariado…
Raro sería que el hombre fuerte del grupo Matte nada supiera… durante toda una década de buenas ganancias para seguir invirtiendo.
En cuanto a la autodenuncia como factor de inocencia, no hay que ser especialmente informado ni astuto para saber que –salvo rarísimas excepciones– nadie se autoacusa si no corre el riesgo de ser pillado. Y así lo dejó claro la FNE. La alarma se encendió el año pasado en Colombia cuando las autoridades de ese país se querellaron contra la filial de la Papelera al detectar –¡vaya coincidencia!– un acuerdo para fijar precios en el mercado del papeltissue. El fiscal Irarrázaval sostuvo que simplemente siguieron la hebra, “depurando la puntería”, y llegaron a la Papelera y a SCA. Y entonces… ¡ambas se autodenunciaron! Es decir, al verse acorraladas, simplemente confesaron.
Por último, está el argumento del despido de los “malos” ejecutivos. Son los que pagarán el pato, como se dice en buen chileno. Sin embargo, sería bueno saber en qué condiciones fueron despedidos, si tuvieron o no derecho a suculentas indemnizaciones. Y, sobre todo, cabe preguntarse por qué la Papelera no los denunció a la justicia si estaban cometiendo un delito y perjudicando gravemente el prestigio de la empresa. No solo utilizaban celulares de prepago para que no se detectaran sus conversaciones sino que ¡lanzaron sus computadores al canal San Carlos para ocultar la operación!
El caso fue denunciado por la FNE con bombos y platillos. Sin embargo, las consecuencias del delito resultan irritantes. La Papelera, por ser la primera en autodenunciarse, no tendría que pagar ni siquiera una multa mínima. Para SCA se solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia una multa de 15,5 millones de dólares. Una cifra irrisoria y grotesca si se considera que el negocio de estos papeles de limpieza genera ventas por cerca de 500 millones de dólares al año.
Además, nadie irá preso. Porque el año 2003 se eliminó la pena de cárcel para quienes se ponen de acuerdo para engañar a los consumidores. Es que son lo que dan trabajo… Recién en marzo de este año –a raíz de los pollos, las farmacias, los buses– la Presidenta Bachelet envió un proyecto de ley para reponer esta sanción y aumentar las multas. Aún se tramita en el Congreso.
Junto con aumentar penas y multas, la nueva ley también debe ajustar el mecanismo de la delación compensada. De hecho, así lo planteó en sus propuestas la comisión Engel. La delación compensada representa una zanahoria para confesar pero no puede ser un perdonazo. En Estados Unidos, quienes se acogen a este beneficio no van a la cárcel como ocurre con el resto de los ejecutivos implicados en el delito, pero deben devolver todos los recursos obtenidos en forma impropia.
Quizás cuando estalle el próximo escándalo ya tengamos una legislación eficiente y penas ejemplificadoras. Por ahora, mucho ruido y pocas nueces. Los ciudadanos acumulando más rabia y desconfianza, mientras se expande la creencia de que todos los empresarios hacen lo mismo. Esa idea exótica que tanto molesta a Eliodoro Matte.
