La prolongada paralización que finalmente depuso el Registro Civil ha sido probablemente una de las situaciones más complejas que le ha tocado enfrentar al actual gobierno, no sólo por el gran daño que generó en la ciudadanía, sino por la dificultad creciente que ha ido mostrando el Ejecutivo para aplicar la ley en circunstancias como ésta. Es importante recordar que esta huelga ilegal no sólo contraviene las disposiciones del Estatuto Administrativo, sino también la propia Constitución. Surge entonces la pregunta de por qué un gobierno que busca cambios importantes a través de reformas legales, parece incapaz de aplicar la legislación vigente. ¿Tienen sentido entonces grandes esfuerzos legislativos cuando el cumplimiento de las leyes importa poco a las autoridades?
Para responder, debemos recordar que este paro no es la primera situación de este tipo que enfrenta el gobierno, como tampoco es este último el único que ha sufrido huelgas ilegales. Por el contrario, se remontan hace varios años, y como era de esperar, han ido aumentando en número y fuerza. Es fácil hacer un símil con una situación que con gran seguridad todos los padres hemos sufrido; las pataletas de nuestros niños preescolares cuando quieren conseguir algo. Afortunadamente la gran mayoría tenemos conciencia de los desastrosos efectos de ceder a estas presiones, ya que sólo aumentarán en frecuencia e intensidad, hasta el punto que nuestros adorados y deliciosos niños se conviertan en pequeños monstruos. Sin duda, el gobierno ha cedido a “las pataletas”, ya que las paralizaciones no sólo nunca han terminado en sanciones, sino por el contrario, sus responsables han salido claramente beneficiados de las mismas.
Las autoridades entonces, al igual que los padres más débiles, han tenido el beneficio de corto plazo de calmar la situación y salir airosos entregando un pequeño dulce, pero activan una bomba de tiempo, ya que no sólo la próxima pataleta será más intensa, sino probablemente buscará un premio más suculento.
Por lo tanto, las autoridades de este gobierno y los anteriores son responsables ahora de que la bomba les esté estallando en la cara, y todo el país está pagando bien caro las crecientes vulneraciones al Estado de Derecho. Los mismos parlamentarios y políticos que hace un tiempo apoyaban estas manifestaciones ilegales, ven ahora las dificultades crecientes que se han incubado con esas actitudes irresponsables. El respeto a la legalidad vigente es, sin duda, una condición clave para el funcionamiento de una democracia, y es de vital importancia que se logre recuperar. Afortunadamente la creciente restricción de recursos fiscales está llevando a la urgente necesidad de aplicar la ley, ya que definitivamente “los papás del niño arriesgan su solvencia si ceden a la pataleta”. El gobierno está intentando mostrar mayor firmeza, y es de gran importancia que los funcionarios del Registro Civil no queden con la percepción de que la ilegalidad fue compensada y que los beneficios superaron los costos. Está por verse aún cómo serán tratados los días no trabajados, considerando que en situaciones anteriores en general los responsables no han asumido los perjuicios de su accionar. Ha llegado la hora de hacer cumplir la ley, aunque sea porque el bolsillo fiscal no puede seguir financiando la ilegalidad.
