El miércoles pasado ingresó al Senado un proyecto de reforma constitucional que incluye modificaciones al sistema político y electoral. Este proyecto, presentado por un grupo transversal de senadores, busca revivir algunos aspectos de la reforma política que se derrumbó hace un año con el rechazo a la nueva Constitución. Su principal promotor, el Senador Alfonso De Urresti, argumentó que la propuesta representa un amplio consenso, emanado originalmente de un acuerdo dentro de la extinta Comisión de Expertos.
Casi de inmediato, surgieron las críticas de los “aliados”. Esto es “un golpe blando a la democracia” declaró Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical. Tanto Cubillos como el diputado Tomás Hirsch y la diputada Ana María Gazmuri acusaron a los impulsores de este proyecto de tratar de reinstaurar el binominal, “de Pinochet”, como aclaró la diputada Joanna Pérez, por si quedaban dudas. El diputado Raúl Soto denunció un intento de secuestrar la democracia. Mientras que los senadores de derecha están acostumbrados a este tipo de improperios, imagino a los Senadores De Urresti, Lagos Weber y Saavedra al menos sorprendidos del fuego amigo que ahora los caracteriza como neo-golpistas.
A menos de un año de las elecciones, este proyecto de ley parece un barco que zarpó ya hundido. Los presidentes del PPD, Jaime Quintana, y del PS, Paulina Vodanovic, quienes inicialmente formaban parte del grupo transversal que elaboró la reforma, saltaron del barco a tiempo y no aparecieron en las fotografías del grupo “transgresor” el miércoles pasado.
¿Cuáles son las osadas propuestas de esta camarilla conspirativa? Básicamente, que, a partir de la elección parlamentaria del 2029, se aplique a los partidos un umbral del 5% de los votos válidos a nivel nacional para obtener bancas. Para la elección del 2025, se imponen unas reglas transitorias que permitirían a los partidos ganar bancas con menos votos o aliándose con otros partidos de su lista. Además, la reforma establece que los parlamentarios que renuncien a su partido o los independientes que se sumen a un partido distinto al que les permitió ser elegidos, perderían su banca.
Sin embargo, la controversia principal surge de la idea de aplicar un umbral. Como todos saben, el sistema partidario de Chile está hoy en día hiperfragmentado, y esta propuesta busca reducir el número partidos a una cantidad más razonable que facilite la gobernabilidad, manteniendo una representatividad amplia.
Si bien una reforma electoral que reduzca el numero de bancas por distrito sería mucho más eficiente para lograr este objetivo, todo indica que el oficialismo no está dispuesto a seguir ese camino. El umbral propuesto, intenta reducir la fragmentación y facilitar la formación de mayorías, beneficiando tanto a un eventual gobierno como a su oposición.
En el 2008, la Corte Europea de Derechos Humanos, al analizar el caso de Turquía y su umbral parlamentario del 10%, consideró legitimo imponer dicho requerimiento para evitar una fragmentación parlamentaria debilitante y fortalecer la estabilidad. Umbrales del 5% se utilizan en países como Alemania, Polonia, y la República Checa para elegir parlamentarios, y nueve países europeos los aplican para elegir miembros del Parlamento Europeo.
Los múltiples mini partidos que habitan el escenario político contemporáneo temen por su futuro, pero negar las consecuencias negativas de la hiperfragmentación partidaria es irresponsable. Buscar soluciones y esforzarse en trabajar transversalmente en esa dirección es un esfuerzo loable y demuestra un compromiso con la democracia. La reforma presentada no es ideal, pero es ampliamente mejor que quedarse sentados con los brazos cruzados, descalificando a aquellos que tienen la valentía de buscar soluciones a desafíos complejos. (La Tercera)
Eduardo Alemán
Cientista político, Universidad de Houston
