LA RENUNCIA de Carlos Montes a la jefatura de los senadores socialistas y a la Comisión de Hacienda es un duro cuestionamiento a la gestión gubernamental. La Presidenta vuelve a tropezar con la misma piedra que en su primer gobierno. Gobiernos de administración no pueden darse lujos respecto de su base política y su base social; ese es un camino seguro a la catástrofe. Con mayor razón los gobiernos que se proponen introducir cambios significativos.
La dupla Valdés y Eyzaguirre ha definido un derrotero que ignora las preocupaciones y objetivos de la coalición que sustenta la actual administración, contradice sus principales convicciones y no tiene contención alguna para llegar a acuerdos con la oposición incluso en contra de la opinión mayoritaria de su coalición. Naturalmente, los ojos se dirigen inmediatamente hacia la Presidenta de la República. Es ella, o la abdicación que ha hecho de sus responsabilidades políticas, lo que resulta particularmente preocupante. Si bien para los dos funcionarios mencionados, educados en la ideología del iluminismo tecnocrático no resulta problemático arriesgar la continuidad de la base política del gobierno como ya sacrificaron la relación del gobierno con los funcionarios públicos, ello no resulta comprensible de parte de la primera Mandataria. Que el senador Carlos Montes declare que ha fracasado en el esfuerzo por poner en el primer lugar de la agenda económica el desafío del crecimiento, en la puesta en marcha de un plan de fortalecimiento de las universidades estatales y en el intento de incidir como coalición en la conducción gubernamental, significa que el gobierno se ha divorciado de su coalición.
El síndrome del “pato cojo” es una realidad. Lo que hoy importa, pese a que al gobierno le falta un año y tres meses, son las próximas elecciones presidenciales. Los hechos descritos son un llamado de atención para terminar con los proyectos personalistas que construyen su popularidad a partir de su distanciamiento de los partidos políticos. Apostar a esos “llaneros solitarios” es renunciar a la posibilidad de que el futuro gobierno pueda siquiera pensar en impulsar una agenda política coherente, discutida democráticamente y resuelta en las primarias y las discusiones ulteriores para ordenar las voluntades tras el candidato triunfador. No es un derrotero auspicioso buscar imponer nombres con el solo argumento de la urgencia de levantar una alternativa para detener al candidato de los adversarios. Menos aún lo son, comportamientos que llevan al propio partido político que ha levantado un nombre a quejarse de la insistencia del candidato de que él es independiente y toma sus propias decisiones. Los desafíos políticos en una sociedad democrática solo pueden ser resueltos mediante la convergencia de voluntades colectivas. La ingobernabilidad que aqueja la relación entre el gobierno y la Nueva Mayoría debería ser una advertencia definitiva en este campo. Más aún, cuando en la próxima administración se jugará el futuro de las reformas en marcha y de las otras que necesita el país. En tal sentido, el gesto del senador Montes, es de una tremenda relevancia.
La Tercera
