La forma en que el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha intentado materializar su promesa de gratuidad en la educación superior se parece al juego de la ruleta rusa. Con cada traspié en el diseño del nuevo sistema varía el universo de los estudiantes que podrán estudiar sin tener que endeudarse ni depender de becas indexadas a un arancel de referencia. La improvisación con que el gobierno está diseñando la política pública más simbólica de su cuatrienio permite anticipar que cuando comience la implementación de la gratuidad a partir de marzo de 2016, los obstáculos que siempre son mayores que en la etapa de diseño, harán que la promesa de gratuidad se convierta en un Transantiago de proporciones nacionales y mucho mayores que la desastrosa puesta en marcha del sistema de transportes en la Región Metropolitana en 2007. Después de todo, a diferencia del Transantiago, la promesa de gratuidad involucra al sueño más preciado en la sociedad chilena, la movilidad social.
Nadie pone en duda que ha reinado la improvisación en el diseño del plan para materializar la promesa de gratuidad en la educación superior. Después de un cambio de ministro en educación, el gobierno apostó por introducir la gratuidad en forma de glosa presupuestaria antes que enviar una ley que creara reglas claras para decidir quiénes se beneficiarían y cuáles serían los requisitos. Pero ya que el Tribunal Constitucional objetó el mecanismo que el gobierno introdujo en la ley de presupuesto, La Moneda ahora debe improvisar nuevas reglas para hacer que la gratuidad se convierta en realidad parcial a partir de enero de 2016 (en dos semanas más), cuando se inicie el proceso de postulaciones una vez que se conozcan los resultados de la PSU.
Tan mal se han hecho las cosas, que el senador oficialista Ignacio Walker reconoce que en el gobierno “sigue habiendo mucha improvisación y desprolijidad”. Las discrepancias al interior del oficialismo son cantinflescas. Mientras el gobierno considera la idea de asociar el acceso a la gratuidad a los años de acreditación de las universidades, varios parlamentarios prefieren empezar por las universidades estatales o las del CRUCH (clasificaciones que no agrupan a la misma cantidad de instituciones). La prensa ha reportado, por filtraciones de funcionarios de gobierno, que la propia Presidenta Bachelet se molestó cuando supo que en el más reciente plan de Hacienda quedaban fuera algunas universidades estatales. La molestia de Bachelet evidencia tanto lo desconectada que está la Presidenta con las decisiones clave que toman sus ministros como la poca claridad que tienen sus ministros para saber las prioridades de su jefa. Basta con haber seguido por la prensa la discusión sobre la gratuidad para adivinar que la Presidenta Bachelet prefiere otorgar prioridad a las universidades estatales que a los alumnos de los sectores más vulnerables.
En buena medida, los conflictos al interior de la coalición oficialista responden a que la gratuidad significa cosas radicalmente distintas para distintas posturas ideológicas. Para algunos, la gratuidad se debe centrar en los alumnos más vulnerables. Para otros, la gratuidad debe primero evitar beneficiar a universidades que lucren. Los dos principios no son perfectamente compatibles. Muchos alumnos vulnerables estudian en instituciones de educación superior que lucran. Por eso, mientras el gobierno no especifique cuál es el objetivo primordial de la gratuidad, la confusión seguirá reinando. Es cierto que se puede inferir cuál es la prioridad de Bachelet, pero también es evidente que sus prioridades no son las mismas que las de su ministro del Interior o del titular de Hacienda.
Desafortunadamente, mientras reina la confusión en el gobierno sobre cuál es el objetivo de la gratuidad (alumnos vulnerables o instituciones), hay decenas de miles de alumnos afectados por la incertidumbre. Como pasajeros a la espera de un bus del Transantiago que nunca se sabe cuándo llegará, los estudiantes no saben si podrán acceder a la gratuidad porque no ha sido definido cuál será la línea de corte y porque no está claro qué instituciones podrán acceder al beneficio.
Como si todo esto no fuera suficiente incertidumbre, la forma en que se implementará la paridad afectará directamente a los presupuestos de las instituciones educacionales beneficiadas y excluidas. La capacidad de esas instituciones de ofrecer educación de similar calidad (buena o mala) a la que actualmente ofrecen depende de los recursos con los que cuenten en 2016. Como para demostrar que cuando la regulación es inadecuada, el Estado hace más daño que el causado por las asimetrías de mercados imperfectos, el gobierno decidió convertir la promesa de gratuidad en una ruleta rusa en la que hoy están participando decenas de miles de estudiantes que no saben cuál será su destino cuando les toque apretar el gatillo del financiamiento de su educación superior.
