Ninguno de los esfuerzos por retener a Rodrigo Valdés en el gabinete sirvió de algo. El domingo pasado, cuando la crisis ya amenazaba con escalar a niveles inmanejables, Nicolás Eyzaguirre se reunió en su casa con el hasta entonces titular de Hacienda para intentar calmar su ánimo. Ambos son amigos cercanos, su relación se extiende a sus respectivas esposas y es un hecho conocido que el hoy ex ministro de la Presidencia fue uno de los promotores de que Valdés llegara a hacerse cargo de las finanzas públicas cuando su nombre no era la primera opción de la Jefa de Estado.
Pero ni siquiera esa cercanía ayudó a que el ingeniero comercial de la Universidad de Chile y doctorado en Economía del MIT cambiara de parecer.
Eyzaguirre llegó al día siguiente a La Moneda desalentado. Al resto del comité político les relató durante la jornada la “larga conversación” que había tenido con Valdés y en la que el jefe del equipo económico le había reiterado su incomodidad por el debilitado rol que estaba jugando como ministro de Hacienda en la delimitación de las políticas públicas del gobierno.
Esa sería la primera vez que La Moneda calibraba la magnitud de la tormenta que se había desatado la semana anterior y que, hasta entonces, creían acotada al ministro de Economía, Felipe Céspedes, y al subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, ambos DC, a raíz del rechazo del proyecto minero Dominga en el Comité de Ministros del sistema de evaluación ambiental del 21 de agosto.
Alentado por Céspedes y Micco, Valdés jugó una arriesgada apuesta y perdió. En La Moneda sostienen que el jefe del equipo económico se estrelló con una Presidenta que en la recta final de su mandato se atrincheró junto a sus colaboradores de más confianza para preservar lo que será el legado de su gobierno y recuperar el sello que prometió el 28 de marzo de 2013, en la comuna de El Bosque, a su regreso de Nueva York, cuando anunció que sería candidata presidencial para “derrotar las desigualdades” y que para eso “había que repensar las bases del desarrollo”. “El verdadero desarrollo no existe si no es inclusivo y sostenible en el tiempo”, afirmó en esa ocasión.
En esa primera intervención, Bachelet mostró, en parte, su alma más de izquierda. “Durante mucho tiempo nos dedicamos a hacer ajustes y cambios al modelo. Algunos han sido buenos. Pero otros insuficientes. Tenemos que llevar a cabo reformas más profundas si de verdad queremos derrotar la desigualdad en nuestro país”, remarcó.
La misma alma que reaparecería con nitidez casi cuatro años después, el 30 de junio, en su última cuenta pública como Mandataria, cuando pidió ir más allá de las reformas que había iniciado su gobierno. Y que ha marcado cada vez que siente amenazada su autoridad.
Le ocurrió a Jorge Burgos, su flamante ministro del Interior, quien junto a Valdés en Hacienda, buscó recuperar algo del espíritu concertacionista de antaño bajo el eslogan de “realismo sin renuncia”, que apelaba a las reformas graduales que guiaron los primeros gobiernos de la Concertación. Aunque debilitada por la salida de su gabinete original -que incluía a Rodrigo Peñailillo en Interior y Alberto Arenas en Hacienda-, la Presidenta tempranamente desestimó que el desembarco de un nuevo equipo ministerial implicaba resignar su impronta: “Algunos leyeron sólo la palabra realismo y no escucharon el ‘sin renuncia’, dijo Bachelet en entrevista con Reportajes el 8 de agosto de 2015.
Por lo mismo, señalan en La Moneda, les es difícil entender las razones que tuvo el equipo económico encabezado por Valdés para iniciar hace dos semanas una pugna de poder con la Presidencia y más aún el que lo hayan hecho levantando una dicotomía entre crecimiento versus protección del medioambiente a partir de un proyecto que ha estado en la polémica, como es el emprendimiento minero y portuario en la Región de Coquimbo.
LA REBELIÓN DE CÉSPEDES
En La Moneda aseguran que la intención del gobierno era postergar para después de las elecciones presidenciales o incluso para la próxima administración la definición ministerial del proyecto Dominga. En el entorno de Bachelet no había interés para reflotar el tema, debido a la polémica por los dos terrenos de media hectárea que Bachelet compró en la zona a su nuera, Natalia Compagnon, para dejárselos a sus hijas.
Además, según los cálculos de Palacio, no había apuro. Aunque la ley medioambiental fija un máximo de 60 días hábiles para que el Comité de Ministros del SEA revise la resolución adoptada por los comités regionales, este plazo rara vez se cumple. En el caso de HidroAysén, por ejemplo, pasaron más de tres años en que fuera revocada la resolución de calificación ambiental otorgada por la entonces Corema de Aysén.
Fuentes cercanas a la empresa Andes Iron, dueña de Dominga y controlada por las familias Délano y Garcés, añaden otro antecedente. Todas las señales que habían recibido desde el gobierno, tanto del equipo económico como de Interior, hasta la semana antepasada apuntaban a que el proyecto sería aprobado.
Esa habría sido la razón, señalan fuentes cercanas a la minera, para que Andes Iron decidiera no presentar ante los Tribunales Ambientales el 9 de agosto, fecha en que se cumplió el plazo legal para que se citara al Consejo de Ministros, un recurso de silencio administrativo que les habría permitido judicializar de inmediato la suerte del proyecto.
Sin embargo, el escrito de silencio administrativo quedó redactado y la posibilidad de usarlo fue manifestada por la prensa por el CEO de Andes Iron, Iván Garrido, el 18 de junio.
Fue la existencia de ese recurso, que no ha sido utilizado nunca en Chile, lo que, según fuentes de La Moneda, llevó al ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, el jueves 17 de agosto, a citar de urgencia a los miembros del consejo para votar el proyecto Dominga. La votación quedó fijada para el lunes siguiente, 21 de agosto, a las 7.30 horas. Media hora antes de que abrieran los Tribunales Ambientales.
Mena, afirman fuentes de Palacio, temió que si se presentaba el recurso del silencio administrativo habría quedado en una situación insostenible: podría haber sido acusado de negligencia inexcusable, lo que podría haber desembocado, incluso, en un acusación constitucional en su contra, arriesgando hasta la destitución y una crisis al gobierno.
Al día siguiente de la citación, el viernes 18 de agosto, Mena se reunió por más de cuatro horas con los asesores de todos los ministros que participan del comité, incluido un representante del ministro Céspedes, para revisar los informes técnicos relacionados con Dominga y que eran adversos a la empresa.
Para entonces, el gobierno ya conocía las posiciones de cada una de las carteras. Respecto del resultado, hay dos versiones. Según asesores de Hacienda, todos los ministros del equipo económico (Economía, Minería, Energía y Agricultura) estaban a favor de aprobar el proyecto. Pero en la versión que entregan en La Moneda, el ministro de Agricultura, Carlos Furche, rechazaba el proyecto, fundado en los informes negativos de Conaf, lo que dejaba en empate la votación, la que sería dirimida por el titular de Medio Ambiente en su calidad de presidente del Comité de Ministros del SEA.
En lo que hay coincidencia es que durante todo el fin de semana Furche habría estado sometido a una fuerte presión de parte de Céspedes y Mena para alinear la votación del titular de Agricultura en uno u otro bando.
En el equipo económico aseguran, incluso, que la jefa de gabinete de la Presidenta, Ana Lya Uriarte, se sumó a las presiones para que Furche rechazara el proyecto. Versión que es desmentida por el entorno de la abogada socialista.
La crisis que golpeó al gobierno se desató recién el lunes 21 de agosto. Ese día, el aún titular de Economía, partidario de la aprobación del proyecto, se negó a votar. Antes de retirarse de la sesión del Comité de Ministros del SEA, Céspedes señaló que la citación había sido ilegal y que no estaba dispuesto a avalar esa irregularidad. Según el entonces ministro, sus asesores jurídicos le habrían indicado que la convocatoria no podía ser con menos de 10 días de anticipación.
La indignación en La Moneda explotó. No sólo se le hizo ver al secretario de Estado el error de sus asesores -la resolución exenta 0689 del 26 de mayo de 2016, que regula el funcionamiento del Comité de Ministros del SEA, si bien establece que “toda convocatoria deberá hacerse (…) con a lo menos 10 días de anticipación”, añade expresamente “salvo situaciones de emergencia calificadas por el presidente” del comité-, sino que, además, se le enrostró no haber advertido a Palacio de su postura.
Intentando contener la crisis se acordó una salida para el impasse: en lugar de hablar de ilegalidad en la citación, Céspedes justificaría su actitud aduciendo que no había tenido tiempo para estudiar detenidamente los antecedentes. “Fue imposible realizar un análisis en profundidad”, afirmó a la prensa el ministro.
En privado, sin embargo, el incendio no amainaba. El ministro del Interior, Mario Fernández, reparó en que Céspedes había cometido una ilegalidad al no votar. El inciso segundo del artículo 10 de la misma resolución exenta 0689 del 23 mayo de 2016 señala que “los integrantes del comité no podrán excusarse ni abstenerse de emitir su voto”. La única salvedad que establece la norma que regula el funcionamiento del Comité de Ministros para que uno de sus integrantes no vote es que exista alguna causal de inhabilitación por conflicto de interés. No era el caso.
La indisciplina de Céspedes se intentó administrar justo en momentos en que Bachelet iniciaba el miércoles 23 de agosto una gira a Centroamérica que tendría a la Mandataria fuera de Chile hasta el viernes.
Y fue la intervención del subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, quien en un encuentro con empresarios criticó el rechazo al proyecto Dominga, la que terminó por desestabilizar la frágil armonía que se había comenzado a gestar. “Lamento que se hayan tomado algunas decisiones apresuradas”, dijo Micco.
En La Moneda sostienen que sólo tras esas declaraciones tomaron nota de que la incomodidad del equipo económico no se explicaba sólo por el rechazo a Dominga, sino que obedecía a una molestia mayor que se relacionaba con el propio rumbo que la Mandataria quería imprimir a la recta final de su gobierno.
Fue Aleuy quien -como ministro del Interior subrogante- llamó al orden a Micco y a Céspedes. “El rol de los funcionarios públicos es respaldar la institucionalidad”, dijo.
Las palabras del personero socialista desautorizando a su equipo fueron conocidas por Valdés durante el almuerzo del comité político del viernes 25. El último que compartió el equipo que integraban Fernández, Eyzaguirre, Narváez y Valdés.
RABIA ACUMULADA POR VALDÉS
Las desavenencias del equipo económico con La Moneda habían sido tema recurrente en el gobierno en esa última semana.
Ese mismo viernes 25 de agosto, Mario Fernández, con la resolución exenta que norma el Comité de Ministros, expuso ante sus pares la ilegalidad cometida por Céspedes al no votar el proyecto Dominga. Junto a Eyzaguirre, Aleuy y Narváez le hicieron ver, además, a Valdés que Mena había actuado de acuerdo a sus atribuciones y la inconveniencia de las declaraciones que habían hecho Céspedes y Micco tras el rechazo del proyecto Dominga. El aún titular de Hacienda contraatacó señalando que compartía las aprensiones de sus compañeros del equipo político.
Pero fue con Eyzaguirre que Valdés terminó sincerándose en las horas siguientes. Según ambos han transmitido, el titular de Hacienda estaba convencido de que desde La Moneda querían pasar una aplanadora sobre el equipo económico y que no se estaba respetando el rol del ministro de Hacienda en la toma de decisiones. Incluso, llegó a decir que la mayoría del gobierno empujaba en sentido contrario a los esfuerzos que estaba haciendo por retomar el crecimiento económico y la inversión privada.
Las mismas fuentes de gobierno sostienen que Valdés terminó atrapado en sus propias convicciones y que nada de lo que dijeron los demás ministros le hizo cambiar esa percepción.
En esas conversaciones, el aún titular de Hacienda se quejaría varias veces del menoscabo de su poder como jefe de las finanzas públicas. En el saldo negativo, el equipo de Teatinos 120 mantenía frescas en la memoria las derrotas que había sufrido Valdés ante las ministras del Trabajo, primero Ximena Rincón y luego Alejandra Krauss, por la reforma laboral y luego la reforma de pensiones. También la falta de respaldo de parte de la Mandataria y del comité político luego de que la presidenta de la CUT, la comunista Bárbara Figueroa, lo insultara en público, con gruesos epítetos, en medio de la negociación que llevó adelante el año pasado por el reajuste del salario del sector público.
Ahora le sumaba la acusación de que el segundo piso de La Moneda había intervenido directamente sobre uno de los ministros del área económica, como es el titular de Agricultura, para cambiar su posición en el proyecto Dominga.
Para entonces, Céspedes, y en particular Micco, señalan fuentes de Hacienda, empujaban a Valdés a tomar una actitud más firme. En privado, le decían que debían renunciar.
Valdés, sin embargo, se mostraba dubitativo. No quería escalar el conflicto sin haber hablado antes con la Presidenta.
El domingo 27 en la noche, poco después de que Bachelet retornara a Chile desde Centroamérica, Valdés llamó a la jefa de gabinete de la Mandataria, Ana Lya Uriarte, para pedir una reunión urgente con la Presidenta.
En el entorno de Ana Lya Uriarte niegan el hecho. Pero desde Hacienda aseguran que sí ocurrió. Valdés desde que llegó al ministerio trató de respetar los conductos regulares y, de hecho, una de las cosas que le molestaban es que otros ministros con los que tuvo disputas por distintos proyectos buscaran aprovecharse de su cercanía personal con la Mandataria para imponer sus puntos de vista.
Con Bachelet su relación no es cercana. Él sabe que la Presidenta lo designó ministro por su prestigio en el mundo económico, pero no porque compartan visiones comunes. Es más, la Mandataria nunca vio a Valdés como un ministro que se cuadrara con el sello que ella quería imprimir a su segundo gobierno.
Para Valdés, en cambio, se acortaban los plazos para el término del mandato y no veía interés de la Jefa de Estado por enmendar el rumbo, pese a las advertencias que ya el año pasado habían hecho las calificadoras de riesgo para frenar el incremento de la deuda pública.
Según fuentes de Hacienda, el domingo en la noche, Uriarte le dijo a Valdés que la Presidenta no lo podía recibir el lunes, que no tenía espacio en su agenda.
La respuesta no sólo aumentó la desazón y el desencanto que sentía Valdés; para Céspedes y Micco habría sido una confirmación de que la Presidenta estaba detrás de la decisión de Mena de forzar la votación en contra de Dominga, aseguran asesores del equipo económico.
Esa misma noche, Valdés habría hablado con ambos y se habría decidido que él hiciera pública su molestia. “Algunos no tienen el crecimiento entre sus prioridades”, señaló Valdés el lunes 28 de agosto.
Las palabras del ministro en respaldo al equipo económico en el conflicto con La Moneda agudizaron la tensión. La respuesta, esta vez la dio la Mandataria desde Curicó, durante un acto programado con casi un mes de antelación y al que estaba invitado el ministro Mena. “Necesitamos que el crecimiento vaya de la mano del cuidado del medioambiente”, dijo Bachelet el martes 29. El gesto, haya sido premeditado o no, fue interpretado con una quitada de piso al titular de Hacienda.
En el oficialismo la renuncia de Valdés, a menos de tres meses de la elección presidencial, podría tener consecuencias muy graves para el futuro del bloque, por lo que se redoblaron los esfuerzos para alcanzar una mediación entre el jefe del equipo económico y La Moneda. El PPD le encomendó al senador Ricardo Lagos Weber llevar adelante las gestiones.
La crisis también golpeó con fuerza en el comando del senador Guillier, quien justo esa semana había centrado su agenda en los temas de crecimiento. Por lo mismo, buscaron evitar que el conflicto permeara en la campaña y tomaron distancia del enfrentamiento que a esas alturas ya estaba desatado entre los equipos económico y político del gobierno.
Ese mismo martes 29, Valdés intentó una vez más conseguir una reunión con Bachelet. Cita que sólo se concretó al día siguiente en la mañana. El encuentro fue duro, afirman asesores del ex ministro de Hacienda, pese a que Bachelet insistió en retener a su secretario de Estado para evitar que la crisis dañara la imagen de su gobierno.
Valdés reiteró sus quejas por lo que consideraba un menoscabo de su rol como ministro de Hacienda y por el hecho de que, en reiteradas ocasiones, se le colocara en la toma de decisiones al mismo nivel que ministros sectoriales. Bachelet también se quejó. Ella le dijo que no iba a tolerar que los ministros desafiaran la autoridad presidencial. Pero Valdés no echó pie atrás ni en sus reclamos ni en su intención de renunciar. Su destino estaba sellado desde ese momento, pese a que la Presidenta le pidió 24 horas para tomar una decisión.
Sólo era cosa de tiempo. Así se lo dijo Bachelet a los ministros Fernández y Eyzaguirre poco más tarde, cuando se sumó de manera imprevista a una reunión en la que ambos analizaban junto a Ana Lya Uriarte la grave crisis que enfrentaba el gobierno. “La situación es compleja, debemos ver un cambio de gabinete”, les dijo.
Esta vez -a diferencia de su primer ajuste masivo- ni siquiera tuvo la intención de innovar: Bachelet optó por echar mano a miembros de su propio equipo que estaban en la segunda división, rostros conocidos y confiables para cerrar su gobierno como ella tiene decidido hacerlo.
Aunque en Hacienda algunos colaboradores de Valdés aún esperaban un gesto de última hora en favor de su jefe de finanzas, los esfuerzos por lograr una mediación se habían detenido. Eyzaguirre se concentró desde ese momento en rearmar un gabinete orientado a preservar el sello y legado de Bachelet. (La Tercera/Agencias)
