Chile carece de un plan claro para enfrentar el desafío migratorio, como lo reconoció el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, evidenciando una política incapaz de responder a las presiones actuales. La declaración del ministro, sumada al reconocimiento de la incapacidad del país para recibir más migrantes irregulares, resalta los límites del sistema y la desconexión de nuestras autoridades con la realidad fronteriza.
Con Nicolás Maduro consolidando un mandato ilegítimo y 5 millones de venezolanos buscando emigrar, según la encuesta de ORC Consultores, Chile se encuentra en una encrucijada. Percibido como un destino atractivo, el país enfrenta un sistema que parece fomentar la irregularidad. Privilegios como trabajar sin autorización ni sanciones -e incluso ser premiado con una visa en 2025, según ha anunciado el gobierno-, el acceso prioritario a jardines Junji y el uso de servicios de salud sin contribuciones agravan la percepción de descontrol, debilitando la confianza en el Estado.
Según estimaciones del INE, estas políticas han contribuido al triplicado de la irregularidad en los últimos dos años, profundizando una situación insostenible en regiones como Tarapacá, Antofagasta y Metropolitana, que enfrentan una presión desmedida sobre sus recursos y cohesión social. Estas comunidades son ejemplos claros de los efectos de la ausencia de un plan integral, con capacidades al límite frente a una crisis que no encuentra solución.
La crisis migratoria no sólo es un desafío operativo, sino también una cuestión de responsabilidad social y política. Chile arriesga perder su reputación internacional al mostrarse incapaz de manejar esta crisis con firmeza y coherencia. Sin embargo, el problema no es exclusivo de nuestras fronteras: la crisis venezolana debe abordarse como un problema continental, que requiere una coordinación regional efectiva. Chile podría liderar estos esfuerzos, pero hasta ahora no ha asumido este rol.
La solución no es sencilla, pero debe partir de un enfoque integral. Es imprescindible fortalecer el control fronterizo, acelerar los acuerdos de cooperación con países de origen y tránsito, y diseñar políticas que prioricen la migración responsable. Esto debe complementarse con una respuesta operativa ágil, que permita ejecutar reconducciones y expulsiones de manera eficiente, protegiendo la seguridad nacional sin comprometer los valores democráticos.
El desafío migratorio actual pone a prueba nuestra capacidad de responder con liderazgo y evitar que nuestras políticas caigan en el caos. Sin un plan claro, no sólo los migrantes, sino toda la ciudadanía sufrirá las consecuencias de un Estado que ha perdido el control sobre uno de los temas más críticos de nuestra era. (El Líbero)
Álvaro Bellolio
