Indudablemente, el país necesita que todos los sectores refuercen su compromiso con la integridad, comenzando por el Estado. La Estrategia Nacional de Integridad Pública es un avance, pues busca elevar los estándares de transparencia y prevención en la gestión estatal. Sin embargo, es insuficiente sin medidas complementarias: facilitar investigaciones, fortalecer organismos de control y cerrar vacíos legales que han permitido abusos.
Para evitar fraudes, se deben revisar los procesos de compras y subvenciones públicas, incorporando la probidad como eje en la evaluación de autoridades. Además, modernizar trámites para reducir la discrecionalidad y reforzar la educación cívica en el sector público, con el fin de asegurar que los funcionarios comprendan que su labor es servir al interés colectivo. Estas acciones son fundamentales para consolidar un Estado íntegro y recuperar la confianza ciudadana.
Las empresas también tienen un rol en la lucha contra la corrupción, ya que muchas veces son el origen de ofertas indebidas en contratos y regulaciones. Por ello, deben fortalecer su cultura ética, implementar programas efectivos de prevención de delitos, establecer canales de denuncia internos y adoptar códigos de ética reales. A su vez, los gremios empresariales deben autoimponerse estándares rigurosos, expulsar a socios condenados por corrupción, colaborar con la justicia y promover la competencia leal.
Los inversionistas internacionales priorizan cada vez más las prácticas ESG, por lo que las empresas involucradas en corrupción enfrentan sanciones del mercado, como el retiro de inversiones y la caída de acciones. Mantener la integridad no es solo una exigencia ética, sino también una necesidad económica. Las compañías deben comprometerse activamente con la lucha anticorrupción, denunciando sobornos, rechazando colusiones y aplicando tolerancia cero a estos actos.
Pero ningún plan anticorrupción será efectivo sin el compromiso de la ciudadanía. La ética debe valorarse en la vida cotidiana, evitando incluso las pequeñas corrupciones, como el uso indebido de influencias o la falsificación de documentos, pues estas conductas alimentan la gran corrupción. Cada persona puede aportar fiscalizando a las autoridades, usando las leyes de transparencia y denunciando irregularidades. En esto, la prensa libre y la sociedad civil organizada cumplen un rol clave al destapar casos que muchas veces las instituciones no ven o no quieren ver.
La corrupción no reconoce fronteras. Empresas extranjeras, bancos internacionales y paraísos fiscales facilitan el flujo de dinero ilícito, por lo que la cooperación global es clave. Chile debe reforzar su colaboración con otros países para recuperar activos robados, perseguir fugitivos y adoptar estándares internacionales de transparencia. Además, combatir la corrupción es una estrategia para frenar redes ilícitas transnacionales que operan con apoyo de funcionarios corruptos.
No hay atajos para recuperar la confianza ni la estabilidad económica: la única ruta es un compromiso genuino y sostenido con la ética. Esto exige coraje para reformar y coherencia en el actuar diario. Chile ha demostrado que es capaz de grandes transformaciones cuando la situación lo exige. Hoy, la exigencia es moral y urgente. Cada escándalo debe ser una lección y un punto de inflexión para decir “¡basta!” a la corrupción en todas sus formas. (Red NP)
José Ignacio Camus
Co Founder Admiral Compliance
