A más crisis, más socialismo.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entregó este jueves nuevas leyes económicas a la Asamblea Constituyente, que desde hace un mes es el suprapoder que tiene como fin reformular el Estado y redactar una nueva Constitución.
Ahora deberá dar luz verde a esas leyes, algo que al estar integrada únicamente por oficialistas, será un mero trámite.
Tras más de una semana de extraño silencio televisivo, Maduro reapareció. Y lo hizo con solemnidad. Acudió por segunda vez en un mes al Palacio Legislativo, donde sesiona la Constituyente.
En el acto estuvieron el resto de poderes del Estado, a excepción del Parlamento, de mayoría opositora, algunos ministros e incluso el alto mando militar.
Durante 4:20 horas, Maduro insistió en el diagnóstico de la causas de una grave crisis económica y presentó ocho carpetas rojas con lo que espera que sean soluciones.
Venezuela, el país con mayores reservas de petróleo del mundo y que hasta hace unos años era uno de los países más ricos de América Latina, sufre una elevada inflación que algunos organismos internacionales cifran en un 800% para fin de año; escasez alimentos, medicinas y otros productos básicos, y caída de la producción de un crudo cuyo precio ha descendido considerablemente los últimos años.
A ello se suma una crisis política, reflejada en los cuatro meses de protestas antigubernamentales que dejaron de abril a agosto unos 120 muertos, y las recientes sanciones de Estados Unidos, que impiden a los inversores de ese país comprar más deuda al Estado venezolano y la petrolera PDVSA.
Maduro considera todo ello resultado de una «guerra económica» de los empresarios y de la oposición venezolanos y de países extranjeros.
«Soy el presidente que ha enfrentado las más graves circunstancias económicas en los últimos 100 años de la república», dijo Maduro.
«Tenemos que reconocer que el Estado que tenemos está colapsado frente a los ataques de la guerra económica», admitió.
Por ello planteó reforzar el modelo socialista productivo de su antecesor, Hugo Chávez, líder de la llamada revolución bolivariana que ahora comanda Maduro.
«Hemos abandonado muchas de las bases que nuestro comandante dejó y asumo toda la responsabilidad que me toque (…) ¿La solución es más capitalismo? No, es al revés, es el nuevo modelo de socialismo productivo, integrado y mixto», propuso.
«Son 8 leyes vitales para afrontar y resolver el tema de los precios, la inflación inducida, la guerra económica, castigar a los bachaqueros (especuladores) y abordar conjuntamente esta batalla histórica por la felicidad económica del pueblo de Venezuela», añadió.
Estas son las ocho leyes y sus objetivos.
- PRECIOS ACORDADOS
El control de precios es uno de los grandes asuntos económicos en un país de inflación galopante. El gobierno establece desde hace tiempo un precio mínimo regulado para productos de primera necesidad. Su escasez y el buen precio es el que genera grandes colas.
Pero eso ha creado también una mafia que compra a precio regulado y revende a un precio muy superior que muchos se ven obligados a pagar. Son los llamados «bachaqueros».
Maduro admitió que su modelo de control de precios se agotó, pero que no adoptará medidas para liberalizarlos y que «el mercado imponga al pueblo sus precios demoniacos y especulativos».
Por ello propuso la fijación de «precios acordados» bajo consenso con todos los sectores y consumidores en 50 productos y servicios como leche, mayonesa, margarina, mortadela, pan de trigo, pasta, pescado, pollo, mantequilla, queso, jamón de cerdo, jabón o aceite.
2. FISCALES POPULARES
Relacionada con la primera, Maduro insistió en la importancia de la fiscalización y por ello propuso una ley para que los responsables de los Comités Locales de Abastecimiento y Produccion (CLAP) fiscalicen el abastecimiento y el cumplimiento de los precios.
Los CLAP suponen la entrega directa a las familias de una serie de productos de primera necesidad a un precio muy económico. El gobierno busca con ello evitar que el costo aumente en los canales de distribución.
Tanto los CLAP como los consejos comunales suponen formas de organización popular que ahora ganarán poder para vigilar y denunciar presuntos delitos.
3. VUELVEN LAS CASAS DE CAMBIO
El control cambiario, como el de precios, es visto por muchos economistas como el gran problema del país.
En Venezuela el Estado es el que asigna las divisas. Hay una tasa de cambio muy ventajosa (10 bolívares por dólar) para importar productos de primera necesidad. Luego hay otra que está en torno a los 3.500 bolívares en un sistema de subasta.
Pero la tasa de mayor referencia es la del mercado paralelo, lo que el gobierno llama «dólar criminal», marcado por una web, dolartoday, basada en Estados Unidos y que calcula la oferta y demanda de dólares.
Con un bolívar devaluado, cada vez más gente está dispuesta a dar más por conseguir un dólar. Según esa página hay que pagar ya 20.000 bolívares por cada uno.
Comerciantes y empresarios deben conseguir los dólares en ese mercado para importar sus materias primas. Y ello incide en sus precios.
«El dólar criminal impuesto desde Miami se ha instalado como sistema de fijación de precio por la vía de los hechos», admitió Maduro este jueves.
Para impedirlo anunció, sin dar muchos más detalles, la apertura en el territorio nacional de casas de cambio, que ya operan en las fronteras y que habían desaparecido hace varios años.
Además, dijo que «para soltar las amarras del dólar» se creará una canasta con divisas como el yuan chino, el rublo ruso, la rupia india y el euro con la que se comprarán y venderán los productos internacionales.
4. INVERSIÓN EXTRANJERA
La cuarta ley busca la promoción y la protección de la inversión extranjera, destinada, sobre todo, a atraer capitales e innovación para la explotación minera, llamada a sustituir al rentismo petrolero de Venezuela, que ingresa con el crudo el 96% de los dólares.
Esta ley buscaría dar seguridad jurídica en un país en el que durante los años de Chávez se expropió o se cambió el régimen legal de las empresas extranjeras en el país, sobre todo en el sector petrolero, donde ahora operan empresas mixtas con al menos un 51% de participación estatal.
5. EL ARCO MINERO
Con menor producción y precios, Maduro quiere dejar de mirar al petróleo y piensa en el oro, los diamantes y coltán del llamado Arco Minero, una zona en el noreste del país extensa y rica en minerales.
Para ello, la quinta ley presentada busca dar un régimen tributario especial para las empresas que están ya operando junto al Estado y las que vengan.
Maduro aseguró que en el Arco Minero espera al menos cubrir «un tercio de los ingresos en divisas perdidos por el rentismo petrolero».
6. CONTRA LOS GRANDES PATRIMONIOS
Maduro anunció una investigación en los próximos 30 días para establecer «el origen y la existencia de las grandes fortunas generadas durante la guerra económica».
Por ello planteó, sin dar detalles, un «impuesto a los grandes patrimonios» que han surgido de la «guerra económica».
«Que los ricachones financien la vida económica y social de este país», dijo poniendo en el punto de mira a lo que denomina como oligarquía y burguesía, así como a aquellos que se hayan enriquecido con la venta con sobreprecio.
7. PROTECCIÓN SOCIAL Y DELITOS ECONÓMICOS
Como medida inmediata de protección social, Maduro anunció el aumento del 40% del salario mínimo mensual. Junto al bono de alimentación llega a 325.000 bolívares, unos US$20 al cambio paralelo, el que se usa de referencia.
En los nueve meses de lo que va de 2017 las subidas de salario reflejarían una inflación no oficial de un 212%. Desde hace años no hay cifras oficiales de inflación. El Fondo Monetario Internacional estima que a final de año será del 720%.
Muchos economistas creen que estos aumentos de salario no avanzan al mismo ritmo que la inflación y que no hacen más que empujarla hacia arriba.
«Ojalá lleguemos a lograr el bienestar chavista que tuvimos. Lo vamos a lograr por el plan del socialismo», rememoró Maduro pujante épocas pasadas, cuando Chávez dispuso del barril de petróleo a US$120. Ahora está en torno a US$45.
Maduro también habló de la formación de una unidad tributaria punitiva que persiga los delitos y recupere el dinero robado.
8. LA PDVSA DEL CAMPO
Maduro anunció la creación del Consorcio Agroalimentario del Sur (Agrosur) como «instrumento empresarial para conducir la batalla del desarrollo económico del campo», y la comparó a PDVSA, la petrolera estatal que más allá de dedicarse a la extracción y comercialización de crudo financia múltiples planes sociales y políticos del gobierno.
«Igual que tenemos PDVSA queremos algo de tal nivel de poder y eficiencia que asuma las distintas formas para la producción», dijo el presidente.
La producción agrícola y ganadera han caído en los últimos años por falta de insumos como semillas, maquinaria, piensos, vacunas y fertilizantes, según denuncian las respectivas asociaciones de productores.
Y eso, en un contexto de limitación de divisas para importar, ha incidido en la escasez de algunos alimentos y en su encarecimiento. (BBC Mundo)
