Una serie de incógnitas surgieron tras la revelación de que Irina Karamanos, expareja del Presidente de la República, habría realizado cinco abonos a la fundación Procultura —investigada en el caso Convenios— por un total de $4,4 millones. Asimismo, El Mostrador consignó que la PDI habría recomendado a la fiscalía que se citara a declarar en calidad de imputada ante los sospechosos movimientos bancarios.
En primer lugar, han surgido distintas versiones sobre el abono en cuestión. Karamanos, a través de un comunicado, señaló: «Niego categóricamente haber abonado monto a la Fundación Procultura, entidad a la que presenté servicios desde mayo del 2021 a febrero de 2022, por un monto de $973.500 mensuales».
Los cuestionamientos fueron escalando, la oposición anunció una comisión investigadora y también presentaron una denuncia ante la Fiscalía. Asimismo, el Presidente de la República, Gabriel Boric, tuvo que abordar el tema, «confío en Irina, va a colaborar (con la investigación)», dijo el Mandatario.
Anoche, la ex coordinadora sociocultural de La Moneda reiteró a través de X que los abonos «no existen». «En función de la transparencia he entregado al fiscal mis cartolas bancarias. Rechazo las insinuaciones vertidas en mi contra para evidentes fines políticas y distraer de escándalos ajenos», agregó.
Mientras que desde Procultura, la abogada Susana Borzutzky confirmó la participación de Karamanos en el proyecto «Recreo nos gusta el arte», iniciativa cultural con colegios vulnerables en la Región de Valparaíso. En esa línea, aseguró que «todos los pagos se realizaron conforme al convenio, el cual se rindió y cerró oportunamente».
Agregó que «al momento en que el Presidente Boric salió electo y ella asumió como Primera Dama, de manera transparente realizó las devoluciones de fondos para evitar cualquier tipo de cuestionamiento». Posteriormente se retractó y aseguró que «no hay tales abonos».
En segundo lugar, en relación a la declaración como imputada, el propio director de la PDI, Eduardo Cerna, señaló no saber «de dónde sale esa aseveración de que la PDI recomienda que se le entrevista en calidad de imputada. Yo, después de lo que salió ayer en la prensa, retratado de indagar respecto a una investigación secreta, pero no tengo ningún elemento, ninguna información que confirme ello».
Agregó que «no hemos hecho ninguna recomendación, menos en los informes periciales que solamente dan cuenta de hechos concretos, no de interpretaciones o de instrucciones. Además, la condición de imputado, respecto a la entrevista de una persona en particular, lo califa el Ministerio Público».
En tercer lugar, también se conocieron conversaciones entre el fundador de Procultura, Alberto Larraín, con el gobernador de Magallanes, Jorge Flies. Según constató El Mercurio, a partir del análisis del teléfono de Flies, incautado por fiscalía, se dictó que Larraín, entre 2022 y 2023, le pedía «ponerle acelerador» a proyectos relativos a turismo en Tierra del Fuego y la restauración de la Iglesia de Cerro Sombrero, en la región.
No obstante, en 2023, cuando estalló el caso Democracia Viva, Larraín le compartió a Flies una nota de prensa respecto al congelamiento de la toma de razón de Contraloría respecto de contratos entre fundaciones y el Estado.
«Gobernador, tienen los gobernadores que poner cordura a esto. Sacar una declaración todos los gobernadores juntos», le señala. Ante esto, Flies responde que «en eso estamos».
En cuarto lugar, ante la aparición de estos antecedentes, la oposición ha cuestionado el avance en la investigación del caso Convenios, sobre todo tras la salida del fiscal Carlos Palma y la designación del fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper. Ante las críticas, la fiscalía de Coquimbo defendió su trabajo y dio cuenta del despliegue en ocho regiones del país.(Emol)
