En 1989 la izquierda democrática y el centro reformista convergieron en la candidatura presidencial del presidente de la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin. Entonces la DC era por lejos el partido de mayor apoyo ciudadano y cualquiera hubiera sido el postulante, el resultado electoral habría sido el mismo, ya que el año previo se había obtenido en el plebiscito una victoria contra la prolongación por ocho años en el poder del general Pinochet.
Pero desde 1993 que la candidatura presidencial de centroizquierda es resuelta con participación ciudadana, mucho antes de que existiera ley de primarias. Eduardo Frei venció a Ricardo Lagos 63% vs 37% en una primaria a la que estuvieron convocados los militantes de partidos de la Concertación en partes iguales (50 mil DC-PR y 50 mil PS-PPD), y electores independientes que se inscribieron en tiempo récord para participar en la votación, a la que concurrieron más de 430 mil personas.
En 1999 la primaria concertacionista invitó a todos los independientes a participar, logrando la masiva concurrencia de 1,4 millones de personas, que dieron el triunfo a Ricardo Lagos (71%) sobre Andrés Zaldívar, todo ello sin ley ni recursos públicos. En 2005, cuando el proceso de primarias ya se había iniciado con un debate entre las dos candidatas, Soledad Alvear abandonó la competencia entregando su apoyo a Michelle Bachelet. Como se sabe, Frei, Lagos y Bachelet resultaron electos más tarde presidentes de la república.
En 2009, la Democracia Cristiana no aceptó primarias nacionales para dirimir la competencia con el candidato radical José Antonio Gómez, y se realizaron primarias en las regiones de O´Higgins y Maule con la participación de sólo 63 mil personas, resultando triunfador Eduardo Frei con poco más del 60% de los votos, umbral requerido para no extender el proceso a otras regiones del país.
Impedir la participación de Marco Enríquez-Ominami en la elección primaria y su restricción regional tuvieron bastante incidencia en el magro resultado de Frei en primera vuelta (29,6%) y su posterior derrota frente a Sebastián Piñera en la segunda vuelta.
En 2012, el gobierno de Piñera logró que los partidos de derecha se allanaran a aprobar una ley de primarias para elegir candidaturas a presidente, parlamentarios y alcaldes.
Por primera vez apoyada en una ley y administrada por el Servel, los dos principales bloques políticos definieron sus candidaturas en 2013 a través de primarias. 2,1 millones de personas participaron en las de la Nueva Mayoría, donde Michelle Bachelet arrasó con 73% de los votos, seguido de Andrés Velasco, Claudio Orrego y José Antonio Gómez.
En la Alianza de RN y la UDI participaron 808 mil personas, venciendo Pablo Longueira a Andrés Allamand por estrecho margen. Con la participación de 3 millones (en las elecciones generales participaban 7 millones) de electores, se confirmó lo que habían mostrado ya los procesos de primarias privadas, la avidez de parte importante de la ciudadanía por participar en decisiones antes privativas de las directivas de los partidos políticos.
En 2017, el retiro de Ricardo Lagos del proceso de primarias al no ser apoyado por el Partido Socialista provocó la decisión de la DC de ir directamente a primera vuelta y la centroizquierda proclamó a Alejandro Guillier como su candidato sin competencia. La ausencia de primarias en la centroizquierda permitió el triunfo de Gabriel Boric (60,4%) sobre Daniel Jadue en la primaria de la coalición del Frente Amplio y el PC, donde participaron 1,75 millones de personas.
En la primaria de la centroderecha participaron 1,34 millones y resultó vencedor el independiente Sebastián Sichel (49,1%) sobre Joaquín Lavín (31,3%), Ignacio Briones (9,8%) y Mario Desbordes (9,8%). De nuevo las elecciones primarias convocaron a 3 millones de personas, más del 40% de quienes participaban en las elecciones generales.
En el ámbito presidencial, ya resulta imposible para un sector político saltarse el proceso de primarias sin costo electoral consiguiente. Incluso cuando hay candidaturas con alta adhesión ciudadana, como fue el caso de Bachelet en 2013 y de Piñera en 2017.
Seguramente la lección ya está aprendida y tendremos primarias presidenciales el 6 de julio del próximo año en la coalición de gobierno ( imagino una sola, pero no se puede descartar que haya dos) y en la alianza de centroderecha, que la necesita para posicionarse como candidatura de unidad opositora frente a Kast, que seguro irá directo a la primera vuelta.
Pero las primarias legales también incluyen las candidaturas a alcaldes, parlamentarios y gobernadores regionales. Sin embargo, hasta ahora han sido escasas las comunas, distritos, circunscripciones y regiones donde los partidos y coaliciones optaron por utilizar este instrumento legal para legitimar democráticamente sus candidaturas. En este último proceso, apenas dos regiones (Coquimbo y Aysén) y 60 comunas eligieron sus candidaturas, a lo menos de un sector político, de cara a la ciudadanía. Participaron apenas 300 mil personas y se realizaron elecciones primarias en sólo 13 de las 82 comunas con más de 50 mil electores.
Las directivas de los partidos grandes se resisten a perder el poder de designación de sus elencos trasladándolo a la gente, y las formaciones políticas pequeñas prefieren defender sus pequeñas cuotas en los elencos de sus coaliciones, en lugar de competir en primarias por ser los mejores en representar a sus respectivos sectores.
Después de participar en tortuosos e interminables procesos de negociación que, por lo demás, dejan heridos que erosionan luego la potencialidad electoral de sus respectivos sectores, quisiera pensar que en Chile Vamos y en el Oficialismo hay arrepentidos del lucro cesante que significa no aprovechar la institucionalidad y recursos que otorga la ley para dirimir las competencias por las candidaturas únicas a alcalde y gobernador regional en todas las comunas y regiones del país.
Después de 3 elecciones parlamentarias y 2 municipales en las que las primarias han sido la excepción y no la regla general, bien vale la pena reflexionar si acaso no es la hora de establecer la obligatoriedad de partidos y bloques de elegir sus candidaturas en primarias toda vez que haya competidores, dejando definitivamente atrás el cuoteo y el principio conservador del utis posidetis (el que tiene, mantiene), abriendo las puertas a la participación de la gente. De no dar este paso, convendría más bien dejar las primarias exclusivamente para las presidenciales, porque no se justifica un gasto público tan significativo si las primarias se realizan en una ínfima parte del territorio, lo que por lo demás impide que se conviertan en una elección nacional, con clima electoral y participación masiva.
Qué simple habría sido para Chile Vamos y el oficialismo abrir la competencia por la candidatura a alcalde en las 345 comunas y para Gobernador en las 16 regiones. Ya tendríamos claridad sobre todas las candidaturas desde el 9 de junio pasado, se reduciría significativamente la dispersión de candidaturas que distorsiona el resultado, y los representantes de cada sector tendrían la legitimidad del apoyo ciudadano, muy superior a la designación por una directiva o el resultado de una negociación. Es cierto que un puñado de dirigentes perdería poder, pero de eso justamente se trata, de socializar y democratizar cuanto sea posible las decisiones políticas.
Una reflexión de yapa. ¿Se han preguntado por qué no tenemos segunda vuelta en la elección de alcalde y dejamos que gobierne el municipio la primera minoría, con menos de 30% de los votos en numerosísimas comunas? Porque la derecha, que se pensó a sí misma por mucho tiempo como eterna minoría y fuerza de bloqueo más que de iniciativa, se opuso siempre a la idea de exigir mayoría absoluta para gobernar un municipio, como sí se exige para ser presidente de Chile. En la elección de gobernadores regionales, aceptó una segunda vuelta cuando nadie llega al 40% de los votos.
Ahora que ningún sector político se puede sentir mayoría por siempre ni nadie está condenado a ser minoría eterna, debiéramos reformar la ley para que las elecciones de Alcalde tengan una segunda vuelta de no alcanzarse la mayoría absoluta de los votos, o al menos el 40%, como en la elección de gobernadores. Esperemos que en la próxima legislatura haya mayoría para una reforma que beneficiaría la gobernabilidad de los municipios. (Ex Ante)
Pepe Auth
