Las reformas estructurales impulsadas por el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, en las cuales participaron activamente parlamentarios y expertos que hoy están en el Gobierno, han tenido un desarrollo difícil de evaluar positivamente.
La consigna de eliminar el lucro, copago y la selección en el mundo escolar fue la primera reforma de esta naturaleza. El reemplazo de los procesos de admisión de cada establecimiento por uno centralizado, conocido como SAE, no ha materializado las promesas esperadas. Hay colas en los colegios más demandados, solo que al final del proceso. El sector escolar sigue siendo segregado y el verdadero desafío de la inclusión, que es darles un espacio educativo digno y efectivo a quienes tienen necesidades educativas especiales, no se ha resuelto.
El llamado “fin del lucro”, que se fundamentaba en la idea de que masivos recursos públicos eran extraídos de los colegios por sus sostenedores, parece ser más bien una caricatura. El lucro lleva un buen tiempo prohibido y no hay señales de más recursos privados en los colegios.
Los resultados de aprendizaje observados en el Simce no han mejorado, y los dineros parecen seguir faltando. Las duras restricciones a la creación de colegios particulares subvencionados han llevado a la falta de cupos en algunas regiones (particularmente en el norte del país), pero no han traído un aumento de la oferta pública de calidad.
Recordemos que estas reformas le costaron al país buena parte de los recursos permanentes que generó la criticada reforma tributaria de la Nueva Mayoría, y no llegaron a los niños.
La desmunicipalización fue otra de las reformas estructurales cuyos frutos no se han observado. Si bien los problemas del Servicio Local de Educación de Atacama tienen varios orígenes, también muestran graves errores de diseño de la reforma. Estos fueron advertidos al momento de su tramitación, y se previeron las graves consecuencias que tendrían.
Entregar el servicio educativo a servicios públicos comunes —autónomos del poder central, pero a la vez encadenados a la Dirección de Presupuestos— llevaría a una total dilución de la responsabilidad. En lugar de encargados electos, la educación será liderada por funcionarios que no responden a los padres y lejanos a sus preocupaciones. La extensión territorial de los servicios era una receta para ampliación de la burocracia y la captura de puestos de trabajo por políticos locales, y la falta de incentivos para que los alcaldes siguieran ocupándose de la educación llevaría a un deterioro de la provisión de educación pública. Estas son parte del problema de Atacama, y de otros servicios también.
Hay un patrón común en esta y en otras reformas ocurridas en ese período en educación, además de sus autores e impulsores. Y es que se basan en una fe ciega en que el Estado resolverá los problemas y cambiará realidades solo por estar instruido a hacerlo en una ley, y que se debe optar siempre por reformas estructurales complejas que cambien (casi) todo, en lugar de mejoras progresivas.
Sus autores tuvieron tal confianza en el Estado y en sí mismos que no oyeron las advertencias. Tal es el fracaso de la ideología y de su capacidad de predecir, al igual que la capacidad de gestión de sus promotores, que los resultados más concretos de sus reformas fueron en la dirección exactamente contraria a las ideas de sus autores. La educación pública se ha debilitado, y no podemos decir que los niños que la eligen están mejor.
La lección debe ser aprendida. Para abordar reformas estructurales se requiere mucho más que votos y voluntad política. Se requiere prudencia (frónesis, diría Aristóteles), lo contrario de la desmesura. Anteponer el conocimiento práctico por sobre la ideología, y humildad para abordar la complejidad de los problemas.
¿Está en condiciones esta administración de abordar una modificación estructural nada menos que del sistema de financiamiento de la educación escolar y superior (incluido el reemplazo del CAE) si mantiene los mismos patrones y métodos? (El Mercurio)
Daniel Rodríguez
Director ejecutivo Acción Educar
