Nada grafica mejor las complejidades de la política que la reforma a la educación superior.
El principal compromiso de la Nueva Mayoría fue cambiar el sistema educativo pasando de una “educación de mercado a una de derechos garantizados para todos”.
Este objetivo recogió, de manera literal, las demandas del movimiento estudiantil: fin al lucro, gratuidad universal, fortalecimiento de la educación pública. El gobierno creyó que teniendo el respaldo popular y las mayorías en el Congreso bastaba para realizar un “cambio de paradigma”.De lo contrario, era cosa de sacar al pizarrón a quienes quisieran oponerse, defendiendo intereses espúreos.
¿Por qué, entonces, le ha costado tanto cumplir su promesa?
En primer lugar, porque la política no consiste en hacer todo lo que se quiere, sino todo lo que se puede de lo que se quiere. Si las promesas no son capaces de aterrizarse en la realidad, terminan fracasando. Tampoco se trata de asumir, sin más, lo que piden quienes se movilizan, en este caso el movimiento estudiantil. Por muy atractivas que parezcan las demandas de un sector, los intereses sectoriales deben dialogar con el interés del resto de la sociedad y buscar el bien común. Los gobiernos y el Congreso deben ser capaces de articular, de encausar, de conducir en vez de ser conducidos. Ha sido evidente cómo distintos actores del sistema actual, rectores, estudiantes, diferentes instituciones (privadas, públicas, universidades, educación profesional y técnica) requieren de respuestas diferenciadas. No puede ser más ilustrativo la falta de apoyo de la reforma inicial. Todos la querían a su medida y el gobierno hizo una juntura que no logró convencer a nadie.
Por último, reformas llamadas “estructurales” que pretenden cambiarlo todo, requieren, al menos, de una hoja de ruta clara, estudios técnicos basados en la realidad y en los escenarios futuros, garantías de financiamiento y diálogo con los actores y el mundo político para llegar a acuerdos. Nada de eso ocurrió. Al contrario, el gobierno quiso imponer su mayoría con un modelo que no tenía suficiente sustento técnico ni político. Además, privilegió a ciertos actores, lo que quedó una vez más confirmado, con la aceptación del compromiso de eliminar el CAE que impuso el PC para apoyar la idea de legislar sobre la indicación sustitutiva de la primera reforma.
Esta indicación redujo la reforma a cambios institucionales en el sistema de aseguramiento de la calidad, la creación de una Superintendencia y de una Subsecretaría de Educación Superior. Sobre la gratuidad, aún no hay claridad si ésta podrá ser compatible con la calidad. Con todo, es un avance respecto del anterior proyecto, pero no será fácil resolver en el corto tiempo que le queda a este gobierno las necesarias discusiones que requiere para responder inconsistencias, dudas, inquietudes y poder terminar siendo un buen aporte al desarrollo de nuestra educación superior. (La Tercera)
Mariana Aylwin
