Es incuestionable que Chile ha enfrentado bien, en un contexto de mucha incertidumbre, esta crisis sanitaria y económica, lo que se relaciona con nuestras bases institucionales, entendidas en un sentido amplio: institucionalidad de salud y económica, mesa técnica, mesa social, comunidad científica y académica, sociedad civil y empresas.
Sin embargo, el proceso legislativo no siempre ha estado a la altura de las circunstancias cuando, por ejemplo, prevalece ese tono estridente y polarizado, cuando se salta el marco constitucional solo para hacer un punto, o cuando legisla a partir de casos específicos, soslayando la evidencia, el análisis técnico y los efectos secundarios de las leyes que se impulsan.
La última muestra de ello fue la aprobación “express” y transversal de la indicación que impide repartir dividendos, ni siquiera el mínimo legal de un 30%, a toda sociedad anónima que se haya acogido a la Ley de Protección del Empleo. Una indicación que, como resulta obvio, surge del polémico reparto de dividendos de Cencosud. Bienvenido el debate, el escrutinio y las críticas en torno a esa decisión, y es la empresa la que debe explicar en forma transparente los fundamentos de su actuar, cuestión que pensamos no ha hecho de manera suficiente ni oportuna. Pero a la hora de legislar, no debe ser un caso específico, sino la evidencia y ciertas consideraciones generales las que deben guiar el debate.
Se debe considerar la gran diversidad de realidades empresariales que se han acogido a la Ley de Protección del Empleo. Según el Ministerio de Hacienda, al 28 de abril 65.531 empresas habían suspendido su relación laboral con 438.752 trabajadores. De este total, un 98% de las empresas y un 74% de los trabajadores corresponden a MiPymes. Solo 17 corresponden a empresas inscritas en la Comisión de Mercado de Valores y con ventas de más de 1 millón de UF, de las cuales solo tres son parte del IPSA, principal índice de la Bolsa de Comercio. La gran mayoría de las empresas suspendió la relación laboral a menos de 50 trabajadores, los que sumados corresponden a más del 60% del total. Finalmente, un 44% de los trabajadores corresponde a aquellos suspendidos automáticamente por resolución de la autoridad y no por pactos voluntarios.
Muchos pequeños y medianos empresarios y emprendedores viven de dividendos de su empresa y como consecuencia de la profunda caída de su actividad (no por malas decisiones o riesgos propios del negocio, sino que por las necesarias medidas de restricción impuestas por la autoridad) deben al mismo tiempo ajustar sus costos, principalmente laborales, para lo cual tienen la alternativa que les ofrece la ley o, en su defecto, el despido. En el caso de empresas medianas y grandes que tienen distintas áreas de negocios organizadas en filiales, la flexibilidad para mover recursos a través de dividendos desde las filiales a la matriz para capitalizar, prepagar o reestructurar deudas, es fundamental, sobre todo en tiempos de crisis.
Para el caso de las grandes empresas, esa imagen que algunos muestran de que los dividendos se acumulan en la bóveda del dueño es absurda, pues no considera que llegan a todos los accionistas, entre los cuales se cuentan los fondos de pensiones de los trabajadores y otros accionistas minoritarios, y que gran parte de ellos vuelven a la economía. No es de extrañar que Francia, por ejemplo, para una política similar, no establezca restricción alguna ni de reparto de dividendos ni de tamaño de empresa. Estamos a tiempo de enmendar el error en el sentido propuesto por el ministro de Hacienda, de manera que la regulación desincentive los abusos sin debilitar los objetivos perseguidos.
El proceso legislativo debe adaptarse a un nuevo Chile, con una ciudadanía más exigente y empoderada, sin caer en respuestas simplistas y aprendiendo de esa “vilipendiada y aburrida política del reformismo gradual y responsable de los últimos 30 años” que, entre sus aspectos virtuosos, nos dejó un fondo de cesantía que acumula US$ 11.000 millones, un fondo soberano de estabilización económica y social por US$ 12.300 millones y una deuda pública de un 27% del PIB que, aunque creciente, sigue siendo de las más bajas a nivel global.
Todo ello nos permite hoy enfrentar de mejor forma esta crisis, que será profunda y que por ejemplo en EE.UU. ya implicó que se triplicara la tasa de desempleo llegando a un 14,7%, la más alta y el mayor salto mensual desde 1948. Tenemos la convicción de que contamos con los cimientos institucionales, así como los liderazgos políticos con la responsabilidad y coraje necesarios para neutralizar a los conductores de la estridencia, la polarización y de ese otro virus llamado populismo. (El Mercurio)
Bernardo Larraín
Presidente Sofofa
Gonzalo Said
Vicepresidente Sofofa
