El gobierno decidió sacrificar a tres universidades estatales, dejándolas sin gratuidad, para incluir a planteles privados en el inicio del beneficio durante 2016. Ayer los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés; de Segpres, Nicolás Eyzaguirre y Segebog, Marcelo Díaz se trasladaron al Congreso para reunirse con todas las bancadas de la Nueva Mayoría y con representantes de la Alianza para dar a conocer una nueva propuesta que busca poner en marcha la política anunciada por la Presidenta Michelle Bachelet, el 21 de mayo pasado.
La fórmula implica el envío de una ley corta para modificar la glosa de gratuidad, declarada inconstitucional, permitiendo que todas las universidades que tengan más de cuatro años de acreditación puedan optar al beneficio para sus estudiantes de los cinco primeros deciles. Una medida dolorosa para el Ejecutivo, ya que tres planteles estatales quedarían fuera: la U. de Los Lagos, U. Tecnológica Metropolitana (Utem), y la U. Arturo Prat; todas con sólo tres años de certificación.
Según un parlamentario que participó en las reuniones, el ministro Díaz les habría explicado que a la acreditación también se sumaría el requisito de no tener en sus directorios a personas que participen en entidades con fines de lucro. Y el principal mensaje del vocero de Gobierno habría sido alcanzar un acuerdo transversal para evitar nuevos traspiés legales.
Esta ley sería enviada el lunes al Congreso, luego de que se conozcan los argumentos del fallo del Tribunal Constitucional, para ser aprobada a más tardar el miércoles 23 de diciembre. Y en esa línea se produjo el intenso lobby de los ministros Díaz, Eyzaguirre y Valdés pues hay parlamentarios del oficialismo que no estaban dispuestos a abrir la gratuidad a planteles privados fuera del Cruch y menos a dejar fuera a tres Ues. estatales.
El senador Fulvio Rossi es uno de los que respalda la iniciativa del gobierno: “Lo óptimo sería una ley corta que permita incluir instituciones del Cruch junto a otras universidades privadas acreditadas y mejorar becas de CFT e IP”.
La fórmula que ayer promovió el gobierno en el Congreso no contemplaría modificar el umbral de beneficiarios, manteniéndolo en los estudiantes de los cinco primeros deciles de ingresos.
Otra de las modificiaciones que requeriría la glosa para concretar esta propuesta es modificar el plazo para que las instituciones manifiesten si se sumarán o no la gratuidad, lo que en la Ley de Presupuestos está fijado para el 22 de diciembre, pero la ley corta se aprobaría un día después.
PROPUESTA DE OPOSICIÓN
A primera hora de ayer parlamentarios de la oposición se reunieron con la ministra de Educación, Adriana Delpiano, a quien entregaron formalmente la propuesta de la oposición para implementar la gratuidad. “Nuestro planteamiento se basa en tres condiciones: que haya más estudiantes beneficiados, que no exista discriminación arbitraria entre un mismo tipo de instituciones y que se resguarde la calidad de los planteles que pueden dar gratuidad”, explicó el diputado de la UDI, Jaime Bellolio.
Según el parlamentario, Delpiano les detalló la posibilidad de hacer cambios a la glosa de gratuidad mediante una ley corta, sin entregar mayores detalles.
La nueva iniciativa del gobierno deja sin gratuidad a los CFT e IP, pero les garantiza un incremento en el monto de las becas Nuevo Milenio, que se entregan a los estudiantes de esas instituciones. Así, los beneficiados recibirían cerca de $ 900 mil, un 50% más de lo asignado en 2015.
El senador de la DC Ignacio Walker enfatizó que “la fórmula, legislativa o administrativa, debiera a mi juicio reunir los siguientes requisitos: que no discrimine entre alumnos igualmente vulnerables, que en materia universitaria no se restrinja a las instituciones del Cruch, sino a las que reúnan iguales requisitos, y que en materia de CFT e IP exista un aumento importante en los montos de las becas Nuevo Milenio”.
¿De dónde podrían salir los recursos para financiar a más universidades privadas? Según fuentes del gobierno hay factores como, por ejemplo, que siete CFT e IP quedarían fuera de la gratuidad, incluido el Duoc. Además, se debe considerar que probablemente habrá planteles que no se interesarían en sumarse a esta política pública durante 2016.
Esta propuesta es vista por algunos miembros de la Nueva Mayoría como un triunfo de la derecha y de una parte de la DC, sobre todo porque se sumarán instituciones que han sido investigadas por el Mineduc.
En tanto, las Ues. estatales que se quedarían fuera de la gratuidad, recibirían recursos vía convenio marco para poder implementar el beneficio de forma institucional.
