Hace unos días un equipo de prensa de televisión fue atacado con armas de fuego en La Araucanía. Lamentablemente, esta vez le tocó sufrir las consecuencias del terrorismo a un periodista y un camarógrafo inocentes, engrosando la lista de víctimas de violencia en la macrozona sur de Chile.
Dado el perfil de las víctimas, en redes sociales y medios de comunicación se condenaron los hechos, hablando por primera vez -sin eufemismos- de actos terroristas. Pero lo cierto es que a diario miles de compatriotas sufren este tipo de hechos y la capacidad de asombro se diluye cuando se trata de “NN” que viven a cientos de kilómetros de Santiago.
La responsabilidad no es de las redes y menos de los medios, es de un Estado que no ha sido capaz de saldar tres grandes deudas con sus ciudadanos: 1) acabar con el actuar violento de grupos armados; 2) implementar una política de Estado que resuelva el problema de fondo a través del diálogo; 3) promulgar una ley de reparación a víctimas de esta violencia en la zona.
Este último punto es lo que hoy tenemos más a la mano. Aunque no resuelve el problema de fondo, al menos podría resarcir parte del daño causado a miles de chilenos en los últimos 20 años. Una consulta realizada por la Multigremial Nacional reveló que una abrumadora mayoría de 98% de los consultados apoya la idea de crear una ley que entregue reparación a las víctimas.
En marzo nuestra organización entregó al gobierno del presidente Piñera un anteproyecto de ley redactado por un panel de expertos en esta materia, el que fue previamente validado por los gremios y organizaciones de víctimas de violencia rural de la macrozona sur. Esta iniciativa busca reconocer la condición de víctima a toda persona que haya sufrido actos de fuerza en ese lugar y también reparar en forma oportuna y proporcional el daño causado, considerando pérdidas materiales y también menoscabo económico y daños psicológicos. Esto, para quienes sufrieron actos de terrorismo desde el 2000 en adelante.
No olvidemos que las víctimas son muchas y diversas, de distintas etnias y de diferentes orígenes y realidades. Por ello, urge un diálogo sincero, más allá de las ideologías, que permita flexibilizar posturas y derribar prejuicios que nos mantienen alejados de la paz.
La herramienta ya está, ahora solo resta el compromiso del gobierno para impulsar este proyecto, así como la decisión política y valentía de los parlamentarios para que esta idea se convierta en ley. Dar señales y pasos concretos en ese sentido es un deber de quienes tienen como mandato gobernar por el bienestar de todos los chilenos. (El Líbero)
Juan Pablo Swett
