La Ley de Usurpaciones recién aprobada en el Congreso ha generado una serie de reacciones por parte del Gobierno que me parece necesario abordar. El elemento central de la ley es transformar las ocupaciones ilegales en un delito. Actualmente es simplemente una falta, lo que impide a Carabineros tomar detenido a quien usurpa, generando impunidad total y un negocio muy rentable para las mafias que lucran con las tomas.
En Chile, los usurpadores se quedan por años ocupando terrenos que han sido arrebatados a otra familia; cortan y venden la madera que existe en ellos; construyen segundas viviendas; e incluso arman proyectos inmobiliarios loteando y vendiendo sitios. El caso más dramático es el vivido por Alejandro Correa, quien fue asesinado por un sicario mandatado por un usurpador.
Esta lamentable realidad se ha instalado como un creciente fenómeno criminal en nuestro país. Se estima que las bandas organizadas dedicadas a usurpar podrían generar ingresos anuales por 30 millones de dólares. De acuerdo con datos del Ministerio Público, en los últimos cinco años las usurpaciones pasaron de 1.341 en 2018 a 2.421 en 2022 (10.148 en todo el período). Solo el 1% logró sentencia condenatoria.
Con esta ley se termina un círculo vicioso. El legítimo propietario podrá llamar a Carabineros, y dado que en la ley la usurpación será ahora un delito permanente, los usurpadores serán detenidos “en flagrancia”, independientemente de cuánto tiempo lleven ocupando el terreno. Antes, en cambio, muchas veces se interpretaba que después de las primeras 12 horas no existía flagrancia.
La pena impuesta para este nuevo delito es baja, y por lo tanto, por regla general, alguien que usurpa un terreno por primera vez será detenido y llevado a control de detención, pero no irá a la cárcel. Ahora bien, si vuelve a usurpar un terreno, o lo hace en forma violenta, o genera un negocio inmobiliario con la usurpación, tendrá cárcel efectiva.
La mayor crítica del Gobierno a esta nueva ley es la legítima defensa. ¿En qué consiste? La ley plantea, para el caso de las usurpaciones violentas (no aplica para usurpaciones no violentas), que si una persona se defiende, no tendrá responsabilidad penal. En este caso se aplica el mismo principio de legítima defensa que exime de responsabilidad penal a quien actúa en defensa propia cuando ingresan con violencia a su casa y también para quien es víctima de otros delitos graves. Frente a una usurpación violenta, lo más probable es que las personas recurrirán al auxilio de Carabineros —que es el corazón de la nueva ley—, pero no resulta razonable que si excepcionalmente alguien actúa en defensa propia repeliendo una actuación violenta, sea perseguido penalmente.
Si el Gobierno envía un veto, y quiere que estas personas sean perseguidas penalmente cuando actúen en defensa propia, debería transparentarlo, y no caer en una campaña de desinformación similar a la que hicieron en su minuto con la Ley Naín-Retamal (que llamaban “gatillo fácil”) y con la Ley del Robo de Madera. Esta ley no permite el uso de guerrillas y tampoco busca la autotutela.
Estoy convencido de que la creación y aprobación de esta ley —que nace de la mesa de víctimas del terrorismo que implementamos el 2018— es uno de los cambios institucionales más relevantes para La Araucanía, pues las usurpaciones se han transformado en un modelo de negocio para las mafias detrás del terrorismo, y sin la existencia de esta ley, las víctimas se encuentran completamente desamparadas. (El Mercurio)
Felipe Kast
