Un resultado incluso más favorable que el esperado obtuvo el gobierno este miércoles en la sala del Senado que despachó a la Cámara el paquete de observaciones (vetos en la jerga legislativa), que el Presidente Gabriel Boric envió al Congreso para intentar corregir la Ley de Usurpaciones.
Trece de los catorce vetos fueron aprobados por mayoría. Incluso, en algunas situaciones el Ejecutivo contó con el voto a favor de los senadores opositores, quienes a regañadientes se vieron obligados a respaldar la propuesta del gobierno ante el riesgo de que la iniciativa saliera con un marco jurídico menos severo.
Esta reforma surgió de la fusión de un par de mociones parlamentarias que buscaban endurecer las sanciones contra las ocupaciones de propiedades y agilizar los procesos policiales y judiciales para la restitución y el desalojo de estos inmuebles.
Entre los principales puntos, el Senado aprobó la eliminación de la conflictiva “legítima defensa privilegiada”, que permitía a un privado recurrir a la fuerza con medios propios para recuperar una propiedad. Además, se suprimió una referencia a las usurpaciones “transitorias”, lo que podía afectar tomas realizadas en un contexto de manifestaciones.
También se acogió una escala graduada de penas que vayan descendiendo desde la cárcel para aquellas tomas con violencia sobre personas, luego un presidio más bajo para ocupaciones con daños y finalmente un mecanismo intermedio, que quedaría en manos del juez, para aplicar multas o privaciones de libertad a quienes protagonicen usurpaciones “no violentas”, según la terminología jurídica.
Igualmente se aprobó una propuesta para que un propietario pueda pedirle a un tribunal un desalojo exprés sin necesidad de que termine el juicio.
El martes, la comisión de Seguridad de la Cámara Alta ya había aprobado diez de los vetos. Ahora con trece puntos aprobados era mucho más evidente la satisfacción de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y de su par de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), quienes estuvieron el martes y el miércoles defendiendo las correcciones a la iniciativa que el Congreso había despachado el 30 de agosto pasado.
Por lo demás, el único veto que fue rechazado (uno que suprimía la pena de presidio a las tomas “no violentas”), el gobierno igualmente logró imponer sus términos.
¿La razón? La Constitución y la leyes le otorgan poderosas herramientas al Presidente para imponer su voluntad. Por ejemplo, la Ley Orgánica del Congreso señala que cuando una de las observaciones presidenciales es desechada, los legisladores deben contar con dos tercios de la Cámara y del Senado para reponer el texto que hubiera despachado originalmente el Parlamento. En caso de no reunir ese alto quórum, la legislación dice que no habrá ley en la parte objetada por el Presidente.
Por lo tanto, al votarse la insistencia de este único punto rechazado, la oposición no tuvo los votos suficientes y el gobierno igual logró su objetivo de suprimir las penas de cárcel para tomas sin violencia física ni verbal.
Terminada la sesión, la ministra Tohá expresó su conformidad. “Queremos valorar y agradecer esta votación”, dijo en una rueda de prensa acompañada de Elizalde de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (CS), y senadores del PS, del PPD y Frente Amplio.
Sin embargo, a pesar de la victoria, las 14 votaciones reflejaron también el desmarque del PC, que hace dos semanas ya había advertido que no apoyaría el veto en aquellos puntos que elevaban las sanciones penales para las tomas.
Al final los senadores del PC, Daniel Núñez y Claudia Pascual rechazaron las penas de presidio para ocupaciones con daños y para aquellas usurpaciones no violentas. Además, se abstuvieron en otras siete observaciones, que mayoritariamente sólo hacían cambios formales.
Consultada por el desmarque de los comunistas, Tohá dijo que “nosotros siempre esperamos en este caso que todos los sectores y particularmente los sectores oficialistas acompañen al gobierno en propuestas como este veto presidencial y vamos a seguir dialogando y buscando caminos para que ese acompañamiento se produzca en las próximas fases de tramitación”.
Asimismo, la ministra remarcó la autonomía de La Moneda respecto de la supuesta influencia de los partidos de izquierda. “Ahora, lo que también debiera despejarse… es que lo que se dijo alguna vez, que este veto había sido digitado por el PC. Demuestra que no era así”, añadió la titular del Interior.
El resultado, en todo caso, dejó un mal sabor en la derecha, que finalmente terminó cediendo en vista del escaso margen constitucional, legal y reglamentario que tenían para doblarle la mano al gobierno.
De hecho, en una muestra de la resignación, alrededor de ocho legisladores de oposición se ausentaron de la jornada de votaciones.
Durante el debate, el senador José García (RN), uno de los autores del proyecto, si bien criticó a La Moneda por aliviar las penas de cárcel, dijo que “esto es mejor que lo que tenemos hoy día, en que sólo existe la multa, por eso vamos a votar favorablemente”.
Incluso, al final, el senador Felipe Kast (Evópoli), también autor de la reforma y presidente de la Comisión de Seguridad, dijo que a pesar del gobierno, el avance de esta iniciativa “es un motivo de celebración”.
“De ahora en adelante podemos celebrar que nunca más la usurpación no va a ser simplemente una falta, sino que será un delito”, insistió el legislador Evópoli.
Por su parte, la senadora Carmen Gloria Aravena (independiente-republicana) reiteró que igualmente “vamos a presentar un nuevo proyecto, transversalmente. Chile Vamos, Republicanos y toda la derecha unida” para intentar subir las penas.
No obstante, a pesar de las cuentas alegres y la resignación de los senadores de derecha, el escenario no está completamente despejado en la Cámara de Diputadas y Diputados, que comenzará a analizar las 14 observaciones a la Ley de Usurpaciones a partir del 6 de noviembre.
Según el calendario preliminar que baraja en esta rama del Congreso, la idea es que los vetos sean vistos el martes 7 en la Comisión de Seguridad, para intentar votarlo en la sala el miércoles 8. Con ello, la norma estaría en condiciones de ser promulgada.
El problema para el gobierno es que la disidencia que marcó el PC en el Senado, tiene una mayor resonancia en la Cámara. De partida, los comunistas son la segunda bancada oficialista más numerosa.
Además, los diputados del Frente Amplio tienen una actitud mucho más díscola que la línea política del senador Juan Ignacio Latorre (RD), quien en la Cámara Alta votó a favor de las catorce enmiendas del gobierno.
Los representantes de la derecha en la Cámara, por su parte, suelen actuar con mayor virulencia que sus miembros del Senado. En esa línea, desde las filas opositoras no descartaban rechazar algunas materias que sus senadores habían aprobado. (La Tercera)
