La Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2025, con su compleja tramitación, acuerdos y otras yerbas incorporó en su artículo 48 por iniciativa de dos diputados, la suspensión en la aplicación de la denominada “Ley Lafkenche” (Ley N° 20.249) durante el próximo año para analizar y ordenar la entrega de permisos de nuevos Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), paralizando los pendientes. Dicha decisión fue aprobada en el Senado y en la Cámara de Diputados, con el apoyo amplio de parlamentarios de las oposiciones y también de partidos de las coaliciones gobernantes.
La señal del Parlamento no es una señal menor frente a un tema que preocupa a miles de personas que trabajan en la pesca artesanal, el turismo, la recolección de algas, la industria de la pesca industrial de cultivo de moluscos, la salmonicultura y la desalación, junto a los miles de servicios y negocios que se producen en torno a estas actividades. Si se considera sólo la Región de los Lagos, el 18% del PIB lo produce la industria salmonera, estamos hablando directamente de un quinto del producto regional. En dicha industria, en las plantas de proceso -que representan la fase productiva más intensiva en mano de obra-, el trabajo femenino es cerca del 45% del empleo, donde las mujeres jefas de hogar son esenciales para la actividad.
Pese a lo anterior, el Presidente de la República presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC), sin que muchos se enteraran entre noticias navideñas. El gobierno recurrió ante la otrora mal denominada “Tercera Cámara”, así llamada en su momento por los “juristas” frenteamplistas. En este caso, el Presidente solicita que el TC declare inconstitucional el mencionado artículo 48 por supuestos vicios de forma o procedimiento en la generación de aquella. También acudieron ante el Tribunal parlamentarios de PS, PC y FA, en defensa de sus colectivos clásicos que hayan resonancia en varios de los ministros del TC que fueron parte de ONG ambientalistas e indigenistas que, muchas veces, poco conocen la realidad de personas que se identifican con los pueblos originarios que conviven y laboran en muchas de las actividades señaladas.
Más allá de lo conocido públicamente, en orden a que el requerimiento del Gobierno fue vergonzosamente admitido a trámite por el TC y su mayoría oficialista, pese a haber ingresado puerilmente y en un ardid de última hora antecedentes fuera del plazo legal, debiendo recurrir el Gobierno a un antiguo y distinguido ex ministro del Tribunal para solucionar el desastre jurídico con la pelota dentro del arco, lo cual permite augurar la decisión sobre el fondo del asunto; es importante reflexionar acerca de la decisión adoptada por el Congreso Nacional.
La Ley Lafkenche data de 2008 y tuvo en su inicio un fin noble y razonable, el que buscaba otorgar espacios costeros marinos a pueblos originarios, los denominados ECMPO, para resguardar el uso consuetudinario de los mismos, mantener tradiciones y recursos naturales para dichos pueblos en territorios utilizados ceremonialmente. Con el tiempo, ello ha cambiado drásticamente, encontrándose pendientes solicitudes de ECMPO por un total de 3.272.000 hectáreas de espacios costeros. Dichas peticiones generan una altísima incertidumbre en diversos rubros económicos (pesqueros, turismo, portuarios, caletas, cultivos y desaladoras), directa e indirectamente desde Biobío al sur, ya que tienen preferencia sobre otras solicitudes de concesiones de borde costero complejizando o simplemente imposibilitando inversiones con el consabido problema en el empleo y el crecimiento, súmele a ello la lentitud de permisos de concesiones marítimas. Para dimensionar el impacto territorial de la Ley Lafkenche, la pesca artesanal tiene áreas de manejo por 124.000 hectáreas, las concesiones para cultivo de choritos y salmoneras suman 25.000 hectáreas. Los números dan cuenta por sí solos de la desproporción y del impacto en el desarrollo y trabajo de las Regiones afectadas.
Que el Congreso Nacional haya dispuesto evitar durante 2025, por importantes mayorías, los efectos de las solicitudes de la citada Ley; demuestra la urgencia por legislar en una materia altamente conflictiva para trabajadores, organizaciones sindicales y mujeres jefas de hogar, entre otros que trabajan en torno a la pesca artesanal, la acuicultura, el buceo, el turismo y la salmonicultura. Esta posición resulta contrapuesta con la sostenida por ONG, grupos ecologistas y otras agrupaciones de interés que miran junto al Gobierno, desde lejos, estas problemáticas del desarrollo y que encuentran eco en varios ministros -que durante años defendieron estos temas- hoy en la mayoría oficialista del TC.
Es sabido que el colectivismo de una izquierda radical e identitaria, que el Gobierno y su coalición, pese a todas las derrotas, continúa tratando de llevar adelante con un torpe paternalismo romántico sin ver la realidad de quienes viven y sustentan a sus familias en torno a un ecosistema económico regional frágil. El gobierno del Presidente Boric y la sustentación de su receta política colectivista, como demuestra este caso, finalmente, es un doctrina de la que no claudicarán nunca, pues es la razón de su existir y la base política que los sustenta en casi un tercio del electorado.
El requerimiento presidencial ante el TC, demuestra la total falta de aprendizaje de la realidad de pequeños grupos organizados que nublan a la coalición gobernante al igual como ocurrió con el texto constituyente de 2022, un sólo ejemplo para cerrar: El 4 de septiembre de 2022, la plurinacionalidad y las potentes prerrogativas indigenistas fueron rechazadas en zonas como la Araucanía con un contundente 73,8%. Varios estudiosos de temas indígenas frenteamplistas, devenidos asesores presidenciales no aprendieron de esta experiencia y continúan en su empeño desdeñando el progreso que para ellos resulta obvio desde la cuna. (La Tercera)
Gabriel Alemparte
