El reciente debate sobre el cambio en las bases curriculares de 3° y 4° medio ha puesto en evidencia algunos aspectos de nuestro sistema que conviene considerar en forma más amplia.
En primer lugar, parece que nos falta más cultura de libertad y flexibilidad curricular. Estamos tan poco habituados a ella, que, si algo deja de ser obligatorio, para algunos simplemente no existe y hasta resulta amenazante. ¿Cómo lo hacen otros países? En la mayoría de la OCDE, tercero y cuarto medio ni siquiera son obligatorios: la escolaridad obligatoria termina, en promedio, a los 16 años. En una sociedad libre, el principio general debiera ser una libertad curricular amplia, con un marco de asignaturas mínimas que aseguren un piso común. ¿Asignatura A, B, C o D? ¿Cuántas horas cada una? Encontraremos argumentos razonables para todo y será imposible ponernos de acuerdo en el detalle: dejemos espacio amplio para que los colegios y las familias decidan. Indudablemente se requiere definición para una base cultural común; pero si confiamos en la libertad y en el aporte de los propios colegios, entonces las definiciones curriculares deben favorecer un sistema diverso y flexible. Esa variedad de proyectos educativos enriquece una sociedad, no la divide ni pone en riesgo su cohesión.
En segundo lugar, necesitamos afinar un buen diseño institucional para la definición de las bases mínimas. El currículum es una suerte de “carta magna” de la enseñanza de un país. La pregunta es a quién le cabe esa definición. En nuestro sistema actual su diseño descansa en el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación, pero algunos se han quejado de falta de participación o de la oportunidad de los cambios, mientras otros reclaman la injerencia que tuvo el Congreso: fue la Ley General de Educación la que dispuso que los dos años finales de educación escolar serían de educación diferenciada; y otra ley la que estableció que la asignatura de Educación Ciudadana sería obligatoria en 3° y 4° medio a partir de 2020. Así, la discusión y diseño de las bases curriculares estaba limitada al menos por dos condiciones que tuvieron consecuencias en el diseño final. Esto podría evitarse si el Congreso se abstuviera de tomar definiciones curriculares específicas y pusiera énfasis en afinar un buen sistema de reglas para la toma de decisiones curriculares, que dé las garantías fundamentales y asegure una política que trascienda a los gobiernos de turno.
Finalmente, una mirada moderna y dinámica del currículum requiere flexibilidad más allá de las bases curriculares. La implementación de los cambios aprobados topa con otros aspectos también muy regulados: contratos y formación docente, menciones de especialidad, duración de la enseñanza básica y media, entre otros. Con el nivel de regulación que existe en el sistema, cualquier cambio real en el currículum resulta extremadamente lento y complejo. Así fue como las bases actuales quedaron fijas durante casi 20 años: entre medio irrumpió internet, muchas dinámicas sociales y escolares cambiaron y, pese a esto, ahí seguía el mismo currículum, inmune al paso del tiempo, al cambio de expectativas y de oportunidades. ¿Queremos que nuevamente pase lo mismo? Si de verdad aspiramos a un curriculum para el siglo XXI, se necesita pensar en sistemas más flexibles de adaptación curricular, de formación y desarrollo docente, de gestión escolar, que en su conjunto sean más dinámicos y menos traumáticos para el sistema.
En síntesis, si queremos tener una política curricular moderna, necesitamos una cultura de mayor libertad curricular, un buen diseño institucional y más flexibilidad en el sistema educativo en general. (El Líbero)
Ignacio Illanes
