Frente a la sensación de derrota en el abordaje de la infancia vulnerada en nuestro país, se abre una luz de optimismo con el primer gran anuncio del nuevo gobierno. El Presidente de la República ha convocado a un “Acuerdo por la infancia” que contempla diez medidas cuyos titulares tienen mucho sentido y coherencia; el desafío está en que puedan implementarse lo más pronto posible y no se pierda este ímpetu o se diluya en la infructífera discusión legislativa, a la que se le ha dedicado un tiempo más que suficiente. Es posible afirmar que la mayor dificultad para concretar la agenda de infancia ha sido la ambición de cubrir en paralelo demasiados ámbitos institucionales y quedarse en una discusión doctrinaria, mientras que hay muchos aspectos que perfectamente podrían haberse tratado por la vía administrativa.
¿En qué puntos sí existe bastante consenso? En la necesidad de aumentar la subvención por niño y con ello mejorar los estándares de atención, también en desarrollar una estrategia de intervención integral con las familias, actualizar los sistemas de información en infancia y modificar la ley de adopciones; todos pueden ser implementados rápidamente porque existe un acuerdo transversal en que son reformas urgentes.
El nudo crítico está en los aspectos institucionales más complejos que hoy dependen fundamentalmente de avances en proyectos de ley, cuyas discusiones podrían dilatarse, cómo ha sido la tónica en este asunto. En este contexto, y a modo de susperar la inercia, sería conveniente concentrarse en los dos proyectos de ley más urgentes referidos a la creación del Servicio de Protección Especializada y el Servicio de Reinserción Social Juvenil. Ambos están en tramitación, pero requieren de algunas mejoras esenciales que no debiesen complejizar su tramitación. En el caso del primero, habría que incorporar un mayor reconocimiento y énfasis en las organizaciones de la sociedad civil, que han sido históricamente colaboradoras en esta importante función. El actual proyecto las trata con desconfianza, como meros proveedores de un servicio, e incluso les da un trato discriminatorio frente a los mismos tipos de establecimientos estatales. Adicionalmente, el proyecto también debería profundizar lo referido a las oficinas y programas de Protección de Derechos que están muy parcialmente considerados. Respecto del segundo proyecto, si bien la creación de un Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil es una mejora respeto a la situación actual, sería conveniente desarrollar de manera más amplia los mecanismos de mediación como salida alternativa al proceso, como pueden ser acuerdos reparatorios. También es necesario mejorar la orgánica del nuevo servicio, ya que el director concentraría demasiadas funciones en desmedro de las direcciones regionales que deben tener un liderazgo más relevante.
Como toda iniciativa pública, mas allá de recursos, diálogo y propuesta, se requiere convicción y liderazgo. La situación de la infancia vulnerada en Chile no resiste más debates porque estamos todos del mismo lado: llegó el momento de hacer el máximo esfuerzos por invertir lo necesario y poner en marcha las acciones concretas que permitan cerrar esta herida que realmente nos avergüenza. (La Tercera)
Ignacio Irarrázaval
