Hace un mes el general director de Carabineros (s), Marcos Tello, asistió a la cuarta subcomisión mixta del Presupuesto en el Congreso. Acompañado de otros oficiales expuso la situación financiera de la institución con miras al próximo año y aseguró que, pese al contexto del millonario fraude que se investiga, perpetrado por una mafia de funcionarios en la policía uniformada, “todo funciona con normalidad”.
La expresión molestó a los parlamentarios, como el senador oficialista Carlos Montes (PS) o el diputado de oposición Cristian Monckeberg (RN), quienes mostraron sus reparos y se plegaron a la iniciativa de suspender la tramitación de esta partida, hasta no saber, entre otras cosas, cuál es la dotación real de funcionarios activos de Carabineros. Este detalle cobró particular importancia a partir de los datos recogidos por la comisión investigadora sobre las irregularidades en la administración de la señalada institución policial.
El general, en su exposición, adelantó una de las conclusiones a la que llegaron los diputados de la comisión a cargo de indagar los orígenes y las responsabilidades en el esquema con el que se ejecutó el fraude. Tello señaló que, además de sacar dinero desde las cuentas destinadas a pagar desahucios, los involucrados en el fraude «metieron mano en las cuentas de gasto en personal (…) no es una información que esté confirmada porque es parte del proceso investigativo (pero) de lo que nosotros pudimos establecer, es fundamentalmente de aquellas plazas que fueron asignadas a la institución y que por diversas razones no se ocuparon».
Estas plazas sin ocupar son lo que los parlamentarios de la comisión, y otras personas allegadas a la investigación del caso, han llamado “Carabineros fantasmas”. En cifras representan, en la práctica, un pozo de dinero muy atractivo, que al cabo de 11 años significó una fuente importante de ingresos para los ejecutores del ilícito, que hasta el momento supera los 26 mil millones de pesos, sin que nadie en dicho lapso, aparentemente, sospechara ni se diera cuenta de nada.
LA HEBRA QUE ENTREGÓ VILLALOBOS
El 15 de mayo, durante la segunda sesión de la comisión de la Cámara, el general director cifró la dotación de efectivos de Carabineros, entre civiles y operativos, en 58.228 personas. El punto es que el Presupuesto 2017 entregó dinero considerando a un total de 65.085. Durante la última década ha permanecido este desfase, entre las plazas de Carabineros que trabajan efectivamente y otras para las cuales hay recursos, pero que no se han completado. Nace de esta manera un nuevo tipo de funcionarios, los “carabineros fantasmas”, que están considerados en tal Presupuesto, pero no existen.
Hasta ahora, con ocasión del fraude, esta diferencia en la dotación no era conocida porque el artículo 436 del Código de Justicia Militar establece que la cantidad exacta de personas que forman parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros tiene carácter de secreto. La única cifra que se conoce es la que el general Bruno Villalobos entregó en la comisión.
De esta manera, la diferencia en 2017 entre policías operativos y otros para los que hay dinero pero que no existen, fue de 6.853 efectivos. En otras palabras, vacantes que no se han ocupado y que, sin embargo, están consideradas en el gasto fiscal. En junio egresaron 1.500 policías uniformados, que se incorporan al contingente de 2018, pero que igual no alcanzan a cubrir la diferencia.
EL POZO DE LA MAFIA
Para el diputado Leonardo Soto (PS), integrante de la comisión, este dato de la diferencia entre el contingente pagado y el que efectivamente opera, surgió de una pregunta. “Cuando vimos que el fraude superaba los 26 mil millones nos preguntamos qué partida del presupuesto de Carabineros quedaba sin cumplir a partir de los recursos sustraídos y nos encontramos con este dinero que fue entregado y durante años quedó empozado. Además, quien defendía el presupuesto en el Congreso y frente al Ministerio de Hacienda, era el propio general Flavio Echeverría”, detalla Soto, en referencia al general que, según el Ministerio Público, es el jefe de la mafia formada para defraudar.
En julio de 2017, el general Carlos Carrasco, subdirector de Carabineros entre diciembre de 2013 y agosto de 2015, reconoció en la comisión que nunca se incluyó en las auditorías al Departamento de Remuneraciones.
Nunca se hacía referencia al ítem remuneraciones, ya que los montos a ser asignados estaban en relación con las plazas y grados de la Escala de Empleados Públicos aprobados por ley. Explicó que la dotación efectiva se determinaba por la Lista de Revista, que es un instrumento en que las reparticiones registran al personal de su dotación y los beneficios a los cuales tienen acceso.
Esa Lista de Revista se cruzaba con los documentos oficiales de altas y bajas, dado que debían existir respaldos en decretos o resoluciones para determinar la dotación efectiva. Con ello se podía conocer, con un grado de certeza, el costo real de las remuneraciones fijas. Por su parte, las remuneraciones variables, que es donde radicó la situación delictual, se calculaban sobre la base del presupuesto histórico, incrementado por el porcentaje de aumento de plazas, más un corrector anual. Mediante auditorías internas y externas de la Inspectoría General y de la Contraloría General de la República, respectivamente, se daba cuenta de la normal ejecución, con observaciones de forma y fondo, como fue el caso del informe final de auditoría N° 30.
Adicionalmente, en las remuneraciones variables se controlaba y hacía un seguimiento por parte del general subdirector de los gastos en viáticos, asignaciones de vuelo y navegación, pasajes, fletes y asignaciones de riesgo, entre otras, con el propósito de enmarcarse dentro de la disponibilidad anual, puesto que siempre faltaban recursos. Así, señaló, «el director de finanzas daba cuenta sobre cómo iba la ejecución, que normalmente estaba sobregirada, caso en que el general subdirector advertía a las reparticiones sobre esa condición. El general subdirector observaba y controlaba desde un macrosistema, pues era el director de Finanzas quien daba cuenta de la forma en que se desarrollaba la ejecución presupuestaria”, explicó Carrasco.
NADIE SE DIO CUENTA
El general solo admitió una responsabilidad política en el fraude. “Se trata de responsabilidades políticas y administrativas, de haber estado en un momento en que se sucedían los hechos. Asimismo, (Carrasco) garantizó que no tuvo conocimiento alguno de la situación, pues, tal como aconteció en dos oportunidades previas, habría denunciado lo ocurrido. Respecto de la matriz de riesgo para el control de gestión de la institución, manifestó tener dudas de que se hubiera considerado el robo, pues el riesgo presupuestario de la institución estaba en la mala asignación de los dineros, ya sea en forma equívoca o dolosa, como por ejemplo que una prefectura reconociera asignación de riesgo a todo el personal que trabajaba en el área administrativa, sin que ello procediera legalmente. A ese tipo de orientación de fraude, el mal otorgamiento de beneficios, estaba orientada la debilidad”, precisa el informe de la Comisión Investigadora.
En su comparecencia, el general reconoció un hecho que les abrió las puertas tanto a los parlamentarios como al Ministerio Público para encontrar una de las fuentes sustanciales del fraude.
“Existía un superávit bastante importante en materia de remuneraciones, condición que favoreció a los delincuentes. En Remuneraciones nunca faltó dinero. La ley de planta definió una cantidad determinada de oficiales y personal que el presupuesto financiaba, pero en la fuerza efectiva siempre existió un déficit de alrededor de 5.000 a 6.000 personas”, dijo Carrasco a la instancia parlamentaria.
Sin embargo, para el diputado Sergio Espejo existe una larga cadena de responsabilidades. “La contratación y fiscalización de personal es responsabilidad de Carabineros. Luego del Ministerio del Interior y también de la Dipres. No está claro que esta defraudación haya sido financiada exclusivamente por esta vía, pero pudo haber sido, dado que las personas involucradas venían del Departamento de Finanzas y Remuneraciones”, dice Espejo.
Y agrega: “Durante este tiempo se ha amparado una práctica de secretismo que muchas veces no ampara la situación con la que fue instituida, los alcaldes saben perfectamente cuántos Carabineros tienen en su comuna. Pero la opacidad en la administración de las Fuerzas Armadas y de Orden es uno de los déficits que mantiene el Estado de Chile y debe ser abordada por la próxima administración”, afirma, enfatizando que lo que llega al Parlamento es el presupuesto de la dotación principal a financiar y no el detalle de los efectivos o lo que, en jerga institucional, se llama Lista de Revista.
El diputado Soto expresa que, luego de esta semana distrital, presentará un proyecto para cambiar el Código de Justicia Militar, de manera que se pueda conocer la dotación real de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, ya que el secreto puede amparar prácticas similares a las detectadas en Carabineros en otras ramas de la Defensa. Para ambos parlamentarios, el general Bruno Villalobos es responsable de la omisiones que originaron el fraude.
“Según Villalobos, en la institución existía una cultura de falta de control que era tolerada y amparada también por las autoridades civiles”, manifiesta Espejo.
PRESUPÙESTO BILLONARIO
De cualquier manera, según los cálculos efectuados por los entes que investigan el fraude, mientras duró la mafia, por más de una década se sustrajo un promedio de 3.000 millones de pesos al año.
En el contexto de los 1,3 billones de pesos que aproximadamente recibe Carabineros, puede ser un porcentaje marginal que no fue detectado. Este año, si se aprueba el Presupuesto, tendrá un incremento de 2,7%, alcanzando un total de 1.745 millones de dólares, de los cuales 1.364 millones se ocupan en gastos de personal.
Por ahora, para destrabar la tramitación desde Carabineros, aseguran que ya enviaron la información con la dotación real al Congreso. Sobre el desfase entre el personal que efectivamente trabaja y el que está considerado en el Presupuesto, explicaron que “se mantiene un porcentaje de dotación vacante, la que fue informada al Congreso, esta situación se debe, entre otros fundamentos, a aspectos asociados a una disminución en los procesos de postulación y selección, y a una permanente política de depuración de nuestras filas, ya sea durante el proceso de formación o carrera institucional».
Concluyendo que, «en este último caso, se incluyen además aquellos que solicitan su retiro voluntario. Para ello Carabineros está enfrentando esta situación a través de diferentes planes de reclutamiento y selección, que se están perfeccionando periódicamente”. (El Mostrador)
