No conozco a Isabel Amor y no tengo otra información de su caso salvo la entrevista que le hiciera “El Mercurio” el sábado pasado. Ella denuncia que tras haber sido nombrada directora regional en el Servicio Nacional de la Mujer —después de su selección por la Alta Dirección Pública— a las 48 horas de asumido el cargo se le pidió la renuncia. La razón habría sido la pérdida de confianza que atribuye a ser hija de un militar sentenciado por la Corte Suprema a 301 días de presidio, como encubridor en un caso de violaciones a los derechos humanos.
En un país polarizado y donde el debate se caracteriza cada vez más por el doble estándar moral, la información ha pasado casi desapercibida, no obstante que constituye un caso de atropello a los derechos humanos que es inaceptable y que, aunque no importe una agresión de violencia física, no deja de ser menos aberrante.
De ser ciertos estos hechos estaríamos ante la discriminación en contra de una categoría de personas a las que no se les pena por sus actos, sino por las conductas de sus padres. El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género debe una explicación. (El Mercurio Cartas)
Genaro Arriagada Herrera
