Aunque muchas veces la izquierda dice querer combatir el poder que ejerce sobre el país el sector empresarial, a quien llama “los dueños de Chile”, ahora que el gobierno de derecha legítimamente busca nombrar personas afines a sus ideales en cargos de confianza política, varios líderes de izquierda buscan aferrarse a sus cargos en el sector público. Esos líderes, que carecen de la dignidad necesaria para renunciar a trabajar en un gobierno que impulsará políticas con las que ellos no comulgan, se comportan como si se creyeran dueños del Estado.
Las elecciones constituyen oportunidades para que la gente decida la hoja de ruta que seguirá el país por los próximos años. Cuando la coalición que ostenta el poder es castigada por el electorado, corresponde que sus líderes se hagan a un lado y dejen que gobiernen aquellos que fueron popularmente mandatados para hacerlo.
Cuando un líder político se niega a renunciar a un cargo de confianza alegando condición de funcionario público, no sólo está siendo engañoso respecto de su verdadera identidad, sino que, además, está haciéndole un daño a la reputación de los funcionarios públicos. Para que el Estado funcione bien, debe haber cuadros profesionales bien capacitados de funcionarios públicos capaces de implementar de forma no partisana las políticas públicas y prioridades del gobierno de turno. Por cierto que los funcionarios públicos pueden tener sus propias preferencias, pero su trabajo no consiste en tratar de defenderlas o en promover sus propios valores; su obligación es desempeñar funciones que convierten en realidad las promesas que hizo en su campaña el gobierno actual.
Como bien recordaron muchos líderes de izquierda durante la discusión sobre el aborto en tres causales y la posibilidad de que funcionarios públicos del sector salud tuvieran el derecho a ser objetores de conciencia, los funcionarios públicos no están en sus cargos para defender sus valores personales, sino para implementar las políticas públicas en vigencia. Si un funcionario público discrepa de las políticas públicas que ha decidido implementar legalmente el gobierno, tiene la opción de renunciar y buscar otro trabajo. Pero ese funcionario no puede atornillar al revés porque cree que el gobierno está haciendo lo equivocado o porque sus valores personales discrepan con los del gobierno. Uno no tiene por qué estar de acuerdo con lo que piensan políticamente los jefes, pero si un trabajador de un restaurante tiene problemas éticos porque el restaurante pasó de ser vegano a vender carne, no puede por eso botar la carne a la basura. Puede renunciar y buscar otro trabajo; pero no puede decidir cuál va a ser el tipo de comida que vende el restaurante.
Con la llegada del gobierno de Chile Vamos, hay numerosas anécdotas de funcionarios de confianza del gobierno anterior— incluidos candidatos a diputados y cores, y cientos de militantes activos de partidos de oposición— que buscan aferrarse a sus cargos o que abiertamente han dado señales de no aceptar que ahora el gobierno implemente sus prioridades. Además de que resulta patético que esos funcionarios no hayan tenido la dignidad de renunciar voluntariamente a sus cargos, es lamentable que algunos de ellos reclamen cuando se les pide la renuncia. La abogada de derechos humanos, dirigente comunista y candidata a diputada del PC en 2017, Julia Urquieta, simbolizó esa actitud de rebeldía con un tweet en que acusaba al gobierno de “cavernario” por cesarla en su cargo. Engañosamente, Urquieta se definió como “funcionaria pública”, cuando su principal actividad es ser líder política. Algunos defensores de Urquieta recordaron su encomiable trabajo como abogada de derechos humanos en dictadura, pero ese trabajo la hace merecedora de un premio, no de un cargo público en el que le tocará implementar políticas públicas a las que ella sistemáticamente se ha opuesto.
Para que el Estado funcione bien debe haber funcionarios públicos competentes y no partisanos que implementen las políticas estatales y las del gobierno de turno.Cuando los líderes políticos de una coalición perdedora se quieren disfrazar de funcionarios públicos para seguir cobrando sueldos, esos políticos actúan indignamente y dañan la imagen de lo que en realidad deben ser los funcionarios públicos. Porque la Nueva Mayoría perdió la elección, sus líderes y sus militantes activos debiesen renunciar a sus cargos en el gobierno. Los militantes que son funcionarios públicos y que no están dispuestos a implementar las prioridades del nuevo gobierno, deben ser consecuentes y renunciar. Tratar de aferrarse a un cargo que obtuvieron por afinidad política con el gobierno anterior o disfrazarse de funcionarios públicos sólo refleja que muchos líderes de izquierda —que normalmente critican a la derecha empresarial por creerse dueños de Chile— se están comportando como si ellos fueran dueños del aparato público del Estado de Chile. (El Líbero)
Patricio Navia
