En el griterío a que nos han sometido los candidatos y sus partidarios, así como en los programas que le han ofrecido a la ciudadanía, quiero destacar dos grandes temas a los que no se les ha dado la atención que merecen, quizás por no ser taquilleros. Ambos forman parte del documento Crecer Juntos, que elaboramos siete economistas de tres universidades (de Chile, Católica y Adolfo Ibáñez). Ellos son lo reforma del Estado y nuevas políticas de desarrollo productivo. En relación al primero, insistimos de que existe una necesidad imperiosa de modernizar al Estado para que las políticas públicas sean bien diseñadas, implementadas y evaluadas periódicamente. Estas reformas modernizadoras también incluyen terminar con el clientelismo en el estado, reemplazándolo por mecanismos meritocráticos de contratación y remuneración.
La otra gran ausente es una política de desarrollo productivo. No existen economías desarrolladas que sean tan dependientes de un producto: el cobre, en nuestro caso, el que todavía representa 50% de nuestras exportaciones. No se trata de producir bienes con “mayor valor agregado”, como pregonan algunos. Sí de dotar al país de una estructura productiva más resistente a las perturbaciones que vienen de la economía internacional y que le otorguen más vías de crecimiento.
En el documento Crecer Juntos, mencionamos algunos de los requisitos de una nueva política de desarrollo productivo en el contexto chileno (que es diferente al coreano, finlandés o al que al lector le guste). Algunos elementos: (1) Instituir instancias de diálogo del sector público con los gremios empresariales, para solucionar impedimentos al surgimiento de nuevos sectores prometedores; (2) concentrar los recursos públicos hoy dispersos en pequeños programas de escasa efectividad en un programa que favorezca el surgimiento de nuevas industrias y la adopción de tecnologías de punta, y que las empresas se autoseleccionen; (3) los beneficios que se otorguen deben ser transparentes, modestos, con fechas de término bien especificadas y con requerimientos de participación financiera privada; y (4) todo beneficio debe ser evaluado por entidades externas, abandonando a los que no funcionan.
Mis lectores se preguntarán por qué estoy relacionando dos áreas de acción tan diferentes. Me temo que sin mejor Estado cualquier política de desarrollo productivo tiene escasas posibilidades de éxito. La planificación de cualquier programa debe ser cuidadosa y muy bien pensada; su ejecución involucrará a muchos actores, que deberán ser técnicamente muy competentes; y cualquier beneficio financiero es susceptible de ser capturado, por lo que es importante asegurarse que los funcionarios públicos que los administren no sólo sean competentes sino también personas de los más altos estándares éticos. Empecemos la reforma del Estado por las nuevas políticas de desarrollo productivo. (La Tercera)
Manuel Agosín
