Son siete integrantes los que conformarían esta agrupación, todos elegidos «democráticamente» por sus pares. Los fiscales escogerían a tres miembros, los funcionarios del Ministerio Público a uno y un Consejo Plurinacional optaría por otros tres a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública.
La comisión de Sistema Político, en tanto, generó una nueva propuesta sobre materias como la composición del Congreso y la estructura del Poder Ejecutivo. Ambas claves para cualquier Carta Fundamental.
El denominado «Gran Acuerdo Sistema Político Final» fue firmado por la Coordinadora Plurinacional, Pueblos Originarios, Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales Constituyentes, Chile Digno, Frente Amplio, Colectivo Socialista e Independientes por una Nueva Constitución.
El acuerdo considera un Poder Legislativo compuesto por dos órganos: Congreso de las Diputadas/os y Cámara de las Regiones. Respecto del primero, se propone que sea deliberativo, paritario y plurinacional, y que esté integrado por un número no menor a 155 miembros. Además, se enumeró una serie de atribuciones como fiscalizar los actos del Gobierno; otorgar su acuerdo para que el Presidente de la República pueda ausentarse del país por más de treinta días; conocer de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas, o administrativas, y los tribunales superiores de justicia; entre otras.
Además, se establece que toda la tramitación de la ley comience y termine en el Congreso de Diputadas y Diputados; es decir, el grueso de la legislación recaería en la cámara de representación política.
Sobre la Cámara de las Regiones se acordó que también sea un órgano deliberativo, paritario y plurinacional, pero su representación sería regional. Además, estará integrado por un número igual de «representantes regionales» por cada región, el cual no podrá ser inferior a tres.
Algunas de sus atribuciones serían concurrir a la ley anual de presupuesto; sistema electoral; división político-administrativa; reformas constitucionales sobre Ejecutivo y Legislativo; además de reformas sobre órganos como la Contraloría y el Servicio Electoral (Servel), entre otras.
También se acordó que el «Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones se renovarán en su totalidad cada cuatro años».
Respecto del Poder Ejecutivo se rechazó la idea de instalar un triunvirato en La Moneda, integrado por un Presidente/a, Vicepresidente/a y Ministro/a de Gobierno. En cambio, se propuso que el gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien ejerce la jefatura de Estado y la jefatura de Gobierno. Además, se acordó que el período del Presidente dure cuatro años, con posibilidad de reelección por una sola vez, sea o no de forma inmediata.
La propuesta Con Mi Plata No, que fue la Iniciativa Popular de Norma (IPN) que recibió más apoyo de la ciudadanía, fue rechazada en general por una amplia mayoría de la comisión de Derechos Fundamentales. Esta planteaba principalmente que se garantizara en la Constitución la propiedad de los fondos previsionales actuales y futuros, su herencia y la libertad de elegir entre instituciones públicas o privadas para la administración de estos fondos. En total, 18 votos en contra, siete abstenciones y solo ocho votos a favor (de la derecha y de Gaspar Domínguez, de INN).
Por el contrario, la Comisión aprobó por 20 votos a favor, 12 en contra y una abstención la INP del movimiento No + AFP, que a juicio de sus críticos establece las bases de un sistema de reparto a nivel constitucional.
«En esto hay que ser extremadamente categórico para todas las personas que nos están viendo: no hay ninguna iniciativa -por lo tanto no se ha votado ninguna iniciativa- que pretenda expropiar los fondos de pensiones de los y las trabajadoras. Eso es absolutamente falso», aseguró César Valenzuela (Col. Socialista).
Además, la comisión de Sistemas de Justicia despachó los primeros dos artículos al Pleno. Las normas aprobadas son fruto de un acuerdo de convencionales del Colectivo Socialista, Frente Amplio, Pueblo Constituyente, MSC y escaños reservados. El primer artículo declara que el Banco Central «es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria». Y añade que la ley determinará «su organización, atribuciones y sistemas de control», además de las instancias de coordinación con el Gobierno.
El segundo artículo mantiene la misión del Banco Central de velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, pero agrega que esto se hará «en coordinación con las principales orientaciones de política económica definidas con el Gobierno».
El Pleno de la Convención votó el segundo informe de Forma de Estado. De un total de 32 artículos, 13 se aprobaron total o parcialmente. Se aprobó la existencia de «Comunas autónomas», las cuales quedaron establecidas como las entidades territoriales base de las regiones autónomas.
En cuanto a las municipalidades se aprobó que exista igualdad en la prestación de los servicios públicos municipales, además de garantizar un desarrollo equitativo de cada comuna. Específicamente, el artículo señala que el Estado «garantizará a la Municipalidad el financiamiento y recursos suficientes, para el justo y equitativo desarrollo de cada comuna».
El gobierno local de las comunas quedó constituido por una municipalidad encabezada por un alcalde y por un Concejo Municipal. En cuanto al alcalde, se estableció que ejercerá sus funciones por un período de cuatro años y con posibilidad de reelección por una vez, ya sea inmediata o no, al igual que el Concejo Municipal. Este último deberá respetar criterios de inclusión y paridad de género, además de incluir escaños reservados.
Las autonomías territoriales indígenas y otras normas como la referida a constituir empresas públicas municipales en áreas de competencia de las comunas autónomas, o aquellas donde se desarrollan los territorios especiales, deberán volver a la comisión para una segunda propuesta.
La comisión de Sistemas de Justicia aprobó cambios en la composición del Consejo del Banco Central. Si hoy está integrado por cinco miembros, sobre la base de sus competencias técnicas, y son designados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado, ahora serán siete integrantes elegidos por la mayoría de los integrantes del Congreso a partir de ternas propuestas por el Consejo de la Alta Dirección Pública.
Se agrega que los consejeros, además de su comprobada idoneidad y trayectoria en materias que ve el Banco Central, serán designados bajo los criterios de paridad de género y representación territorial. En cuanto a la elección del presidente del Banco Central, ya no corresponderá al Presidente de la República, sino que será el mismo Consejo el que tome la decisión.
El Pleno de la Convención votó el Informe de Reemplazo sobre Derechos Fundamentales. Sobre el derecho de propiedad se aprobó que «Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables».
Además, se incorporó al borrador de nueva Constitución un inciso donde se señala que «Corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites y deberes, conforme con su función social y ecológica».
Respecto del artículo referido a la expropiación, el Pleno aprobó por 107 votos a favor el inciso donde se fija que «Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador».
Deberá volver a comisión el inciso donde se fija que «La persona expropiada podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio y de su monto ante los tribunales que determine la ley». El mismo destino tendrá el artículo completo referido al «Derecho colectivo indígena a sus tierras y territorios».
Cerca de diez horas duró la votación del informe de reemplazo sobre Derechos Fundamentales. El proceso comenzó durante la madrugada del miércoles 30 de marzo y terminó el jueves 31 de marzo.
Se aprobó un artículo donde se consagra el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. «Es deber del Estado proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho a todas las personas, a través de una política de prevención de la violencia y el delito que considerará especialmente las condiciones materiales, ambientales, sociales y el fortalecimiento comunitario de los territorios».
También se incorporó al borrador de nueva Constitución, el artículo referido a la Libertad de expresión, el cual señala que «Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a la libertad de expresión y opinión, en cualquier forma y por cualquier medio. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. No existirá censura previa sino únicamente las responsabilidades ulteriores que determine la ley».
Además, se aprobó una norma sobre libertad de emprender que pone énfasis en las empresas de menor tamaño. Parte de su redacción señala que «El contenido y los límites de este derecho serán determinados por las leyes que regulen su ejercicio, las que deberán promover el desarrollo de las empresas de menor tamaño y asegurarán la protección de los consumidores».
Otros derechos como la libertad de conciencia y religión, derecho a la identidad, prohibición de desplazamiento forzado, también serán incorporados a la propuesta constitucional.
La Convención tiene un 68% de participantes independientes, según datos publicados por PAUTA. Del total, 47 convencionales entran por medio de listas de independientes (como La Lista del Puebo) y 40 no militantes lo hacen como parte de «cupos» en listas armadas por partidos políticos. Hay un caso de un independiente que entra sin haber pertenecido a pacto alguno (Rodrigo Logan).
La comisión de Sistema Político rechaza propuestas que permiten conformar pactos electorales entre candidatos independientes (no militantes). Con ello, el panorama actual no podrá repetirse en futuras elecciones.
A través de una declaración pública, 32 convencionales independientes representan su oposición a lo resuelto.
«Manifestamos nuestro rechazo absoluto a la decisión de los partidos políticos y algunos y algunas independientes de excluir nuevamente a las listas programáticas de independientes, negándoles la posibilidad de participar en la disputa electoral en el marco del diseño del sistema político que le entregaremos al país. Estamos convencidas y convencidos de que la crisis socio-política nacional, que tuvo como consecuencia la revuelta social, tiene una de sus principales causas en el desprestigio y la baja credibilidad de los Partidos Políticos, debido a su incapacidad de representación de las demandas de las comunidades», se indica. (Pauta)
