Una de las novedades del régimen constitucional instaurado en Bolivia en 2009 fue la elección popular de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Dos años después, en 2011, se llevaron a cabo las primeras elecciones para determinar a los integrantes de esta Corte. De acuerdo a los datos oficiales, solo un 42% votó válidamente por alguno de los candidatos, un 44% votó nulo y el 13% marcó blanco (con una abstención del 20%).
Los partidarios de la fórmula de elegir a los jueces del Tribunal Constitucional sostuvieron, entonces, que el mecanismo escogido aseguraría una justicia más cercana a los intereses del pueblo boliviano, sin que se afectara la necesaria independencia de estos magistrados. Más allá de la teoría o las intenciones, sin embargo, lo ocurrido con el Tribunal Constitucional boliviano está lejos de haber acercado “la justicia a la gente” ni, menos aún, puede decirse haya garantizado la indispensable autonomía de este órgano. El fracaso, en todo caso, no deriva necesariamente del sistema de selección.
A principios de 2015, el partido de Evo Morales, disconforme con una decisión del Tribunal Constitucional que había suspendido la operación de una ley sobre notarios, no encontró nada mejor que aprovechar su mayoría en el Senado para acusar constitucionalmente a tres de los siete magistrados de dicha entidad. Y así fue como salieron del TC quienes habían logrado la primera mayoría popular (Cusi), la tercera (Velásquez) y la séptima (Chanez).
Depurado así el TC boliviano, no puede sorprender que este se haya transformado en un dócil instrumento del gobierno. La última y vergonzosa demostración de servilismo está dada, sin duda, por el fallo de hace 10 días en que el TC del país altiplánico decidió que la prohibición de una nueva reelección del Presidente Morales (quien detenta el cargo desde 2006) constituye una vulneración de un derecho humano suyo a seguir candidato per omnia saecula saeculorum.
Hay que recordar que la Constitución boliviana, hija de los esfuerzos del propio Morales, tiene texto expreso contra la posibilidad de una nueva reelección. Consciente de lo anterior, Morales intentó cambiar la Carta Fundamental en este punto vía plebiscito en enero de 2016. Una mayoría del pueblo le dijo que no. Nada de eso le ha importado, sin embargo, al TC. Armado de activismo judicial y una comprensión patológica del peligroso “control de convencionalidad”, el TC decidió saltarse todas las reglas internas y, aplicando directamente una singular interpretación del Pacto de San José de Costa Rica, resolvió que no dejar postular a Evo por cuarta vez consecutiva violaba el artículo 23 de dicho Tratado.
Los ciudadanos de Bolivia, en todo caso, ya dictaron su sentencia sobre este Tribunal. En las elecciones de anteayer para renovar los jueces, más del 65% votó nulo o blanco (siguiendo el llamado de la oposición a Evo Morales).
La Tercera
