La libertad tiene siempre una dimensión que no es individual y menos partidaria. Decisiones y acciones pueden reflejar el deseo de un político determinado, pero tendrán un impacto institucional que se simboliza en instituciones políticas y sociales, afectando la vida cotidiana de la gente. Toda acción o decisión afecta siempre a los demás.
La política de lo posible se riñe con la de lo “necesario” que tuvo como lema la campaña presidencial de Paula Narváez, excandidata designada por Michele Bachelet. Esto se refiere al orden de las cosas, sin descuidar nunca los niveles de protección social, que, si se sigue un orden virtuoso, los mismos pueden aumentar.
La clase política no debe olvidar nunca que atrás del ¿Qué? debe ir el ¿Cómo?, el ¿Con qué? refiriéndose a la financiación y el ¿Cuándo? Se deben compatibilizar los deseos del grupo de gobierno con las urgencias que presenta la coyuntura y la situación fiscal del país, lo que está íntimamente relacionado con el crecimiento económico.
La relación entre la técnica y la política es fundamental. Las decisiones son siempre políticas, pero el aporte de expertos y de evidencia en distintas disciplinas en cuanto al contenido, su viabilidad fiscal, técnica y social –con perspectiva de futuro- es esencial. No puede existir un divorcio en esta materia.
En materia de educación está pendiente la calidad de la misma que ha mostrado su deterioro en las PAES que vuelven a marcar el diagnóstico empeorando: ninguno de los llamados liceos emblemáticos está entre los mejores 200 de Chile. Los problemas de violencia y destrucción en institutos educativos han sido recurrentes.
Con respecto al CAE y al cambio de paradigma educativo que propone el Ministerio de Educación, no ha sido conveniente haber puesto el tema sin tener claras las respuestas técnicas. Como muy bien dice José Joaquín Brunner: “El Gobierno ha cometido un error comunicacional al poner esto en la agenda pública.” Indicó además que la idea de condonar universalmente del CAE, es injusto y económicamente inviable. El Sistema de Financiamiento Solidario (SFS) para estudiantes de Educación Superior propuesto en el año 2018 por el expresidente Sebastián Piñera, fue rechazado por la oposición de ese momento, liderada por el PS, el FA y la DC. Como explica Brunner: “Se objetó el fondo del proyecto por considerar que era regresivo, consolidaba la lógica del financiamiento a la demanda (su enfermedad mortal) y generaba incentivos para que las instituciones dejasen de participar de la gratuidad. Como sea, hoy esta propuesta podría servir de base para una reforma concordada del CAE”. El costo de condonación universal sería de once mil millones de dólares. Con respecto al documento “Nuevo Trato en la Educación Superior con foco en las políticas de admisión, apoyo a la permanencia y el financiamiento”, Brunner se refiere a que el diseño se funda sobre un diagnóstico equivocado como lleno de retórica postoctubrista.
El país tiene “pendientes” distintos a los que el gobierno marca como prioritarios. La educación ya fue mencionada.
Inseguridad. La intensidad de solución particularmente en lo que a inseguridad se refiere, no conforma. Siguen los homicidios, avanza el crimen organizado y la sensación es que no alcanza. ¿Qué pasa con la permeabilidad de fronteras y puertos? ¿Qué pasa con las mejoras a carabineros? Municipios alertan por los centros operacionales de los narcos. El problema es que ya no sorprende la noticia, pasa a ser parte de la vida cotidiana. Ni siquiera figuran ya los portonazos, asaltos y encerronas que siguen existiendo y en aumento.
La salud. Mueren personas en listas de espera. Algunas han sido borradas. El problema de las isapres no ha sido resuelto. La salud pública falla. Esto es de suma urgencia. Un gravísimo “pendiente”.
Crecimiento económico. Chile lleva diez años de estancamiento económico. Las condiciones actuales no están dadas para comenzar a crecer y atraer inversiones.
Lo primero que se debe reformar es el sistema político. El alto grado de fragmentación de la política complica la posibilidad de lograr acuerdos transversales en el parlamento. Lo segundo es que las inversiones no solo no vienen, sino que se van como consecuencia de la corrupción que afecta las instituciones –”caso Audios”-, al Estado, como el caso Fundaciones del que poco se habla, a la política que está relacionada con ambos, y una gran cantidad de gobernaciones y municipios bajo investigación.
Lo tercero es la incertidumbre respecto las reglas de juego que se genera sobre todo en octubre del 2019. Se quisieron desacreditar los 30 mejores años de crecimiento económico en Chile culpando al sistema de un fracaso que no fue tal, sino todo lo contrario. Fueron los mejores años de la economía y progreso de Chile. El primer proceso constituyente debilitaba la soberanía de Chile al dividirlo en 11 naciones; se debilitaba el sistema político, el Poder Judicial y el legislativo. Era un cambio brutal de las reglas de juego. Las grandes inversiones son a largo plazo y requieren de reglas de juego estables. El rechazo a esa constitución fue un paso adelante. Duró poco, ya que el segundo proceso constituyente también fracasó ante la imposibilidad política de llegar a acuerdo. Suman cinco años de incertidumbre en las reglas de juego.
En cuarto lugar, la llamada “permisología” cuya demora promedio de aprobación de proyectos de inversión es de cuatro años. Los inversionistas simplemente se dan la vuelta y buscan otros países para invertir.
La Contraloría de la República ejerce el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscaliza el ingreso e inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinan las leyes; examina y juzga las cuentas de las personas que tienen a su cargo bienes de esas entidades; lleva la contabilidad general de la nación y desempeña las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional. El rezago del presidente en proponer al Senado un contralor es de diez meses. Dorothy Perez actúa como contralora subrogante, sin cuestionamientos en su desempeño, sino todo lo contrario. Una demora inaceptable.
Pensiones es otro tema que lleva años sin resolverse. Al gobierno le cuesta soltar el deseo de desarmar la industria y llevarla al Estado. No se incluyen en la actual discusión, causas de las bajas pensiones como son la informalidad laboral en aumento, las lagunas informales y lo que es más importante para la sustentabilidad del sistema: la edad de jubilación.
Son demasiados y muy importantes los pendientes que no coinciden con los “pendientes que el gobierno menciona.
La priorización de las urgencias ha fallado. Cuando lo popular le gana a lo posible y a lo razonable comienzan los problemas. Se elige el camino de las tentaciones populistas, sobre todo en este año electoral de elecciones municipales y de gobernadores.
¿Qué quedará para el próximo año en que Chile debe elegir nuevo Presidente o Presidenta de la República?
El buen orden indica que con un sistema político qué no exceda de seis partidos en lugar de los treinta y dos que hay hoy en Chile, con reglas de juego claras e inamovibles, se podrá avanzar en la atracción de inversiones, impulsara el crecimiento económico, lo que mejorará la recaudación, el empleo entrando en el círculo virtuoso que Chile tanto necesita.
El gran acuerdo de unidad nacional debe dedicarse a priorizar y resolver estos temas que serán la base del futuro de Chile. (El Líbero)
Iris Boeninger
