Dos figuras públicas acusan discriminación por parte de órganos que deben aplicar la ley. La expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, reclama por una decisión del Consejo para la Transparencia que la afecta, mientras que el abogado de Jaime Orpis acusa una “injusticia” por haber sido el exsenador “el único político que terminó en la cárcel por el financiamiento ilegal de la política”.
Ambos reclaman por un tratamiento que consideran impropio porque solo se les aplicaría a ellos. Loncon se dice víctima de “discriminación racial” porque el Consejo ha atendido una solicitud para que su empleador, la Universidad de Santiago, entregue antecedentes respecto del año sabático que le otorgó. “Son muchos los académicos que han tenido un año sabático”, acusa. “¿Por qué a mí? ¿Será por mi apellido?”. El abogado de Orpis, por su parte, denuncia que a unos se les aplicó “una mano durísima”, mientras que a otros “no se les investigó o se hizo vista gorda”.
Loncon nos quiere hacer creer que es perseguida, como si ignorara que ejerció un cargo clave de alta exposición. Muchos profesores gozan de un sabático, pero resultan escasos los que, además, son figuras públicas. Tal condición queda de manifiesto si se considera que fue destacada como una de las mujeres líderes del mundo por la revista Time y el diario Financial Times. Es lamentable que la Usach, cuyo rector en su momento la homenajeó porque su liderazgo trascendía “más allá de las aulas de nuestra universidad”, ampare ahora la queja de su académica y se resista a cumplir lo que obliga la ley.
También parece inadecuado el argumento del representante del exsenador. No alega la inocencia de su defendido, sino una disparidad de criterios. Sería cuestionable que Orpis hubiera sido condenado siendo inocente, pero lo cierto es que el mismo exparlamentario reconoció haber recibido pagos irregulares de parte de Corpesca (aunque negó que ello hubiera influenciado su conducta legislativa). Al abogado debe preocuparle la defensa de su cliente, no lo que ocurre en el entorno. El tribunal que lo sentenció ponderó confesiones, testimonios, pruebas y pericias respecto de un caso en particular, sancionando los delitos en que incurrió el inculpado, nada más. Al hacerlo, cumplió con la ley.
Quienes ejercen o han ejercido cargos de relevancia pública son los primeros que deben atenerse a las reglas del juego, porque han accedido a privilegios que los ciudadanos comunes jamás tendrán. El escrutinio público y la aplicación de la ley no constituyen escarnio o discriminación, sino apenas el mínimo exigible. Si se aspira a recuperar la confianza en las instituciones y la política, es necesario que los que alguna vez fueron privilegiados asuman sus responsabilidades.
Juan Ignacio Brito
