Este viernes la comisión de asuntos constitucionales de Renovación Nacional entregará a la directiva del partido la propuesta para una nueva Constitución.
En el documento, la instancia presidida por el senador Alberto Espina, propone pasar a un régimen semipresidencial, dar más autonomía a las regiones y establecer mecanismos que resguarden los derechos de las personas frente al Estado.
Tras ser revisada por la colectividad, la propuesta será entregada a Chile Vamos y a otros partidos.
LOS PRINCIPALES PUNTOS
Régimen semipresidencial
«Hoy tenemos un régimen presidencial con una exacerbada concentración de poderes en el Ejecutivo, sin participación preponderante del Congreso Nacional en la gestión y las políticas públicas», postula Renovación Nacional. «Ello estimula los conflictos institucionales e impide la formación de coaliciones eficaces, junto con deteriorar la acción del Estado», añade.
Por ello, proponen la inclusión de un régimen semipresidencial donde se conserve la figura y potestades del Presidente de la República; se le dé al Congreso, a los partidos y parlamentarios «una dimensión gubernamental, con responsabilidad»; se «subsane el desbalance de poderes»; y se introduzcan «dispositivos institucionales que operen como válvulas de salida frente a parálisis o crisis política».
Derechos de personas frente al Estado
Para que los derechos establecidos en la Constitución no entren en conflicto con el Estado, la propuesta de RN pretende «establecer un servicio autónomo que tenga como función resguardar los derechos de las personas frente al Estado, sus organismos y quienes operen servicios públicos en virtud de concesiones».
Además, propone «constitucionalizar los derechos del ciudadano y el contribuyente frente al Estado administrador. Entre ellos, el derecho a ser tratado dignamente, ser asistido tanto en el cumplimiento de las obligaciones como en el ejercicio de los derechos; no ser sometido a dilaciones innecesarias ni a requerimientos de antecedentes que ya obran en poder del Estado».
Reinserción social, educación y libre competencia
Otro de los puntos en que se centra la propuesta de RN es en la reinserción social y la rehabilitación de los reclusos como un derecho, «debiendo el Estado desarrollar políticas concretas al efecto».
En cuanto a educación, la Carta Fundamental deberá «resguardar y proteger la libertad y el derecho-deber preferente de los padres de educar a sus hijos» y «reconocer el esfuerzo que realizan las familias en el cuidado y formación de los hijos, señalando que el Estado deberá realizar políticas concretas de apoyo a las mismas, sin afectar su autonomía».
En tanto, sobre la libre competencia y la corrupción, el texto sostiene «establecer el derecho a una competencia limpia y libre en los mercados, señalando el deber del Estado crear las regulaciones y llevar adelante las fiscalizaciones que permitan resguardarlas».
Autonomía de las regiones
«Chile ha sido, tradicionalmente, un Estado unitario con carácter centralista». Ante esto, RN propone «establecer expresamente el deber del Estado de propender al desarrollo igualitario del territorio nacional; redefinir la estructura de competencias de los gobiernos regionales en materia política, administrativa y fiscal; fortalecer a las municipalidades como la institución más cercana a la ciudadanía: y asegurar la transparencia, competencia, participación y control ciudadano y público de la gestión de los gobiernos regionales y comunales”.
Chile como nación multicultural
El texto asevera que la nueva Constitución debe «consagrar de forma explícita nuestra condición de nación multicultural, junto con el deber del Estado de resguardar la diferentes expresiones como fuente de riqueza».
Asimismo, deberá «reconocer expresamente a los pueblos indígenas y a los inmigrantes, como formadores de nuestra nacionalidad y valorando su aporte; y establecer el deber del Estado de promover la creación artística y el acceso abierto a las manifestaciones culturales»
Iniciativa popular de leyes
En cuanto al mejoramiento de la democracia, RN propone «estudiar la creación de un mecanismo de iniciativa popular de leyes así como la ampliación de los plebiscitos en el contexto de las atribuciones y competencias de los gobiernos regionales».
