La inteligencia de Carabineros, después de un intenso y valorable trabajo, logró recolectar pruebas contundentes que llevaron a los tribunales de justicia a determinar la prisión preventiva para un grupo de personas, en el marco de la denominada Operación Huracán.
Al mismo tiempo, sin embargo, el gobierno que debería respaldar el correcto funcionamiento de las instituciones, solicitó el cambio de las medidas cautelares en el caso de los comuneros que iniciaron una huelga de hambre en el mes de junio como medio de presión para que se le modificara la tipificación de delito terrorista. Delitos son delitos y la política no debe intervenir en ello.
¿Puede existir un contraste más claro que este -actuar de la justica versus actuar del gobierno- que permita explicar de manera más clara por qué no se avanza en la lucha contra el terrorismo doméstico en Chile?
Sectores de la Nueva Mayoría y aquellos que se ubican aún más a la izquierda, han instalado desde hace años una inaceptable tolerancia hacia los actos de violencia como medios legítimos de representación de demandas, lo que evidentemente tiene que ver con el “parentesco ideológico” de algunos de estos con los grupos subversivos de su signo, entre ellos el MIR, a los que pertenecieron líderes de la CAM como Héctor Llaitul, que disfrazan su lucha de siempre bajo un proyecto secesionista que no representa a la inmensa mayoría del pueblo mapuche.
Esta falta de una mirada común frente al fenómeno es la que explica por qué razón desde Argentina, donde se sienten también los efectos de este conflicto, se comienza a instalar con fuerza el concepto de “inacción del gobierno chileno en La Araucanía”, por lo menos hasta antes de este logro de Carabineros.
Por parte del Estado, la invocación de la Ley Antiterrorista es lo único que cabe ante hechos que en cualquier parte del mundo son considerados terrorismo y , de hecho, el problema que tenemos hoy no tiene que ver con la utilización o no de esta herramienta, adecuada a las normativas internacionales a partir de los cambios introducidos en el gobierno del Presidente Piñera, sino que el hecho de se trata de una normativa insuficiente para obtener los resultados que espera la gran mayoría de los chilenos.
El año 2010, fue la Nueva Mayoría la que impidió que un área sensible de la reforma a la Ley N°18.314 llegara a puerto: el capítulo referido a técnicas especiales de investigación, uso de agentes encubiertos, entregas vigiladas, etc. Es esto lo que genera, en gran media, que la Ley Antiterrorista sea ineficiente para perseguir delitos como avisos de bomba y explosiones que se han registrado en Santiago y otras regiones. Y si a esto agregamos la actitud de debilidad del gobierno al solicitar cambio de medidas cautelares para los detenidos, tenemos elementos para un perfecto bloqueo en la lucha contra el terrorismo.
A lo anterior, hay que sumar la necesidad de avanzar, a través de la adecuación de la ley vigente, de manera rápida hacia un sistema integrado y funcional de inteligencia al servicio de la seguridad pública, que permita una acción preventiva y eficaz ante las nuevas amenazas a la seguridad interna/externa, crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, ciberataques y protección de la infraestructura crítica del Estado, con la incorporación y participación de todos los organismos e instituciones relacionadas (FF.AA., Policías, Aduanas, UAF, SII, entre otras), algo básico y de sentido común, donde también es necesaria la cooperación internacional, dentro de la cual se debe valorar el viaje del subsecretario Aleuy a Argentina, como un primer paso en la dirección correcta.
Mejor inteligencia, legislación antiterrorista y, sobre todo, un clima político de condena real a la violencia, dejando atrás los cuestionamientos al legítimo uso de estos instrumentos, es lo que Chile necesita para avanzar en la lucha frente a este desafío que es local y, al mismo tiempo, global. (La Tercera)
Rodrigo Ubilla
