La crisis política en Venezuela ayer vivió uno de sus capítulos más negros en los últimos años, luego que se anularan las competencias de la Asamblea Nacional (el Congreso), traspasándolas al Tribunal Supremo de Justicia, que es controlado en su totalidad por el chavismo. A Nicolás Maduro, en tanto, se le otorgaron poderes extraordinarios en materia penal, militar, económica, social, política y civil. En otras palabras, el país que ya suma 19 años bajo el gobierno de la llamada “Revolución del siglo XXI”, se ha quedado sin poder Legislativo, hecho que muchos líderes del mundo han tildado como una suerte de “autogolpe” de Estado, como lo hizo el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
La orden se firmó y selló el miércoles en la noche, por considerar que la Asamblea Nacional —compuesta en gran medida por parlamentarios de oposición elegidos en las elecciones de 2015— estaba actuando en “desacato”.
La crítica situación ha sido reprobada por gran parte de los gobiernos de la región. El ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Heraldo Muñoz, señaló desde Portugal que existe “alta preocupación del gobierno de Chile por el agravamiento de la situación venezolana (…). Quisiera reafirmar lo expresado por los 20 países de la OEA hace poco más de 24 horas. Esta situación nos lleva a consultar con los países amigos el cómo proceder de ahora en adelante”. Horas más tarde anunció que había llamado a informar al embajador en Caracas.
Pero en conversación con “El Líbero“, Mariana Aylwin (DC), que hace pocas semanas fue vetada por el régimen cubano para ingresar a la isla, hizo un llamado a las autoridades del país a actuar con más fuerza. “La respuesta de Chile tiene que ser enérgica y clara, y espero que la DC reaccione de esa manera también. Creo que en esto se notan nuestras diferencias al interior de la Nueva Mayoría, pero en esto el gobierno chileno no debiera titubear, porque es demasiado grave“, dijo.
La ex ministra de Educación agregó que “las palabras del secretario general de la OEA muestran lo que esto es, que un poder judicial cierre la Asamblea Nacional, elegida por el pueblo, por otro poder del Estado, sólo pasa en una dictadura. Es un autogolpe y es la configuración de un gobierno dictatorial”.
El gobierno de la región que ha reaccionado con mayor firmeza ha sido el de Perú, que mediante un comunicado informó que retiraba “de manera definitiva” a su embajador en Venezuela por “flagrante quebrantamiento del orden democrático en ese país”.
En Chile, los candidatos presidenciales también se han referido al tema. Mediante Twitter, Sebastián Piñera dijo que este era “un paso inaceptable hacia una dictadura (…). Chile y todos los demócratas debemos defender la Libertad y Democracia en Venezuela, invocando la Clausula Democrática de la OEA”. Felipe Kast y Manuel José Ossandón, los otros candidatos de Chile Vamos, se sumaron a las críticas.
Desde la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, Ricardo Lagos y Carolina Goic también condenaron la disolución del Congreso venezolano. “Chile debe invocar la Carta Democrática de la OEA”, dijo Guillier. Lagos agregó que “es inaceptable la toma del poder judicial sobrepasando a la voluntad del pueblo”. (El Líbero)
