El ministro de Hacienda, Mario Marcel, habló sobre la investigación del megafraude tributario por unos $240 mil millones que involucra a más de 50 medianos empresarios tras la emisión de más de 100 mil facturas falsas entre los años 2016 y 2022, y llamó al mundo empresarial y político a «reconocer la realidad» de la evasión tributaria de las empresas en el país.
«Estas personas formaron empresas en distintas partes del país con el solo objeto de emitir facturas fraudulentas», comenzó señalando el jefe de las finanzas públicas. «Cerca de 3.300 empresas participaron de este mecanismo», agregó.
Según Marcel, la magnitud de los defraudado equivale a la construcción de 25 centros de salud familiar, a tres hospitales de alta complejidad y más de 15 liceos. «Esto nos da una idea de la magnitud del abuso cometido por esas personas», dijo.
Tras ello, se refirió al estudio del Servicio de Impuestos Internos (SII) que se dio a conocer hace algunos días y el cual -entre otras cosas- apuntó a que la elusión y evasión del impuesto corporativo superó el 50% entre 2018 y 2022, una cifra que fue recibida con escepticismo por el mundo empresarial y varias voces políticas, quienes salieron a cuestionar la veracidad de dicha cifra. «Es importante que reconozcamos esta realidad», manifestó Marcel.
En ese sentido, pidió que «entreguemos a los fiscalizadores, al SII, al Servicio Nacional de Aduanas, las herramientas operacionales y legales para poder actuar con mayor eficacia». A su vez, también aprovechó de hacer un llamado por el pacto fiscal que impulsa el Gobierno.
«Se han propuesto una serie de medidas destinadas a elevar el cumplimiento tributario y luchar contra la evasión de impuestos. Estos incluyen entre otras cosas la figura del denunciante anónimo, de la colaboración eficaz y el aumento de las penas, entre otras cosas, para la emisión de facturas falsas», dijo.
«Por lo tanto, tenemos a la mano la posibilidad de dotar a esos servicios de estas capacidad y luchar contra quienes evaden impuestos. Esto significa al mismo tiempo respaldar y hacer justicia con las personas que cumplen habitualmente con sus obligaciones tributarias», agregó el ministro.
Por último, Marcel instó a «tomar conciencia del enorme daño social que representa el fraude tributario y actuar con decisión para dotar a las instituciones fiscalizadoras de los instrumentos que requieren para cumplir de mejor manera con su labor».
PPD PIDE COMISIÓN INVESTIGADORA
Diputados de la bancada PPD-Independientes solicitaron esta tarde al presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes, que se cree una comisión especial investigadora para recabar los antecedentes relativos al llamado megafraude tributario.
Del total de los capturados, a 28 de ellos se les amplió su detención, mientras que los otros 27 restantes quedaron apercibidos, por lo que deberán volver el próximo lunes a las 8.30 horas al Primer Juzgado de Garantía de Santiago, para su formalización.
A raíz de estos hechos, los parlamentarios solicitan que en la instancia investigadora se puedan exponer antecedentes relativos a determinados actos del Gobierno, realizados por los ministerios de Hacienda, del Servicio Nacional de Aduanas, del SII, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), entre otras, «en relación con la correcta fiscalización y debido control en el marco de sus competencias relacionadas con la denominada ‘Operación Tributos’ durante los últimos 10 años».
Lo anterior, para «verificar el cumplimiento de la ley y el correcto ejercicio de las atribuciones y funciones legales de los Servicios señalados, respecto de los actos y declaraciones realizadas por los imputados en el denominado mayor fraude tributario de la historia de Chile».
En la solicitud, los diputados y diputadas también hacen mención a los dichos de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien más temprano, a través de su cuenta de X valoró el procedimiento, al señalar que «la detención de más de 50 empresarios demuestra que la querella del SII dio fruto, las instituciones funcionan y la justicia actúa una vez más».
«Son más $240 mil millones que le habrían estado robando al Fisco, es decir, a todos los chilenos y chilenas. Se trataría del fraude más grande de nuestra historia. Un delito de esta magnitud equivale a 40 Cesfam, más de 9 mil patrullas de Carabineros, dos cárceles de alta seguridad y cerca de 6 mil casas. En definitiva, todas mejoras a las condiciones de vida de las personas que, no llegan a quienes más lo necesitan», agregó.
Por último, la secretaria de Estado subrayó que «este golpe a la delincuencia de cuello y corbata es otra muestra concreta de que nuestro país avanza en el combate del crimen organizado, al narcotráfico y la corrupción.
PYMES PIDEN REFLEXIONAR SOBRE EL TEMA
Las empresas de menor tamaño se sumaron a las condenas frente al megafraude tributario que involucra un monto de $240 mil millones y que derivó en la detención ayer de 55 empresarios de distintas zonas del país ayer, producto de la emisión de más de 100 mil facturas falsas con el objetivo -según la investigación- de evadir impuestos.
Y se trata de un caso que involucraría principalmente a pequeñas y medianas empresas (pymes), considerando que Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), aseguró esta mañana que no hay empresas de mayor tamaño involucradas. «Son empresas medianas», sostuvo.
Héctor Sandoval, presidente de Conapyme dijo a Emol que «es un tema súper complejo porque en Chile tendemos a generalizar todo y cuando dicen que son empresarios, son los grandes empresarios y también las pymes quienes salimos afectados. Por lo tanto, si se trata de un acto delictual, sin duda son delincuentes y aquí tiene que caer el máximo rigor de la ley».
Por eso, el líder gremial enfatizó en que «no nos pueden estar enlodando a todos los emprendedores y los que queremos hacer grande el país por gente que tiene malos hábitos, además, no se trata de un pequeño error, se trata de un fraude debidamente creado y llevado adelante por mucho tiempo».
«Lo único que se merecen es la cárcel y que eso, ojalá, no contamine al resto que trabajamos honradamente«, añadió.
En esa misma línea, Jorge Welch presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) comentó que «el que delinque debe irse preso. Simple».
Asimismo, deslizó críticas hacia el sistema tributario. «Esto es también un llamado a reflexionar en porque ocurren estos delitos, y si la estructura ‘alambicada’ de nuestro sistema tributario genera espacios para estas ‘avivadas‘. Mientras más simple y parejo, más fácil que no ocurran estas cosas».
Por último, en una declaración, la Multigremial Nacional manifestó que el caso «reviste extrema gravedad al evidenciar actos ilegales que involucran a empresarios de medianas empresas».
«Como gremios, lamentamos que se dañe la fe pública y que un pequeño grupo de empresarios generen desconfianza y ensucien el nombre del sector privado a pesar del gran aporte que este genera al país», dice el escrito. Por último, el gremio condenó «con fuerzas estas conductas y hacemos un llamado al Ministerio Público a investigar a cabalidad para aplicar el máximo peso de la ley a los responsables de estos delitos». (Emol)
